Pensando la cooperación del futuro
La Cooperación Española se encuentra en una situación de debilidad extrema. Es la consecuencia de más de ocho años de sucesivos recortes presupuestarios, que la han conducido a una pérdida de presencia internacional, al adelgazamiento o extinción de alguna de sus acciones más significativas, al vaciamiento de recursos humanos en puestos clave de la estructura operativa y a una fragilidad notable del sistema en su conjunto, que ha conducido al desánimo a una parte de los gestores y actores implicados.
En estas condiciones, la elaboración del Vº Plan Director de la Cooperación Española constituye una oportunidad única para producir un cambio sustancial en la situación. No cabe espacio para la rutina ni para retoques menores a través de un Plan Director de transición: lo que se necesita es una respuesta audaz y comprometida, que afronte las reformas que el sistema requiere y revierta el proceso de estos últimos años, para poner a España en condiciones de cumplir con los compromisos que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en Naciones Unidas.
Tras la elaboración de un Manifiesto para las fuerzas políticas en defensa de la política de cooperación, en otoño de 2016, secundado por más de 200 firmas de profesionales de la cooperación y la realización de unos talleres en mayo de 2017 sobre el Plan Director, ACADE quiere formular al Gobierno, a las fuerzas políticas parlamentarias y a la sociedad las siguientes propuestas en relación con el futuro Plan Director:
1.- El Plan Director debe estar acompañado de un firme y expreso compromiso en materia presupuestaria que suponga un proceso pautado de expansión de los recursos asignados a la ayuda internacional. No cabe contemplar de modo silencioso el retroceso que se ha producido en la posición relativa de nuestro país entre los donantes de la OCDE, con caídas de la ayuda que superan las de países (como Portugal o Irlanda) que han padecido más severamente la crisis. El proceso de expansión de los recursos que se demanda debiera situar la AOD en el 0,40% del PNB al final de la presente legislatura. Ese crecimiento de la ayuda debe ir acompañado de una rápida recuperación de los recursos asignados a la ayuda humanitaria, dada la severidad de las crisis asociadas a hambrunas y conflictos que sacuden al escenario internacional.
2.- De forma paralela a la elaboración del Plan Director, el gobierno debe proceder a las reformas institucionales y legislativas necesarias para garantizar que se está en condiciones de hacer una gestión eficiente de los recursos. Es necesario reformar la arquitectura del sistema, hoy caracterizada por una elevada dispersión y una limitada coordinación de las instituciones responsables. Y es requerido también modificar los marcos administrativos y legislativos que condicionan la ejecución de la ayuda, que impiden que España pueda actuar con instrumentos que otros donantes tienen, como la ayuda programática, la cooperación financiera, la asistencia técnica ágil, las asociaciones estratégicas con la sociedad civil y la academia o la alianza con actores internacionales, no solo públicos.
3.- Ese proceso debe acompañarse de otro paralelo de ampliación de las capacidades técnicas e institucionales del sistema. Esto supone poder captar y dar empleo en condiciones adecuadas al personal experto que se requiere, poner en marcha una política activa de recursos humanos que permita que los trabajadores en este ámbito puedan tener una trayectoria profesional previsible y promover un cambio organizacional que afecte a la estructura, a los procedimientos y a la cultura de trabajo de las instituciones implicadas. También supone articular una política de formación y gestión del conocimiento adaptada a los nuevos retos del contexto e integrada en la cultura organizativa de las instituciones líder de la cooperación española.
4.- Dada la pertenencia a la UE, España debe estar en condiciones de practicar la cooperación delegada, haciéndose cargo de la gestión o coordinación de acciones compartidas entre socios europeos. Ahora bien, esa implicación no debe eximir a la cooperación española de definir sus propias políticas y acciones, contando con los recursos y capacidades para hacerlas realidad.
Adicionalmente, es importante que España se distancie de las tendencias que se observan en la UE hacia la securitización de ámbitos sensibles de la cooperación para el desarrollo, como pueda ser el caso de las migraciones. Las actividades que se hagan en este y otros campos deben estar presididas por los objetivos y normas propias de la acción de desarrollo y orientadas a brindar oportunidades de vida digna a las personas, especialmente las más vulnerables, para que el principio de coherencia de políticas no sea un lema vacío.
5.- El Plan Director que se requiere debe distanciarse de las orientaciones de planes precedentes y, en lugar de hacer una selección cerrada de prioridades sectoriales, debiera centrar la atención en la formulación de unos propósitos estratégicos claros y en la definición de los métodos de trabajo y de los recursos instrumentales para asentar la implicación y las alianzas entre múltiples actores diversos de la sociedad española.
6.- Aunque España debe cumplir los compromisos internacionales que le obligan a destinar una parte de la ayuda internacional a los países con mayores dificultades (países menos desarrollados o con Estados frágiles), debe también mantener su especial relación, sostenida en el tiempo, con los países de renta media. También estos países requieren del apoyo internacional para superar los déficits estructurales que padecen y para sumarse de forma activa a la implementación de la Agenda 2030. No basta con reconocer que se debe mantener la cooperación con este tipo de países, en especial los más vulnerables, sino también entender que el tipo de cooperación que se requiere es distinto a la practicada con los países más pobres.
7.- La Agenda 2030 no sólo convoca a los poderes públicos sino a todos los actores sociales a un esfuerzo conjunto para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por su ambición y universalidad, esos objetivos no se conseguirán si no se logra implicar en la tarea a actores diversos, que sumen capacidades, recursos y experiencias propias. Los actores de la cooperación, y muy particularmente los actores públicos (ministerios de la AGE, comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades), deben orientar su esfuerzo a facilitar esos vínculos de trabajo en común, reconociendo la diversidad de intereses y miradas que les caracteriza.
8.- El Plan Director debe entender y afirmar el papel clave que la sociedad civil tiene en España y Europa para impulsar las políticas, las alianzas y el apoyo social que requiere la Agenda 2030 y velar por su efectivo cumplimiento; y en los países en desarrollo, como agente activo en la defensa de los derechos humanos, la articulación de la voz de los sectores sociales excluidos, como mecanismo de presión y de exigencia de rendición de cuentas a los poderes públicos y como proveedor de servicios complementarios a las comunidades, allí donde el Estado no llegue.
9.- En suma, ACADE apoya que se defina un Plan Director comprometido, con voluntad seria de revertir la situación de extrema debilidad en la que se encuentra la cooperación española y con vocación de ilusionar e implicar activamente al conjunto de los actores sociales.
Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el Desarrollo (ACADE)
