Operación Kitchen: las claves, el quién es quién y las novedades del caso

La Operación Kitchen no es una más dentro de la historia reciente de la corrupción española. Es un caso que va más allá del dinero o las influencias y que investiga un presunto espionaje parapolicial por parte del Gobierno de Mariano Rajoy sobre el que fuera tesorero de su partido, Luis Bárcenas. Los jueces analizan si esa tela de araña existió, quién la tejía y qué buscaba, y la tesis principal es que quería sustraer a Bárcenas información sensible tras el estallido de la polémica sobre sus papeles de la contabilidad B del Partido Popular y su amenaza de tirar de la manta.

Qué se investiga

El juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, investiga el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, por parte del Ministerio del Interior en la época en que lo comandaba Jorge Fernández Díaz, del PP, con el fin de ocultar documentos relacionados con dirigentes de este partido.

Se trata de una pieza derivada, la número siete, del caso Tándem, que ya tenía entre manos la Audiencia y que investiga las llamadas cloacas del Estado, los movimientos de José Manuel Villarejo, excomisario de policía, y de otros altos cargos policiales. Según el juez, este encargo de espionaje se habría llevado a efecto al menos desde 2013 y hasta 2015 y consistiría en la captación y la manipulación como colaborador-informante de la Policía de Sergio Ríos Esgueva, conductor de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas.

“El objetivo de dicha misión podría ser, aparentemente, la obtención por medio de dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio, de información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del Partido Popular”, ha sostenido el magistrado en un auto.

El juez sospecha que el conductor robaría este documental para que no llegara a los tribunales sobre la financiación irregular del Partido Popular. García Castellón habla de un “operativo parapolicial”, cuyos responsables serían “órganos superiores” y “directivos” de la Administración General del Estado.

El origen de Kitchen está en un pendrive encontrado por los investigadores en el domicilio del excomisario Villarejo, en el que habla de un “operativo policial denominado Kitchen o Cocina, el cual tendría por objeto la localización de documentos, así como el descubrimiento de actividad de interés policial-judicial, relacionada con la actividad del extesorero del PP”.

En diciembre de 2018, Bárcenas afirmó ante el juez que los papeles que le robó su chófer eran sobre la financiación de la campaña de Cospedal en una declaración que hizo en la causa que investigaba la caja B del PP.

El dispositivo que vigilaba a Bárcenas estaba dirigido por el comisario Villarejo y el también comisario Enrique García Castaño, jefe entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). El operativo se puso en marcha el 11 de enero de 2013, en pleno escándalo por la fortuna desconocida en Suiza del extesorero del PP, y poco antes de que se publicarán los primeros apuntes de la caja B. Este dispositivo de vigilancia “ocultó deliberadamente” el resultado de sus actividades ya no a los mandos de la UDEF, sino a la unidad de la trama Gürtel, por la que se investigaba al extesorero. Supuestamente, iba en paralelo a ls justicia y las investigaciones ordinarias de la Policía Nacional.

La red de seguimiento incluyó el registro de inmuebles en Madrid, pertenecientes a Bárcenas y a su esposa, o el volcado de dos teléfonos móviles y un ordenador del matrimonio. Fue para realizar estas operaciones que captaron presuntamente al chófer de Iglesias. La investigación apunta a que se le pagaron 2.000 euros al mes durante dos años, con fondos reservados del Ministerio del Interior, y le compraron una pistola valorada en 700 euros. Al concluir su labor particular, el conductor entró en la plantilla de la Policía.

Quién es quién en la trama

Ya tenemos al actor principal y supuesta víctima, Luis Bárcenas, que fue primero gerente del PP entre los años 1990 y 2008 y después tesorero del partido, hasta 2009, condenado a 29 años y un mes por el Tribunal Supremo por el caso Gürtel, la red de corrupción política vinculada a los populares que funcionaba principalmente en Madrid y Valencia.

Frente a él, el comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo, quien abandonó la cárcel en marzo pasado, tras tres años en prisión a la espera de juicio por Operación Tándem, acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Villarejo, autor de la frase: “Las cloacas no generan mierda, la limpian”. Supuestamente, él era quien dirigía el operativo de vigilancia a Bárcenas, junto con el comisario Enrique García Castaño. Ambos expolicías reclutaron, dice la investigación, a Sergio Ríos, el exchófer del matrimonio Bárcenas, quien se calcula que cobró entre 48.000 y 53.000 euros de los fondos reservados por su labor como confidente. El conductor está imputado, igualmente.

