Por la construcción de un nuevo contrato social

Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su gente trabajadora. Este Primero de Mayo lo hemos vinculado a la demanda imperativa para CCOO de cumplir los compromisos adquiridos con la clase trabajadora de nuestro país. Tras un año largo de pandemia, con incontables situaciones de sufrimiento para millones de personas, riesgos laborales, paro, disminución de recursos, desigualdad e incluso pobreza severa, la recuperación de la economía debe trasladarse a la mayoría social cuanto antes.

Es cierto que lo prioritario es acelerar un proceso de vacunación que nos permita contener los coletazos de la pandemia, porque además así se impulsará una actividad económica que nos lleve a recuperar el empleo perdido y el empleo temporalmente suspendido.

Pero decíamos en la presentación de este Primero de Mayo que los aplausos en las ventanas que vivimos en el periodo más duro del confinamiento, hoy se tienen que traducir en medidas materiales y efectivas para esas personas trabajadoras que sacamos adelante el país cuando todo se paró. Para esos servicios públicos que se mostraron imprescindibles para protegernos, cuidarnos, reponernos, ante la peor crisis sanitarias que hemos conocido.

En este último año hemos contribuido a poner en marcha medidas de carácter laboral y económico que han amortiguado el brutal impacto de la pandemia en la economía. La herramienta más conocida, los ERTE, ha sido decisiva para que en nuestro país se haya producido una novedad histórica: por primera vez en una crisis la caída del empleo ha sido inferior a la caída de la economía.

Esto ha permitido que en el momento en el que se gane normalidad y repunte la actividad, la recuperación del empleo parta de una tasa de paro por debajo del 16%, mientras que de no haberse tomado estas medias, con toda seguridad estaríamos por encima del 20%.

Pero si bien la movilización de recursos públicos para hacer frente a la pandemia no tiene precedente —y, junto con las medidas tomadas en el espacio de la Unión Europea, definen una orientación de las políticas anticrisis muy distintas a las del quinquenio 2010-2015—, ahora es el momento de recuperar una agenda social que mire al futuro.

Cuando se consolide la vacunación y la inmunidad grupal habrá un fuerte crecimiento económico en España. Hablamos del segundo semestre del año y muy probablemente del año 2022. Este crecimiento debe distribuirse a la mayoría social. Por una cuestión de justicia y de equidad, pero también por una de eficacia económica.

Un sector como el turístico, determinante en nuestra estructura económica, no va a volver a los datos de antes de la pandemia en el corto o medio plazo. La palanca de la demanda interna es determinante para sustituir los recursos que traían a España 85 millones de turistas. Y para ello, recuperar el empleo perdido o suspendido es clave, pero también lo es la mejora de los salarios y especialmente los más bajos.

CCOO exige retomar la senda de subida del salario mínimo interprofesional. No es de recibo que los convenios suscritos en 2020 entre sindicatos y patronales arrojen una media de subida salarial del 1,56% y el SMI permanezca congelado. Los países europeos con salario mínimo lo han incrementado para este 2021.

Pero si el SMI afecta directamente a más de dos millones de personas en nuestro país, y además tiene un efecto sobre otros salarios bajos, favorecer una mejor distribución de la riqueza que se genera pasa por superar la reforma laboral del año 2012. Una reforma que se hizo para reducir los salarios. En su lugar necesitamos una regulación que favorezca la estabilidad en el empleo, sustituya el recurso al despido por fórmulas de adaptación del tiempo de trabajo cuando haya problemas económicos en las empresas —los ERTE nos han dado algunas pistas— y equilibre las negociaciones colectivas entre las personas trabajadoras (sindicatos) y las empresas (patronales).

Las pensiones son otro campo importante. La última reforma de pensiones introdujo medidas que supondrían una caída drástica de las prestaciones presentes y mucho más de las futuras. En este momento es prioritaria la derogación de tal reforma y un paquete de medidas que introduzcan recursos a la Seguridad Social, y sobre todo, certezas.

Hay que trasladar a la población española que en los próximos 27 años el incremento del gasto en pensiones va a ser constante. Habrá más pensionistas, con pensiones más altas y que las cobrarán durante más tiempo. Pero no hay ninguna maldición bíblica que diga que ese fuerte incremento de gasto no se puede asumir si democráticamente así lo decidimos. Se trata de generar más empleo, con mejores cotizaciones, y comprometer que habrá recursos públicos para llegar allí donde las cotizaciones sociales no lleguen.

Todas estas reivindicaciones sindicales hay que enmarcarlas en un contexto social y político muy determinado. Las consecuencias de la anterior crisis y los efectos de la actual han deteriorado las condiciones materiales de vida de una buena parte de la población y han quebrado las expectativas vitales de otra parte aún mayor. Una parte de las llamadas clases medias se encuentran desorientadas y alimentan movimientos políticos de distinta índole y que a veces mutan de unos espectros ideológicos a otros.

En España, en Europa y en el mundo han ido tomando posiciones movimientos reaccionarios, nacional-populismos de extrema derecha que pretenden recuperar certezas por la vía de construir sociedades segregadoras por exclusión. Aparecen nacionalismos o identitarismos de nuevo cuño, xenofobia, racismo, machismo recalcitrante. Esta opción no solo se basa en élites económicas que buscan blindar sus posiciones —en nuestro caso la parte más parasitaria del capitalismo español, tan liberal de boquilla como bien alimentado desde la “concesión pública”, el rentismo, y el amiguismo—, sino que “pesca” en la desesperanza de gente humilde.

La mejor receta contra esa pandemia reaccionaria es la reconstrucción de un contrato social donde el empleo, los salarios, los servicios públicos y la fiscalidad justa y suficiente, son claves para el ejercicio efectivo del derecho a la ciudadanía democrática. España tiene una oportunidad en este terreno. Los recursos de recuperación europeos abren una opción impensable apenas hace 15 meses para mejorar nuestro modelo económico. Pero sin la perspectiva social de crear un país más justo, más equitativo y más inclusivo, esos fondos no servirán para “coser” sociedades crecientemente fragmentadas.