Madrid en pandemia: entre el tabú, la equidistancia y el nihilismo

El forcejeo vivido está vez en Madrid como campo de Agramante no ha sido solo un desacuerdo entre administraciones de colores opuestos, sino el crudo reflejo de las distintas concepciones en la estrategia a seguir ante la pandemia y a la vez en el modelo político y de funcionamiento del Estado en un momento crítico. 

La dialéctica que persiste entre la estrategia de salud pública y la inmunidad de rebaño y la diferencia entre una gestión basada en la colaboración institucional, y por contra, la utilización preferente de las instituciones como ariete para la confrontación y la desestabilización política. 

Una confrontación que no solo es externa en clave de deslegitimación, sino que incluso se traduce, cada día con más fuerza entre ciudadanos y el PP en el interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en un estado de crisis permanente que ha llevado a un goteo de dimisiones en responsabilidades estratégicas. 

Por eso, el Gobierno central ha preferido hasta el final un mal armisticio que un buen pleito. Y no solo por el tabú que la derecha madrileña ha creado en torno a la legislación del estado de alarma, asimilada a la imposición, el confinamiento y la ruina, sino también por los previsibles efectos de una imagen de pérdida de control de la pandemia en un momento delicado del contexto estatal y europeo. 

La utilización in extremis de la competencia constitucional de coordinación sanitaria no ha sido suficiente para evitar el recurso al estado de alarma, ante la negativa del Gobierno Ayuso y la interpretación rigorista del TSJM. La coordinación topó con el rompeolas de Madrid, una ciudad en que toda restricción de la movilidad se considera desproporcionada. Algo que no pasa con León o Palencia, con la misma legislación y las mismas medidas. 

Ante el fallo, hemos visto a unos y otros medios políticos y de comunicación sumándose a la agitación del populismo de la antipolítica, mientras otros más benévolos acuden a la equidistancia, pero todos alentando el victimismo y el narcisismo ciudadano: ‘Los políticos se pelean y utilizan a los madrileños como rehenes’. 

Pero la mayoría, apoyándose como argumento de autoridad en un supuesto desarrollo pendiente de una legislación específica para pandemias y en el compromiso adquirido por el Gobierno en mayo en el momento más difícil de las prórrogas del estado de alarma, se apuntan al manido recurso de las leyes y más leyes ordinarias. 

Ese parece ser el punto de equidistancia ante la aplicación final del muy denostado estado de alarma en Madrid, como antes lo fue la tardanza, los datos o la cadena de suministros. De nuevo resuena Romanones: ¿y si los medios y los políticos de la oposición, en vez de nuevas leyes desarrollaran las leyes que ya tenemos en salud pública en vez de ignorarlas? Algo similar ocurrió hace más de un siglo a raíz de la pandemia de gripe española. La diferencia es que entonces todos los intentos legislativos naufragaron luego en el Parlamento.

Porque lo cierto es que una nueva legislación no se improvisa en plena pandemia, y menos con mayorías inestables. Ni las reformas puntuales realizadas hasta ahora han servido, no podrían hacerlo, para eludir el control judicial de las medidas de salud pública o el último recurso de la declaración del estado de alarma, cuando de limitar la libertad de movimientos se trata. Ni la remisión a los TSJ ni la mas reciente utilización de las actuaciones coordinadas de la ley de cohesión han logrado obviar las garantías, y con ello las interrupciones y reparos de los jueces, ni tampoco los obstáculos y bloqueos, si bien excepcionales, de alguna comunidad autónoma como Madrid. Pero lo que sobre todo no han conseguido es evitar el estado de alarma para restringir derechos y libertades por razones de salud pública.

Algo que han reiterado los propios jueces con una crítica explícita y sin precedentes al legislador en el propio fallo del TSJM que ha denegado la ratificación del confinamiento de Madrid. El fallo niega habilitación a la ley de cohesión para limitar la movilidad mediante las actuaciones coordinadas aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud, y lo limita a la ley de medidas especiales y al estado de alarma. No así en otras comunidades autónomas en las que al parecer los mismos argumentos han sido ratificados por sus tribunales superiores.

Con motivo de las distintas fases de la pandemia hemos ido aplicando progresivamente el conjunto de la legislación al efecto, tanto de salud pública como de emergencia, y con ello hemos podido comprobar las fortalezas de nuestro marco legislativo y de nuestro modelo autonómico, que probablemente harán necesarias en el futuro algunas posibles mejoras para garantizar la coordinación y la gobernanza sanitaria, pero que no son tan deficientes ni tan urgentes como para improvisarlas a mitad de la pandemia.