Otro de los mandos policiales investigados es José Luis Olivera, conocido como El Cocinero, y ese apodo sirvió para bautizar la operación policial y judicial, ya que kitchen significa cocina en inglés. Era el máximo responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía durante la investigación de la Gürtel, hasta julio de 2012, y a finales de 2014 fue nombrado director del CITCO, el centro de inteligencia policial que aglutina información de terrorismo y crimen organizado. Su nominación fue avalada entonces por el ministro del Interior, Fernández Díaz.

La Audiencia de Madrid ya consideró que otro hombre más, Enrique Olivares García, se hizo pasar por un sacerdote que iba a hablar de la libertad de Bárcenas y, una vez dentro, sacó un revólver y encañonó a la mujer del extesorero, a su hijo y a la empleada doméstica. Les ató las manos y les amenazó para que le entregaran todos los pendrives y la información relativa al proceso de Bárcenas para “acabar con el Gobierno de la Nación”. Aunque está ya condenado a 22 años de prisión por ese hecho, el juez del García Castellón le ha imputado y le ha citado a declarar como cómplice.

Durante unos meses, los procesamientos se limitaron a estos antiguos mandos policiales y lo más alto que llegaba la trama en la parte política era al ex número dos de Jorge Fernández Díaz en Interior, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que se investiga desde 2020 por ser el que supuestamente autorizó el pago de los fondos reservados durante la operación.

Sin embargo, la investigación ha ido avanzando hasta tocar al Consejo de Ministros de Rajoy: el propio titular de Interior, Fernández Díaz, está ya imputado por los “numerosos” indicios hallados de que conoció y alentó el espionaje a Bárcenas para “controlar los daños” a altos cargos del PP.

El exdirector adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía de entonces, Eugenio Pino, está igualmente imputado. Ya se encuentra jubilado. Lo mismo que el ex inspector jefe Andrés Manuel Gómez Gordo, señalado por Villarejo por ejercer supuestamente de enlace con el chófer y como persona de confianza de altos miembros del PP. Se les suman el exinspector Bonifacio Díaz Sevillano y el que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas.

Y entre esos altos miembros están los últimos imputados, los más sonados y escandalosos: la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Se les investiga por cohecho, malversación y tráfico de influencias, pues el juez entiende que ambos podrían haber participado en la captación de Sergio Ríos, al que se acercaron para robar los documentos de Bárcenas. El juez consideró que Cospedal tenía un “interés personal” en el seguimiento del excolaborador.

En los audios que aparecen en el sumario, Villarejo asegura que Cospedal le debe 100.000 euros más “gastos” e “intereses” por encargos que le habría realizado para el PP. La Fiscalía considera que los encargos a Villarejo “podrían ya entonces estar relacionados con la investigación policial y judicial de casos de corrupción” que afectarían a miembros del PP, como Gürtel.

Villarejo alardea en una conversación que aparece en el sumario de tener información comprometedora para el PP desde 2012 y añade: “Me llamó la Cospe, joder no delates a nadie, que tal... Y yo ¿Cómo que no? Os busco la ruina a todos y al primero, al Barbas”, supuestamente en alusión a Rajoy.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez en septiembre de 2020 que llamara a declarar a Cospedal y a Fernández Díaz, tras la intervención del material informático del exnúmero dos de Interior. Ahora sí, desde principios de este mes, la número dos del PP y el ministro del Interior, los dos imputados. La justicia debe decir quién dio las órdenes, quién sabía y a quién interesaba este espionaje. Según lo previsto en el auto de García Castellón, Cospedal declarará el 29 de junio; López del Hierro y José Luis Ortiz, el 30 de junio, y Villarejo y Martínez, el 1 de julio.

La investigación se acelera

El pasado otoño, se localizaron 13 agendas del excomisario Villarejo que son las que están permitiendo cerrar nuevas imputaciones. La Cadena SER sostiene que, incluso, en sumario secreto de la Kitchen implica a la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Las anotaciones del policía retirado hay que ponerlas en cuarentena y analizar su veracidad, pero de momento dejan titulares escandalosos.

