Madrid, los mayores, la pandemia y la muerte
Los sistemas públicos de salud, educación y protección social permiten asegurar la dignidad de la vida de todas las personas y la solidaridad entre generaciones.
La pandemia ha desbordado cualquier previsión que alguien hubiera hecho sobre imprevistas circunstancias excepcionales que podrían alcanzarnos en algún momento. Hubo quienes pudieron haber pensado en grandes desastres locales, un tsunami, un volcán, un terremoto, una epidemia focalizada en determinados lugares, como las que veníamos padeciendo.
Pocos habían pensado en una pandemia global, altamente contagiosa, que ha centrado sus golpes más duros en las personas de más edad, que se ha llevado por delante muchas vidas y ha dejado secuelas dolorosas y preocupantes en muchas personas de todas las edades.
Se supone que hasta en las peores guerras hay que respetar una mínimas reglas de respeto a la vida y la dignidad de los no combatientes y también de los propios combatientes. Sin embargo, como termina ocurriendo en todas las guerras, en este combate que hemos librado y seguimos librando contra la covid-19, hemos podido comprobar cómo ha habido un buen número de personas mayores cuyas vidas han sido menos imprescindibles que las de otras personas de menor edad.
En comunidades como Madrid la autonomía de las personas mayores que viven en instituciones ha sido vulnerada, la protección social no ha sido la misma, la asistencia sanitaria hospitalaria les ha sido negada, las brechas en el acceso a los derechos se han agrandado y agudizado.
Vivimos en sociedades tanatofóbicas, que esconden, tapan y huyen de la muerte, muy distintas a otras sociedades que nos precedieron que convivían con el hecho inevitable de la muerte. Odiar a la muerte termina convirtiéndose en gerontofobia, rechazo a las personas mayores, miedo a la muerte, al desastre desencadenado del que hablaba Goytisolo.
La consecuencia solo puede ser, lo ha reconocido la propia Organización de las Naciones Unidas, la negación de los derechos humanos de las personas de edad más avanzada, que van perdiendo facultades, al tiempo que ven degradarse sus condiciones de vida.
Mujeres y hombres que han dedicado buena parte de sus vidas, toda su vida en muchos casos, al cuidado de los hijos, de los nietos, de sus mayores. Visto desde el momento presente, repasando el último año de pandemia, podemos afirmar que las instituciones han dejado mucho que desear y han demostrado su incapacidad para atender a las personas mayores.
Madrid vuelve a ser el peor ejemplo de muchos años de abandono de las políticas públicas, entregadas al sector privado, a los márgenes de beneficio empresarial, las malas prácticas de convertir en negocio las necesidades de las personas más vulnerables. Hemos podido comprobar las carencias en materia de atención sanitaria y de acceso a tratamientos médicos.
El derecho a la vida y a la salud es igual para todas las personas, pero vistas las decisiones de no trasladar a hospitales a personas enfermas internadas en residencias, o los famosos triajes, la selección previa de los pacientes, los aislamientos rigurosos en habitaciones, la falta de equipamientos de protección individual, han sido el pan nuestro de cada día de pandemia en regiones ricas como la capital de España.
Las personas mayores no son incapacitadas, ni merecen ser invisibilizadas. Su experiencia refuerza los pilares que sostienen nuestro presente. Sus enseñanzas merecen nuestra atención, su capacidad de escuchar y de aprender son un modelo para nosotros mismos, sus formas de vida y supervivencia constituyen ejemplos inevitables a la hora de afrontar un proceso de reconstrucción y recuperación tras la crisis, su dedicación al servicio de los demás nos muestra un camino que nunca debimos haber abandonado.
Frente a quienes nos intentaron convencer de que nuestro futuro es de egoísmo personal hemos descubierto que la mejor forma de cuidar de nosotros mismos es cuidar del bienestar de todas y todos. Quienes impusieron políticas del beneficio empresarial, del enriquecimiento a toda costa, por encima de la atención a las necesidades de las personas a través de servicios públicos de calidad, con personal cualificado y recursos suficientes, nos han llevado a la imposibilidad de contener el desastre cuando se ha desencadenado.
Los sistemas públicos de salud, educación y protección social permiten asegurar la dignidad de la vida de todas las personas, la solidaridad entre generaciones y el respeto a los derechos humanos en todas las edades. Algo que los gobiernos ultraliberales de la derecha madrileña se ha dedicado a negar a su ciudadanía. Va siendo momento de dar un giro progresista a esa nefasta políticas iniciadas por Esperanza Aguirre y que han ido degradando Madrid hasta nuestros días.