Los técnicos de Gales dicen que la tarjeta de Dina llegó físicamente intacta pero no pudieron recuperar los datos

Los técnicos de la sede de Gales (Reino Unido) de la empresa Recuperación Express, donde la exasesora de Podemos Dina Bousselham envió su tarjeta de teléfono móvil después de recuperarla, han informado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de que el soporte estaba “físicamente intacto”, pero que no pudieron recuperar el contenido del mismo.

En el informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, de 40 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, la empresa confirma que recibieron la Micro SD el 29 de septiembre de 2017 y que la había enviado la entonces pareja de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira.

Tras analizarla, explica el documento, concluyeron que la tarjeta estaba “físicamente intacta” cuando les llegó, no presentaba “cortocircuitos” y que no pudieron acceder a su contenido utilizando el software especializado de recuperación de datos que utilizan en casos como este.

También dicen que durante su manipulación para el análisis del soporte, los técnicos de la empresa retiraron el revestimiento de plástico que cubre la tarjeta, aunque recalcan que “es posible que eliminaran mucho más del recubrimiento”.

Según explican los técnicos, el proceso que suelen llevar a cabo es utilizar el mencionado software especializado, que en ningún caso produce daños en los soportes. Si este proceso es satisfactorio, recuperan los datos, los almacenan en otro dispositivo y se informa al cliente; en caso contrario, el proceso requiere de otros tratamientos más complejos.

Este proceso suponía un coste extra que la exasesora de Podemos y su pareja decidieron no pagar, así que la empresa de Gales les devolvió la tarjeta de forma gratuita y por correo ordinario, tal y como consta en el informe remitido al magistrado.

La intención de García Castellón al solicitar esta información a la empresa Recuperación Express era averiguar la posible existencia de la comisión de un delito de daños sobre dispositivos informáticos y de un delito de apoderamiento de datos reservados de carácter personal.

Todo ello porque durante la instrucción, el juez estima que desde que la tarjeta del teléfono móvil de Bousselham fue devuelta de manos de la dirección del Grupo Zeta al líder de Podemos, Pablo Iglesias, hasta que éste se la entregó a su exasesora, el dispositivo resultó dañado, ya que ella no había podido recuperar sus datos, mientras por el camino se publicó parte del contenido en medios de comunicación.

Delito de daños sobre dispositivos y apoderamiento de datos

El resultado de esta diligencia es clave, decía el juez, para “el esclarecimiento de la posible existencia” de un delito de daños sobre dispositivos informáticos y otro de apoderamiento de datos reservados de carácter personal, de los que podría ser responsable Iglesias.

Si el juez finalmente considera que el vicepresidente ha incurrido en algún tipo de delito deberá solicitar su imputación mediante una exposición razonada al Tribunal Supremo, al tratarse de un aforado.

Al abrirse esta causa, Iglesias declaró que cuando recibió la tarjeta del presidente del Grupo Zeta, esta funcionaba, mientras que Dina señaló, por su parte, que ella no pudo acceder al contenido de la tarjeta, que según se ha comprobado en la instrucción, se encuentra parcialmente quemada.

Estas contradicciones llevaron al juez a retirar a Iglesias la condición de perjudicado en esta pieza del caso Villarejo, a la vez que rechazó “por precipitada” la propuesta de la Fiscalía de citar a Bousselham para que especificara contra quién iba a ejercer la acción penal o a quiénes, en su caso, otorgaba el perdón por estos hechos.

Ante esta decisión, la exasesora, que ahora dirige un periódico digital próximo al partido, optó por remitir una carta al juez exculpando a Iglesias de los daños en la tarjeta y aseguraba que cuando él se la entregó funcionaba, y que luego dejó de hacerlo.

Iglesias está pendientes del recurso de apelación que interpuso ante la Sala contra su expulsión de la causa, alegando que, a la luz de las diligencias practicadas, “no se ha podido probar aún que el robo del móvil (...) fuese un hecho casual o una actuación deliberada, encaminada a obtener información sensible, privada e íntima” para perjudicarle políticamente.