Ya no sólo hay una trama policial, o limitada a Interior, sino política, que hay que revisar. La Fiscalía sospecha que algunos supuestos encargos del PP a Villarejo pueden haber sido “sufragados” con fondos del partido para tapar el anterior caso Gürtel, según ha adelantado El País. “Cospe: Apoyo a tope en todo”, se lee en esos cuadernos. El excomisario implica a la exsecretaria general del PP en pagos irregulares a cambio de “puntuales encargos”, a cargo de fondos de la formación.

Esas agendas que a algunos le pueden parecer malditas añaden detalles como que, supuestamente, el Partido Popular borró las imágenes de las cámaras de seguridad de la sede central en la madrileña calle Génova 13. Su objetivo: impedir que la justicia accediera al material y comprobara la veracidad de las visitas de empresarios donantes de dinero negro a la sede del partido, denunciadas por Bárcenas.

Lo último es que el inspector Manuel Morocho ha dicho en la Audiencia Nacional que el PP maniobró para que el nombre del expresidente Mariano Rajoy no figurase en el informe de la investigación de la trama Gürtel, informa la SER. Lo ha explicado en su declaración sobre la Kitchen, donde ha denunciado presiones de Interior para apartarle de determinadas investigaciones.

También se está investigando la Kitchen en el Congreso de los Diputados. El pasado octubre, quedó aprobada una comisión propuesta por PSOE y Unidas Podemos, sobre la que sólo el PP votó en contra. El pasado 8 de junio, los diputados de dicha comisión parlamentaria decidieron que los trabajos continúen hasta final de año, a la luz de las nuevas imputaciones, y que la comparecencia de Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno y expresidente del PP, quede aplazada.

Entre los investigados en la causa judicial que ya han pasado por la comisión están Luis Bárcenas, José Manuel Villarejo, Francisco Martínez Vázquez, Ignacio Cosidó, Enrique García Castaño, Eugenio Pino o Rosalía Iglesias.

Esta comisión ya ha dejado igualmente titulares importantes. Villarejo aseguró, por ejemplo, que informó por SMS a Rajoy de los avances de la operación. No obstante, no aportó pruebas de ese contacto directo, como él la denominó. Como el excomisario nunca había reconocido esa comunicación ante el juez, fue llamado desde la Audiencia Nacional para que se explicara, no vale lo mismo lo dicho en el Congreso que en una sede judicial. Cospedal, por su parte, tenía que comparecer ante los diputados a inicios de este mes de junio, pero coincidió el mismo día en que fue imputada y se anuló su intervención.

¿Y Rajoy?

No hay ningún proceso contra Rajoy, que era el presidente del ministro imputado y que era el presidente de la secretaria general de su partido igualmente imputada. Recientemente, el exmandatario ha reconocido que las agendas de Villarejo han montado un “lío”. “Con que no me empapelen tengo bastante”, dijo a un periodista de El Economista.  Su nombre y los de parte de su equipo de La Moncloa y del Consejo de Ministros aparecen en el sumario, principalmente en las conversaciones transcritas de Villarejo con terceras personas.

Villarejo alude en sus conversaciones a Mariano Rajoy por su nombre o con el alias de El Barbas o El Asturiano y en ellas deja entrever que el entonces presidente del Gobierno pudiera estar al tanto de la operación. “Las maldades que me han encargado a mí para salvarle el culo al Barbas (...) ¡No te puedes imaginar! Que podía estar preso el Presidente del Gobierno eh, por muchas cosas”, se le escucha decir en una de las conversaciones. En otra grabación, el excomisario asegura que el exministro de Economía, Rodrigo Rato, enfadado por las investigaciones judiciales, le dijo: “Que no me toquen mucho los cojones porque yo he trincado sobres, pero delante mía iba Rajoy con otro sobre”. En otra conversación ,con uno de los empresarios de su círculo, Adrián de La Joya, éste le dice a Villarejo: “Tenemos todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda la mierda”.

El presidente del Partido Popular actual, Pablo Casado, dijo a las pocas horas de conocerse la imputación de Cospedal que no hablaría de asuntos que no le “corresponde” valorar y que “nada tienen que ver” con su “responsabilidad” como líder del PP.