La empresa asociada al hermano de Ayuso ganó un millón de euros por unas mascarillas que le costaron medio millón
A los beneficios netos que sacó Priviet Sportive hay que restar los 234.000 euros que se llevó Tomás Díaz Ayuso por sus gestiones.
Isabel Díaz Ayuso presumía este jueves, en la Asamblea, de que la Justicia haya archivado la causa que investigaba los contratos de mascarillas con la empresa asociada a su hermano Tomás. Este, como acabó reconociendo la propia Comunidad de Madrid, se llevó 234.000 euros en su gestión de intermediario entre la compañía, Priviet Sportive, y el Gobierno regional para hacerse con cerca de 250.000 cubrebocas en la primera ola de la pandemia.
Pero también este jueves se ha sabido que esa misma empresa se sacó un millón de euros por una inversión ligeramente superior al medio millón. En concreto, según informa El País citando los datos aportados por el dueño de Priviet, Daniel Alcázar, la entidad pagó 480.170.30 euros a la coreana K Beauty & Mediaedia por ese cuarto de millón de mascarillas, que fueron abonadas el 2 de abril en dos pagos casi idénticos de 240.000 €.
A este gasto, se sumaron 76.870 en concepto de transporte a España por vía aérea y otros menores que elevaron la suma final a 563.542,67 euros.
Pese a la inversión, el negocio salió del todo rentable para Priviet Sportive, de acuerdo con los datos manejados por la Fiscalía Anticorrupción. En concreto, el fiscal jefe, Alejandro Luzón, detalla en su decreto de archivo que el 27 de junio, la entidad recibió una transferencia desde la Administración General de la Comunidad de Madrid de 1.512.500 euros, lo que supone un beneficio de 948.957,33 euros.
Casi un millón en limpio, por resumir. Aunque esa cantidad se redujo con los 234.000 que se llevó Tomás Díaz Ayuso por su mediación en las gestiones, la famosa cantidad que partió al PP por dentro y que la Comunidad acabó reconociendo (habló de algo más, 283.000 euros) casi de tapadillo el mismo día que empezó la guerra en Ucrania.
La alta cuantía de la operación no es motivo de delito y, como tal, lo ha explicado el jefe de Anticorrupción. Para Luzón la investigación permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en ese proceso y destaca que la presidenta madrileña “no ha intervenido en el procedimiento”, porque el Consejo de Gobierno “no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid”.
