Por el adiós a la 'ley del oeste' en el mundo indígena

La conocida como “ley del oeste” en el imaginario popular es aquella en la que impera la violencia, donde las normas las imponen a nivel particular, por los que tienen más poder y más armas, reales o figuradas, y donde las víctimas suelen ser pacíficos habitantes que se ven inmersos en un escenario que les es arrebatado por “los malos”. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en los territorios de este planeta donde habita más de 500 millones de indígenas, en los cinco continentes, desde las frías tierras del Ártico a las abrasadoras de los desiertos.

A medida que la emergencia ambiental se hace más palpable, el discurso del sistema económico global se nos presenta con una doble cara en la que es difícil no encontrar dosis alarmantes de hipocresía. Ahí están los llamados criterios ESG (en inglés, Environmental, Social and Governance, es decir, ambientales, sociales y de gobernanza), que han dado lugar a la figura del Inversor Socialmente Responsable. Suena bien y lo podemos encontrar en webs de petroleras, constructoras, energéticas… Pero ¿sirven de algo tantos criterios voluntarios?

Un informe reciente de la agencia financiera Moody’s (en concreto de Moody’s ESG) ha detectado alrededor de 6.000 eventos de este tipo relacionados con ESG el año pasado, frente a los menos de 4.000 en 2020. “Eventos” es como llama a las emisiones tóxicas, fugas de aguas residuales, trabajo infantil, violaciones de los derechos de los indígenas, sobornos o fraudes de empresas con cotizaciones en las bolsas más importantes del mundo, en concreto, de más de 3.000 grandes compañías que cotizaban entre 2013 y 2019 y cuyo valor medio en el mercado era entonces de 11.7000 millones de dólares.  El propio estudio, hecho público este 1 de agosto, señala que se trata, principalmente, de empresas energéticas, de recursos naturales, constructoras, servicios financieros e industrias de productos de consumo. Tras darse a conocer el “evento”, tuvieron pérdidas en sus negocios, a modo de ‘castigo’ de entre el 1,3% y el 7,5% . Bien, indica que la falta de ética cotiza a la baja… y si hay indígenas por medio debiera ser un plus en contra.

Pero ¿qué pasa con los que no se llegan a conocer o a tener suficiente impacto? Pongamos un ejemplo: el pasado mes de mayo la empresa española Jealsa, de la marca Riantxeira, que hace bandera de su sostenibilidad en España, registró un ‘evento’ en Guatemala del que poco se ha sabido. Jealsa tiene una planta de procesamiento de atún en Escuitla (la costa del Pacífico) desde 2002. A ella suma otras dos en Galicia, una en Chile y otra en Brasil. Jealsa, por cierto, es la proveedora principal de Mercadona.

Ya en 2010, una investigación de la Universidad San Carlos de Guatemala alertaba de que la planta de Escuitla, a nombre de la filial Atunera Centroamericana, podía dar al traste con el entorno, tanto ambientalmente, como a nivel social, al facilitar el ‘colapso’ de las capturas de la pesca tradicional en toda la región por unos cientos de puestos de trabajo.

Pues bien, el pasado 15 de mayo, tal como han confirmado fuentes de la compañía, tuvo lugar un derrame de combustible en el río El Suquite por la rotura de uno de los conductos de la planta de Atunera Centroamericana. “Rápidamente –aseguran en la empresa- se procedió a contener dicho derrame con la ayuda de vecinos, personal propio que acudió a la llamada y servicios externos, llegando a construirse un dique de contención, al mismo tiempo que el personal de mantenimiento reparó la fuga”, impidiendo que fuera a más. Aseguran, asimismo, que se avisó a las autoridades y que el día 16 se limpió todo con una empresa especializada, impidiendo “cualquier daño ambiental” en El Suquite o en el más grande Río María Linda.

Además, desde Jaelsa se comenta que en la desembocadura del María Linda son pioneros y en 2021 recogieron 1.400 toneladas de subproductos que generan los pescadores artesanales (tiene una procesadora de harina de pescado), mencionando el beneficio medioambiental que conlleva, aunque no el económico.

