Más allá del ruido: esto es lo que propone cada partido para el futuro de Andalucía

Y llegó el gran día. En unas horas, Andalucía entrará en jornada de reflexión. Esa suerte de minuto de descuento antes de que la gran fecha señalada en el calendario, 19-J, sea una realidad y se abran las urnas. Atrás quedarán unas semanas frenéticas de actos, mítines y debates en los que los candidatos de las distintas formaciones han tenido la oportunidad de presentar sus argumentos y motivos para pedir el voto. También de discutir y echarse los trastos unos a otros.

No obstante, y según los datos del último barómetro ‘flash’ del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), todavía queda un importante caladero de votos que pueden decantar a un lado u otro el resultado final de los comicios y, por lo tanto, decidir quién llevará finalmente las riendas en San Telmo. Según ese sondeo publicado el pasado lunes aún quedaban un 22,5% de indecisos.

Muchos de estos andaluces todavía se estarán preguntando, ¿qué ofrece realmente cada fuerza política para determinar el futuro de la comunidad durante los próximos cuatro años? La respuesta a esta pregunta se halla en las páginas de los programas electorales de cada candidatura. Estas son las líneas generales que propone cada partido en los principales asuntos que preocupan a la ciudadanía andaluza: economía, paro, impuestos, sanidad, política social o educación (el resto de propuestas de cada partido puede consultarse en los programas completos que acompañan a esta información).

Los socialistas andaluces han presentado las líneas estratégicas de un programa articulado en tres bloques y marcado por diez estrategias. El PSOE-A quiere centrar sus actuaciones en impulsar la igualdad de oportunidades y las políticas sociales a través de la salud, la educación, la cultura y el deporte o los derechos. También la transformación social poniendo el foco en el empleo juvenil o el progreso de Andalucía sin dejar de lado el mundo rural. Una transformación que también proponen que se formule desde el ámbito digital y ecológico.

En este sentido, la formación que lidera Juan Espadas ha adquirido compromisos como reducir a la mitad la tasa de paro en la próxima legislatura. Para lograrlo ponen sobre la mesa un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que movilice 10.889 millones de euros de fondos europeos para el mercado laboral o un Programa de Primera Oportunidad Laboral para los jóvenes, que esté dotado de 2.000 millones. También un plan de empleo de carácter global dirigido a los colectivos más vulnerables.

En materia fiscal, el PSOE -al que desde el PP han acusado repetidamente de querer subir los impuestos- propone aumentar los beneficios en el IRPF para las rentas más bajas, las de menos de 30.000 euros, mantenerlos para las medias y eliminarlos para el resto. También apuesta por incentivos y cheques fiscales dirigidos a las dos primeras.

El objetivo del PSOE es el de convertir a Andalucía en la gran plataforma logística del sur de Europa. En esta línea, se propone duplicar las dotaciones presupuestarias para la internalización de los sectores productivos. Destacan un programa de incentivos y ayudas (1.500 millones de euros) a la agricultura y ganadería o una estrategia de reindustrialización (2.000 millones), así como que la I+D tenga una dedicación del 2% del PIB andaluz.

Los socialistas también buscan acabar la pobreza infantil y aumentar las rentas de los barrios más desfavorecidos con una alianza andaluza contra la pobreza y exclusión, acompañada de un plan de choque para conseguir una “lista de espera cero” en dependencia.

En materia de sanidad, se formula el compromiso de alcanzar el 7% del PIB de la comunidad, con la contratación de 8.000 profesionales y para que las listas de espera para una cita en atención primaria sean, como máximo, de 48 horas. En educación proponen invertir como mínimo el 5% del PIB y que se reduzcan las ratios de alumnado a una cifra de entre 15 y 20 estudiantes por aula.

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El programa del PP-A se presenta como una suerte de deberes hechos en los que seguir ahondando con un” proyecto reformista, moderado y dialogante”. Los de Juan Manuel Moreno Bonilla ponen en el plano central continuar con las rebajas fiscales, favorecer la contratación para reducir el desempleo, potenciar los sectores productivos como el agroganadero y el turísticom, reforzar inversiones en educación y sanidad o apostar por una “revolución verde” comprometida con el medioambiente, pero que genere riqueza.

En materia de empleo sobresalen un programa de bonos-formación para desempleados enfocado a la nueva economía, al que se suma una mayor inversión en cursos de formación e incentivos para contratar a parados mayores de 45 años, pero también a jóvenes menores de 30 (con carácter indefinido). Para los autónomos planean ayudas de hasta el 50% de la cobertura de cotización, en los dos primeros años, para favorecer la contratación del primer trabajador. Asimismo, apuestan por una cuota cero durante los primeros dos años de actividad para los autónomos menores de 30 años y mayores de 50.

La estrategia tributaria está clara. El PP se compromete a reducir los primeros tres tramos de renta del IRPF y a continuar bonificando el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para reducir el impuesto en la transmisión entre hermanos, tíos y sobrinos. También pone el foco sobre el de Patrimonio, donde buscan incrementar el mínimo exento y rebajar la tarifa hasta su eliminación total.

