Normalización e inclusión social para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

Con tan solo seis años de experiencia profesional como técnico de integración Social proporcionando apoyo a personas con discapacidad intelectual pienso que en ocasiones  los esfuerzos son insuficientes para alcanzar la inclusión y la normalización de las personas con  discapacidad intelectual en este país. El marco legal no es exitoso para garantizar una vida plena. Nuestra concepción de la discapacidad debe cambiar.

Para el cuarto de millón de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, según los datos de Imserso, con las que convivimos en España, la resistencia social es una realidad, ellos y ellas no pueden esperar otra vez hasta el 3 de diciembre —día internacional de las personas con discapacidad— para que sean visibles. La violación de sus derechos y la invisibilidad son una realidad. Reflexionemos sobre nuestro entorno más cercano: ¿con cuántas personas con personas con discapacidad nos relacionamos?, ¿cómo nos relacionamos con ellas?

No podemos discutir que el desarrollo de este país ha supuesto una mejora en la calidad de vida de la población con discapacidad intelectual. Sin embargo, podemos afirmar que no se aplica una justicia social y que nos resistimos a tener una mirada horizontal.

Desde mi experiencia y perspectiva profesional pongo en valor el trabajo insaciable  de las entidades (asociaciones y fundaciones) y profesionales que acompañamos y apoyamos a las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, en otras ocasiones, el trabajo es insuficiente ya sea por falta de recursos o por obsolescencia metodológica. Por ejemplo, escasa es la aplicación de la ley general de derechos de personas con discapacidad y su inclusión social (LGD) en materia de empleo o accesibilidad.

Respecto a empleo, sabemos que muchas empresas con más de 50 trabajadores/as no cumplen la cuota del 2% de trabajadores/as con discapacidad tal y como exige la  LGD. Otro tema a desarrollar son las medidas alternativas, pero eso mejor para otro momento —hecha la ley hecha la trampa—.

Del mismo modo, somos conscientes que la accesibilidad tampoco se aplica, ya sea con la eliminación de barreras arquitectónicas, instalando bucles magnéticos (discapacidad auditiva) o adaptando textos a través del sistema de lectura fácil.

En relación a la toma de decisiones y el autogobierno de sus propias vidas la realidad es más ingrata. Temas como las relaciones sentimentales, sexuales y la vida independiente son tabú para parte de la sociedad y de profesionales —por falta  de conocimiento de la realidad o quizás por falta de empatía—. Las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos/as de pleno derecho al igual que el resto. No podemos continuar con esta represión social.

Claros ejemplos son la libre elección de contraer matrimonio, la esterilización forzosa y la decisión de una opción política. Sí votan, pero en ocasiones la papeleta es escogida por otra persona.

Todo lo citado anteriormente aplaca a la persona y supone una gran barrera para alcanzar la inclusión social y el alcance de  la vida plena y digna.

Invito a que la administración dialogue con las personas con discapacidad intelectual y sus familiares para tomar conciencia de las decisiones políticas, ya que se deben  ajustar a la realidad social actual y del futuro.

En mi opinión, es imprescindible y necesario que las personas con discapacidad intelectual participen en la vida política y por ello se deben de desarrollar programas específicos que empoderen a las personas.

En los últimos meses ha vuelto a estallar el debate sobre la inclusión en las aulas, claro está que el tema genera debate, controversia y falta de consenso ¡Por favor, reúnanse y hablen con las personas con discapacidad intelectual y que les cuenten sus experiencias!

Estos testimonios son reales y desgarradores, os lo puedo asegurar, y como profesional no encuentro palabras de consuelo. Esto no quiere decir que no apoye la inclusión en las aulas, no estoy de acuerdo con el proyecto educativo e inclusivo actual en este país. La inclusión en las aulas es una obligación, pero no a cualquier precio.

Especial énfasis e interés nos debe cautivar la escolarización de la futura generación (con o sin discapacidad), ya que durante los primeros años de vida se forjara el futuro y debemos apostar por la diversidad. Sin embargo, un gran porcentaje de la población con discapacidad intelectual ya no está en edad de escolarización y deben de continuar sus vidas buscando nuevas oportunidades, oportunidades que apenas existen a la hora de ingresar en programas formativos para el empleo.

Las apelaciones del colectivo, familiares y organizaciones son sistemáticas no solo en España, si no a nivel internacional, ya que siguen siendo de los más marginados de la sociedad, así lo afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las diferentes leyes y la agenda de desarrollo sostenible son estímulos para romper la (tu) resistencia social. La planificación de todas las acciones están encaminadas y enfocadas a generar mejores oportunidades, mayor dignidad y sobre todo, están encauzadas para que podamos apreciar la diversidad, la igualdad y la justicia social. Debemos de tener más presente que nunca la toma de decisiones y participación del colectivo, ya que su opinión es necesaria y determinante para construir entornos inclusivos y normalizados.