Prohibiendo la pastilla roja en la Matrix sanitaria
Quieren prohibir la pastilla roja. Naturalmente. Cuando el Poder ofrece, a una comunidad, la propuesta no negociable de sustituir su capacidad de decisión, por una supuesta garantía total frente a la probabilidad del error individual, nos encontramos con uno de los síntomas infalibles del autoritarismo.
En una campaña millonaria, obsesivamente volcada en convertirse en locura dominante, hoy en España, todo lo que no es salud oficial es pseudosalud, pseudociencia y por tanto un ciudadano no puede escoger, y en su caso acceder, a recursos milenarios como la acupuntura y a remedios a los que acuden millones de ciudadanos del resto del mundo, como la osteopatía o la homeopatía, sin adentrarse en el ámbito de lo delictivo. Lo que hay de fondo es lo evidente, un primer cambio de paradigma del Estado: hay un Ministerio de la Salud, no un Ministerio de la Sanidad.
La doctrina de que las sociedades deben concebirse perfectas en el sentido en lo pueden ser las máquinas, esto es infalibles, deterministas y ajenas al error la hemos visto fracasar sistemáticamente; regímenes donde las desviaciones ideológicas eran tratadas como problemas psiquiátricos (en el mejor de los casos) o de mera "cirugía social", ejemplifican la mala relación natural entre ideología de poder y "medicina". Sin embargo, y esto es válido para cualquier sistema que se considere inteligente, un ya viejo e irrebatido teorema de Godel de 1931 zanjó que "si queremos una máquina que sea infalible no podemos esperar que sea inteligente" (la lúcida simplificación es de Turing). La verdadera inteligencia está ligada a -y depende de ella- de la capacidad de cometer errores. ¿Quién es el dueño de su comisión? No hay ningún derecho tan íntimamente relacionado a la inteligencia humana como la libertad. Si cada persona es un fin en sí mismo, la idea propia de la salud se tiene que tener necesariamente en cuenta. Por eso todas las tiranías pese a su, circunstancial, eficacia militarista consistente en en casos de sociedades imbéciles. Tanto más poderosas son como sean capaces de restringir la actividad inteligente de su sociedad.
En octubre de este año el Ministerio de Sanidad ha aprobado un Plan para la Protección de la Salud Frente a las Pseudoterapias, desde términos pseudomisionales, el documento se abre como una ostra perlífera haciendo explícito lo que de verdad inquieta al Ministerio. "El cambio cultural y tecnológico favorece el acceso directo de la ciudadanía a la información disponible en redes sociales, en internet, o en otras fuentes de dudosa fiabilidad". Sin embargo, el documento es en sí un manual de campaña ideológico, de legitimación coactiva y de propósito de control sobre el derecho de autodeterminación terapéutica del paciente. Se trata de un manual de estilo inquisitivo, único en occidente, relativo al fenómeno de las terapias alternativas. Países como Estados Unidos, con 25 premios nóbeles en medicina sólo desde el año 1992, dispone de un organismo federal, el National Center for Complementary and Integrative Health para la investigación científica sobre los métodos complementarios e integrales para la salud. En ese país más del 30% de la población recurre habitual y legalmente a estas terapias, mientras que en nuestro país con un porcentaje algo menor se mueve en la alegalidad y el presupuesto en lugar de en investigación se orienta a crear ideología y a controlar.
¿Y cómo define esta agencia norteamericana su propósito? "Definir, a través de una investigación científica rigurosa, la utilidad y seguridad de las intervenciones de salud complementarias e integradoras y sus roles en la mejora de la salud y la atención de salud".
Es evidente que en España urge la otra gran separación de poderes en la sanidad: academia, industria, política. Relacionados funcionan, mezclados explotan.
En nuestro caso, de vuelta a la primitiva locura del tabú y del anatema pero sin inocencia, lo más irónico es que con el respaldo diplomático y técnico del Estado español la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido no sólo que las terapias tradicionales (ahora pseudoterapias) son el más antiguo de los sistemas terapéuticos existentes utilizados por la humanidad para la salud y el bienestar (la Medicina Tradicional o Medicina Complementaria y Alternativa MT/MCA) sino que hay que favorecer y desarrollar un proceso de integración de las mismas en los sistema de salud y, asimismo hemos aprobado y respaldado a nivel internacional las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud (WHA56.31, WHA62.13, WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33, WHA41.19, WHA42.43, WHA54.11 y WHA61.21), así como otros documentos de trabajo de la misma, que reconocen y respaldan a las terapias alternativas, complementarias y tradicionales. Resoluciones que instan a los Estados miembros, entre ellos España, al establecimiento de sistemas para la calificación, acreditación o licencia de profesionales de estas terapias, a formular políticas y normas nacionales en el marco de un sistema nacional de salud integral, para promover el uso de la medicina tradicional; y a considerar la inclusión de la medicina tradicional en sus sistemas de salud, sobre la base de sus capacidades, prioridades y circunstancias nacionales.
Ninguna de las líneas de este artículo se propone cuestionar el espacio de la sanidad convencional, pilar fundamental de nuestro sistema social, pero es necesario desvelar a la razón gobernante que el evidente objetivo de esta campaña no es desterrar curanderos o estafadores, sino desmantelar una de las bases de nuestro sistema de derecho: el derecho individual a la autodeterminación terapéutica. No se puede estar regulando, con los mismos fundamentos, el suicidio asistido por el Estado y al mismo tiempo prohibiendo el acceso informado a la acupuntura u otras terapias alternativas.
Por supuesto, ese clamor pseudoreligioso no parte de ningún grupo de premios nóbeles sino de intereses concretos que merecen ser identificados y que ya han logrado que España sea una isla regulatoria a diferencia de nuestros vecinos en Occidente.
El uso de las terapias clandestinas entra dentro de la ética del conocimiento prohibido. Todo el que se vincule con una opción terapéutica es una suerte de hacker en una Matrix sanitaria que se está configurando. Cada vez que alguien decida conectarse a una de esas terapias efectúa un acto hacker. Y se sujeta con todas sus consecuencias a su derecho natural a conocer y a decidir desde su propio conocimiento. ¿Vale la pena hacer bajo otros presupuestos el viaje de la vida?