Otro de los factores predominantes en el programa es la simplificación burocrática y de trámites administrativos, tanto para proyectos e inversiones, como en la presentación anual de la solicitud para las ayudas de la PAC, el desarrollo de proyectos industriales y mineros o las licitaciones y contrataciones de obras o el ámbito medioambiental. También quieren destinar el 2% del PIB al I+D en el marco de la industria.

Además, hay compromiso para reducir las listas de espera en dependencia y sustituir la renta mínima autonómica por una ayuda denominada Ingreso para la Infancia y la Inclusión que sería compatible con el Ingreso Mínimo Vital estatal. También se recoge una Ley de Familias. En sanidad quieren garantizar la equiparación salarial y proponen un aumento de 150 euros para personal A2 de hospitales y ordenar la respuesta asistencial en la atención primaria. En educación, el objetivo es reducir ratios de alumnado de forma progresiva, completar la equiparación salarial de docentes a la media nacional, pero también extender los conciertos (la privada) a la etapa del Bachillerato.

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La formación naranja, que ha gobernado en coalición con el PP, ha presentado un programa electoral más amplio en su página web, además de contar con una versión reducida de ‘lectura fácil’. Los de Juan Marín han destacado su papel en el Ejecutivo de coalición, desde consejerías como la de Economía, Empleo, Educación, Políticas Sociales o la vicepresidencia dirigida por su líder, con énfasis en la lucha contra la corrupción.

La estrategia de Cs para reducir el paro se corresponde con impulsar bonificaciones e incentivos para que los jóvenes accedan a ofertas de empleo estable en la administración, incluyendo la remuneración de prácticas. La misma receta para que jóvenes creen nuevas empresas en los sectores agrícola y ganadero.

La apuesta de los de Marín en el ámbito fiscal es la de reducir más lo impuestos, pero con un matiz ‘realista’, siempre que las condiciones económicas lo permitan. Ponen el foco en bajar el Impuesto de Patrimonio, simplificar impuestos medioambientales o trabajar con el Gobierno de España para que los tramos autonómicos de IRPF “se correspondan con la capacidad adquisitiva real y no nominal”.

Cs propone una estrategia de atracción de inversiones extranjeras, que complementa con un permiso para operar en Andalucía a las empresas que hayan obtenido autorización en cualquier otra comunidad. El eje central también pasa por la simplificación de trámites y de burocracia. En lo relativo a la industria, Ciudadanos quiere destinar el 3% de la inversión al I+D e impulsar medidas de flexibilidad en horarios comerciales o ante los requisitos económicos para acceder a licitaciones públicas.

En política social ponen sobre la mesa incrementar la inversión en un 25%, aumentar las plazas de residencias y agilizar trámites para reconocer el grado de discapacidad o la tramitación de la renta mínima autonómica. En sanidad también se comprometen al mismo porcentaje de gasto para la atención primaria mediante una dotación extraordinaria y crear 1.200 nuevas plazas MIR, además de consolidar la plantilla de profesionales y aumento salarial por encima de la media nacional. En educación, de una forma similar, quieren incrementar el gasto por alumno para igualarla a la medida de España, aumentar un 33% el presupuesto para becas y consolidar plantilla de profesorado.

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“Nuestro programa electoral nace de la preocupación y el dolor por una tierra que sigue estando a la cola de España y Europa en todos los indicadores de bienestar social”, así define su proyecto la formación que encabeza Teresa Rodríguez. Con un definido acento andalucista, Adelante Andalucía pide inversiones justas para atajar el paro y la precariedad y reclama dar un “paso adelante” para defender a la comunidad de “un modelo contaminante y depredador”, además de apostar por servicios públicos sin recortes.

En cuanto al desempleo, la propuesta se basa en una serie de planes laborales, en colaboración con el Gobierno central, y énfasis en los jóvenes, incentivando la contratación de jóvenes talentos. También quieren impulsar medidas fiscales para los autónomos acompañadas de líneas de crédito o reforzar las inspecciones de Trabajo para combatir el fraude en la contratación.

Su proyecto tributario incluye la creación de un Impuesto a la Riqueza y sobre la Tierra para gravar el patrimonio, la propiedad inmobiliaria y la propiedad de la tierra. Adelante Andalucía quiere fomentar dos nuevos tipos en las dos franjas superiores del IRPF (a partir de 120.0000, del 30%, a partir de 150.000, del 35%) y dejar sin reducciones el de Sucesiones y Donaciones, dejando el mínimo exento en el medio millón de euros.

En el plano económico destacan medidas como un mínimo de 26.000 millones de euros en los Presupuestos autonómicos para educación, sanidad y protección social, la reforma del sector público andaluz o alcanzar el 2% del PIB en I+D en un plazo de 5 años y el 2,5% en una década aunando la inversión en el sector público y privado. Apuestan por una banca pública andaluza bajo control parlamentario, un Fondo de Garantía de Acceso Garantizado a energía renovable, techo o tierra y alimentación administrado mediante una agencia. En esta línea, proponen la expropiación tierras a grandes terratenientes y a fondos buitre para fomentar el cooperativismo en régimen usufructuario.

