Matando a Montesquieu
El estado de los derechos civiles y políticos atestigua cómo y cuánto es una democracia de sólida, de consolidada y cómo de bien puede defenderse ante los envites del totalitarismo o del populismo. Es por eso que es preciso reflexionar, más allá de la vorágine del tablero político coyuntural, sobre el estado de estos derechos, sobre la calidad democrática.
En España asistimos estupefactos a que miembros del poder político realicen afirmaciones que, lejos de tener tintes democráticos, nos recuerdan la fragilidad del poder democrático, lo fácil que es que el poder siga reclamando para sí más poder aún, sin tener en cuenta los derechos y libertades que todos nos hemos dado. Es peligroso no pararnos a analizar según qué exhortaciones y según qué arengas; es pernicioso para nuestra democracia no actuar en consecuencia.
Las democracias consolidadas se caracterizan por una nítida separación de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Todo lo que se aleje de esta concepción, aunque sea mínimamente, nos acerca a regímenes perversos donde un solo poder se impone, al menos en términos cualitativos, a los demás. Y así es como empieza la decadencia de los estados, así es, en definitiva, como nos alejamos de los ideales democráticos europeos.
Miembros del poder político español nos quieren hacer creer que es normal solicitar indultos a políticos, miembros del poder político catalán quieren hacer creer que es normal exigir a uno u otro Gobierno que excarcele a este o a aquel preso. ¿En qué manos estamos? ¿Alguien se ha dado cuenta de la extrema gravedad que conlleva la normalización de estos discursos?
Pervertir el ideal ilustrado en el que se asientan las democracias europeas es querer regresar a la época del oscurantismo, del abuso de poder. Naciones Unidas se sustenta en estos principios, en los del Estado de Derecho, y afirma con rotundidad que la separación de poderes garantiza estados que caminan hacia la paz. Es por esto que es más irresponsable aún que los representantes políticos catalanes y españoles crean que pueden mantener altos los estándares de calidad democrática mientras arengan a los ciudadanos de uno y otro lado del Ebro a apostar por pseudodemocracias en las que se realizan interferencias entre los distintos poderes del Estado.
Una sentencia judicial nos puede parecer justa o injusta; incluso hasta puede serlo. Y es el poder judicial quien debe seguir reflexionando respecto a ella; lo mismo pasa con las leyes y el poder legislativo o con las acciones del Gobierno y el poder ejecutivo. Los gobiernos no deben indultar políticos ni, por supuesto, pueden hacer que ciudadanos entren o salgan de la cárcel. Plantear esto aún como hipótesis significa pervertir la democracia y, lo que es peor, este planteamiento nos indica que hay políticos en democracia que se sentirían cómodos en un Estado de corte totalitario.
Preocupa que representantes del poder político español y catalán apuesten por la abolición de la separación de poderes. Indultar políticos o interferir en el poder judicial es impropio de una democracia europea. Las altas instancias internacionales en materia de derechos civiles y políticos son claras: ni un atisbo de asimilación de funciones entre los distintos poderes estatales. Pareciera que algunos representantes del poder político español y catalán se han decidido a matar a Montesquieu; yo creo, muy por el contrario, que en estos tiempos de nacionalismos y populismos defender las tesis del pensador francés es fundamental. Quizá estemos a las puertas de una necesaria refundación de las democracias occidentales, quizá debamos volver a abrazar los textos de Montesquieu.
"No hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor".
Montesquieu. El espíritu de las leyes. Libro XI