Porque lo que sí hemos comprobado, tanto en el momento álgido de la primera y ahora en la segunda ola de la pandemia, ha sido la utilidad de la legislación del estado de alarma para garantizar el control democrático del confinamiento. También que en los estadios intermedios la legislación de salud pública y la ley de cohesión han facilitado, primero el ejercicio de las competencias autonómicas y, cuando ha sido necesario, las actuaciones conjuntas de coordinación a partir del Consejo Interterritorial de Salud.

La ley de medidas especiales es una ley orgánica que estaba diseñada para dar cobertura legal a las limitaciones e intervenciones en epidemias infecciosas, pero que había tenido como inconveniente el carácter genérico de las medidas y la garantía de los derechos que luego han sido desarrolladas en la legislación contencioso administrativa.

Además, la ley general de salud pública de 2011, aunque ha sufrido el bloqueo de la derecha a su desarrollo reglamentario, ha servido de complemento y actualización en relación a los principios aplicables y, asimismo, con respecto a las nuevas epidemias de enfermedades crónicas y los determinantes sociales.

En definitiva, el obstáculo no ha sido nuestro modelo de estado descentralizado ni el vacío legislativo en emergencias de salud pública. El problema ha estado sobre todo en el antagonismo y la polarización política, que se ha intentado desviar por la propia derecha como ariete frente a la legislación de salud pública y a los problemas de coordinación del sistema autonómico.

Al final, no ha quedado otra salida que el estado de alarma y de nuevo ha vuelto el tabú de la extrema derecha y el negacionismo. El negacionismo de la extrema derecha que ha hecho del confinamiento y el estado de alarma su teoría de la conspiración a la española. La intención eugenésica del Gobierno socialcomunista y sus técnicos, como en los EEUU lo ha sido la de los gobernadores demócratas y del ECDC.

En este sentido, lo que llama poderosamente la atención en España es el seguidismo de la derecha civilizada y centrada del prejuicio sobre la salud pública y el estigma del estado de alarma, y la consiguiente inercia en su gestión de salud pública y atención primaria.

No se trata pues de autonomismo ni de mero patriotismo de partido, sino de la defensa numantina de su mal gobierno en Madrid como cabeza de puente y laboratorio de pruebas de la estrategia alternativa de inmunidad de rebaño.

Otra variante de la equidistancia es la impugnación de todo lo hecho hasta ahora como inútil. Se olvida con ello el acierto del confinamiento en la contención de la primera ola de la pandemia. Sin embargo, el argumento más reiterativo en los mentideros de Madrid es atribuirla a las insuficiencias de la legislación para pandemias. Según ésta habría un marco normativo que desarrollar para evitar el estado de alarma.

Lo que no dicen es cuál es ese marco legislativo de pandemias que al parecer nos falta. En los países de nuestro entorno, salvando sus tradiciones jurídicas y políticas, que también influyen, no ha habido grandes diferencias en cuanto a la legislación de urgencias y de excepción utilizada frente a la pandemia.

Si nos comparamos con Alemania, Francia, Italia o Portugal, las diferencias han sido aún menores con las leyes de infecciones de unos, la de urgencia sanitaria de otro o las de estado de emergencia o de calamidad de Italia y Portugal.

En resumen, que la antipolítica y la equidistancia están de moda, al grito populista de todos los políticos son iguales, y toman a los ciudadanos como rehenes de su pelea por el poder. La antipolítica que emerge siempre que no gobierna o que le va mal en el gobierno a la derecha. Se trata de ocultar la nefasta gestión de Madrid, confundiéndola con el griterío, para eludir su contraste con todas las demás.

Sin embargo ni todos los partidos ni todos los gobiernos lo han hecho igual ni sus resultados son equiparables. No es igual la posición de Madrid y la del Gobierno central ni tampoco la de las comunidades autónomas entre sí, incluso entre la mayoría de las gobernadas por el mismo partido popular. Según esto, no habría diferencias entre más o menos apoyo a la atención primaria, entre más o menos rastreo, entre confinar y no confinar, entre hacerlo a partir de un indicador u otro. En definitiva, la equidistancia entendida como nihilismo.