En política social los de Teresa Rodríguez plantean cambiar la renta mínima por una nueva que sea compatible con el IMV, reforzar la plantilla de trabajadores sociales para llegar a un ratio de 1 por cada 3.000 habitantes y una ley de residencias que suponga la conversión a un modelo 100% público, además de una ayuda anual de 1.200 euros por menor a cargo pero supeditada a un límite de renta. Para sanidad el objetivo es un suelo de gasto del 7% del PIB (blindado por ley), una financiación mínima del 20% en atención primaria, así como la reposición del 100% de plantillas y contrataciones.

Por último, en educación quieren aumentar un 16% las partidas de gastos en los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria o reducir ratios hasta los siguientes parámetros: 15 en Infantil y Primaria, 20 en ESO, 25 en Bachillerato y 15 en FP. También dedicar un 2% del PIB a financiar las universidades.

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La formación que tiene a Macarena Olona como candidata llama a desterrar las políticas socialistas de anteriores legislaturas con un “cambio real”, más allá de lo realizado por el Partido Popular los últimos años. En primer plano se encuentra la repetida promesa de Olona de sacar la “tijera de podar”, una metáfora que iría desde varias leyes, normas y regulaciones a ayudas.

Vox se compromete rebajar los impuestos autonómicos y a derogar normas y regulaciones que “perjudiquen” el empleo. Apuestan por una reducción “radical” de los tributos acompañada de la eliminación del “gasto superfluo”. También quieren eliminar las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos (mencionando directamente a CCOO y UGT) y patronal. Además de las ayudas públicas para ONG.

En el plano económico buscan derogar regulaciones medioambientales y armonizar la legislación andaluza con la nacional en industria y turismo. Destaca su propuesta de un plan de fomento turístico y de cualificación de sus profesionales o un aumento de la inversión para recuperar la actividad económica en el Campo de Gibraltar y en el ámbito de la minería. En esa línea, Vox apuesta por la bonificación de carburantes, desarrollo de infraestructuras para que los productores tengan acceso al agua o aumentar la cuota de pesca de pescadores artesanales.

En el marco de las políticas sociales, los de Olona hablan de una prioridad nacional en el acceso a las ayudas, además de poner a la familia en el eje central de las políticas públicas. En sanidad y educación se comprometen a reforzar la inversión y a impulsar un cheque escolar.

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(IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde Andalucía)

La coalición que lidera Inmaculada Nieto se presenta a las elecciones del 19-J con un programa que afea la gestión de Moreno Bonilla, apuntando que no ha sabido aprovechar los recursos extraordinarios con los que ha contado Andalucía en unos años marcados por la pandemia y las consecuencias de la guerra de Ucrania. Así, presentan un proyecto “fruto del esfuerzo y trabajo colectivo y define el horizonte de la recuperación para una Andalucía social, verde y feminista, que, con sus singularidades, define su propio camino”.

Para reducir el paro, esta unión de distintas fuerzas quiere promover un plan de empleo con 400 millones de euros en 2023 y 300 millones en 2024 que se articule desde los Ayuntamientos, además de un plan de choque para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años que lleve aparejado una cuantía de 1.500 millones de euros. En el marco de autónomos y pymes, su propuesta es la de implementar incentivos a la contratación de parados, pero con la condición de que se mantenga dicho empleo durante dos años.

Su línea fiscal es la de limitar por arriba las bonificaciones fiscales graduándola al nivel de renta. Además, Por Andalucía quiere introducir bonificaciones para las explotaciones tradicionales, de hasta el 90% en la ley de tasas por precios públicos para los servicios que se prestan al sector agroalimentario. Todo ello estaría acompañado de una potenciación de la inspección contra el fraude fiscal y la lucha contra economía sumergida.

En el contexto económico, la estrategia es la de lograr un cambio de modelo productivo que evite la gran dependencia del turismo, sector primario o comercio. Eso no quiere decir que no se potencien estos ámbitos, puesto que proponen ayudas para la industria agroalimentaria, el sector de la pesca o un plan de calidad de empleo en el turismo. Con todo, Por Andalucía pone el foco la reindustrialización verde dedicando el 50% de los fondos de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) o penalizando a las empresas que deslocalicen producción. Destacan también la creación de una banca pública andaluza o de un banco de tierras público.

En lo tocante a política social, Por Andalucía quiere incrementar la cuantía de la renta mínima autonómica, fijar en un máximo de 60 días el plazo para obtener el grado de discapacidad, una ayuda por hijo de 1.200 euros anuales y un plan de inclusión social de 120 millones. En sanidad, se comprometen a aumentar un 17% el gasto por habitante, contratar a 8.000 sanitarios más, blindar el 20% de inversión en atención primaria e incorporar a 4.000 profesionales en este ámbito. En educación, se apuesta por la reducción de ratios en todas las etapas con máximos de 15 en Infantil, 20 en Secundaria y 25 en el resto. También disminuir la financiación de la concertada.

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