Los testimonios que llegaron desde el terreno hasta Alianza por la Solidaridad-ActionAid son muy distintos. El 20 de mayo, en teoría cuando ya estaba todo solucionado, los habitantes de la aldea El Suquite mostraban en vídeos imágenes de un río negro de diésel y denunciaban: “Antes teníamos un río del que vivir, ahora hay mucha contaminación y hasta los pozos están afectado, lo que puede enfermarnos. Tenemos molestias respiratorias. Esta empresa industrial nos mata, antes era con desechos de pescado, ahora también con esta especie de aceite”, decía una mujer mayor. Otro hombre se quejaba del mal olor. “El olor de la atunera a pescado siempre nos llega, pero esto ya es pestilencia. Huele a aceite quemado. Si alguien nos escucha, que nos eche una mano”. “Si ellos son humanos, también nosotros tenemos que vivir sanamente y, además, hay gente que necesita de los peces del río para vivir”, se quejaban otros vecinos, como los anteriores, del pueblo maya.

Jealsa no informó de qué medidas sociales de compensación de daños en las comunidades afectadas se han tomado, si bien especificó que fue “un accidente fortuito que hemos solucionado de la forma más rápida y eficiente posible, con todos los medios a nuestro alcance”.

El accidente de Rianxeira afectó a comunidades indígenas con este derrame. Pero ¿se tomaron las medidas de seguridad adecuadas? ¿se compensaron daños a los afectados? Son algunas de las preguntas que surgen las respecto. Preguntas que también se plantean en otros muchos casos de inversiones de empresas españolas en el extrajo que impactan a comunidades campesinas indígenas. Ahí está el de ACS en el río Cahabón del mismo país, donde se ha construido en varias fases una hidroeléctrica, Renace, que ha colapsado el cauce, tal como documentó Alianza por la Solidaridad-ActionAid o el de Agrogeba en Guinea Bissau (también investigado por Alianza), recogidos en el informe “Casos recientes de abusos de empresas españolas”. Y no olvidemos el derrame de casi 12.000 barriles de petróleo de Repsol en la costa peruana, que se produjo este mismo año.  Seis meses después, aún los pescadores no pueden trabajan y denuncian -en el diario El Cormercio de Perú- que el subsidio que les paga la petrolera no les alcanza para vivir.

Esa ley necesaria, que está en el calendario del Gobierno, no avanza al ritmo que debiera. El objetivo es que obligue a todas las empresas a contar con planes de ’debida diligencia” que cubran toda su cadena de valor, que sean transparentes e independientes y que, en caso de que se produzcan daños, las personas y comunidades afectadas puedan acceder a la justicia y a una reparación real y suficiente. No es algo nuevo. Países como Francia ya la tienen en vigor, tanto para actividades en su territorio como en cualquier  lugar del mundo. La energética EDF ya ha sido demandada por violar el Convenio 169 de la OIT, por el que debía tener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo indígena zapoteca para implantar su polígono eólico en Unión Hidalgo (México). Y lo mismo con el gigante de supermercados Grupo Casino, denunciado por vender carne relacionada con la deforestación amazónica en Brasil y Colombia, además de vulnerar derechos humanos de las comunidades indígenas en esta zona del mundo.

Tener una ley nacional lo antes posible –de hecho, ya se prepara una directiva europea en esa línea, aunque no a corto plazo -  es fundamental para que la competencia entre quienes lo hacen bien y quienes no sea en igualdad de condiciones. Así lo ven en la PER –de la que forman parte 15 ONGs que representan a más de 500 entidades, además de académicos y empresas- , que han visto  que la ‘voluntariedad’ en la responsabilidad no pone freno a los abusos y que los que se significan en contra, sin apoyos ni instrumentos, reciben una respuesta en forma de denuncias y criminalizaciones diversas, acosos y hasta con la muerte. Las empresas, sin embargo, se van “de rositas” si el país en cuestión no hace nada en su contra, en aras del ‘desarrollo’, mientras que en España reciben, a lo más, una “regañina” sin consecuencias del Punto Nacional de Contacto del Gobierno. Una ley nacional es fundamental para que existan  sanciones efectivas y disuasorias.

Los pueblos indígenas del planeta van a menos… Sus culturas y su modo de vida desaparecen porque para el sistema actual no son rentables, molestan al desarrollo de una globalización económica que busca en los lugares más vulnerables lo que necesita para alimentar su imparable máquina. Ya es hora de que la responsabilidad social y ambiental de inversionistas y compañías sea norma. Sin guardianes de la biodiversidad planetaria, el futuro está hipotecado. Dejar esa labor en manos de quienes la esquilman es suicida.