Los 22 momentos políticos del año 2022

Hay años que parecen durar una década. Y es probable que haya políticos que lo han sentido así después de la cantidad de cosas que han sucedido en este 2022 que ya se despide.

En estos 365 días España ha vivido crisis gravísimas, desde la que vivió el PP con la marcha de Pablo Casado y la sustitución por Alberto Núñez Feijóo, hasta la que se ha producido con el Tribunal Constitucional y su decisión de suspender una votación en el Senado.

Pero también se han sucedido dos elecciones regionales, que han trastocado el panorama político nacional, y leyes polémicas que han generado divisiones internas y enfrentamientos entre partidos.

Estos son son los 22 momentos políticos del año 2022.

El año comenzó con todos los focos puestos en el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por la entrevista que concedió al diario británico The Guardian en la que, según publicaron algunos medios cargaba contra la ganadería asegurando que la carne española era de mala calidad.

Nada que ver, ya que el ministro, que alabó la ganadería extensiva como “ambientalmente sostenible” y criticó las llamadas macrogranjas, que “contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados”.

El asunto provocó la ira de muchos políticos, desde el PSOE, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, hasta la de diputados del PP que llegaron a publicar fotos de filetes en “defensa” del sector cárnico.

El asunto llegó hasta tal punto que incluso hubo presiones para que el presidente del Gobierno cesara al ministro de Consumo, algo que no pasó finalmente.

A finales de 2021, Alfonso Fernández Mañueco decidía romper el Gobierno de Castilla y León, donde gobernaba en coalición con Ciudadanos, con la esperanza de lograr, en unas nuevas elecciones, una mayoría absoluta que el PP daba casi por garantizada.

Pero no fue así, y apenas mejoró dos escaños respecto a los resultados de 2019, viéndose obligado a pactar con el partido de extrema derecha Vox, cuyo candidato, Juan García-Gallardo, ha sido toda una pesadilla para el presidente castellanoleonés.

Con una vicepresidencia sin atribuciones, sus intervenciones parlamentarias, plagadas de declaraciones polémicas, han supuesto un dolor de cabeza para un Mañueco que no tiene más remedio que aguantar si no quiere romper la coalición y forzar unos nuevos comicios. Para colmo, el año ha terminado con esta pifia durante la votación de los Presupuestos.

Tras meses de ruido de sables entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el 16 de febrero estalló la guerra interna en el PP.

El Mundo y El Confidencial aseguraban que el PP había tratado de espiar al entorno de la dirigente madrileña a través del Ayuntamiento de Madrid con el supuesto fin de investigar la adjudicación irregular de un contrato de mascarillas por 1,5 millones de euros a una empresa vinculada a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional.

Según publicaron ambos medios, fuentes del partido avisaron a Ayuso de que se estaba intentando espiar a su entorno familiar para ir contra ella, en el contexto del enfrentamiento que desde hacía meses se estaba produciendo entre la dirección nacional y la dirigente madrileña por sus aspiraciones para liderar el PP de Madrid.

Ayuso tardó apenas unas horas en reaccionar. Convocó a los medios y dio una rueda de prensa en la que señaló a la dirección nacional del PP y a su entonces presidente, Pablo Casado, y reclamó que se depurasen responsabilidades.

En esa comparecencia lo más suave que dijo fue “buenos días”.

El serial del PP tenía todavía varios episodios. La respuesta de Pablo Casado en la COPE es otro de los momentos políticos del año. Fue a la mañana siguiente de la rueda de prensa de Ayuso.

“No me lo merezco”, dijo a Carlos Herrera el todavía entonces presidente del PP, molesto con la presidenta madrileña.

Era la primera vez que oíamos a Casado tras los ataques de Ayuso, que habían sido contestados desde el PP por parte de su secretario general, Teodoro García Egea, que anunció la apertura de un expediente a Ayuso y no descartó acciones legales contra ella por sus “infundios y calumnias”.

En la entrevista en la COPE, Casado explicó que habían tenido conocimiento del supuesto cobro de comisiones por parte del hermano de Ayuso en el mes de septiembre y que le pidieron explicaciones a la presidenta madrileña. Y de aquellos polvos, estos lodos, porque no habían obtenido respuesta convincente.

En los micrófonos azules de la COPE, el entonces presidente del PP dejó una frase para la historia política de España: “Más allá de que sea ilegal, que es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas”

La batalla interna en el PP la terminó ganando Ayuso y tanto Pablo Casado, como presidente del partido, como Teodoro García Egea, como secretario general, acabaron abandonando sus cargos en el PP.

Quedaba un último trago para él: hacer la última pregunta parlamentaria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le deseó desde la diferencia política “lo mejor” en el terreno personal.

Tras pronunciar su pregunta —por cierto, sin mascarilla, para protagonizar un momento importante— y escuchar la respuesta de Sánchez, decidió no dar réplica y abandonar su escaño.

Fue el adiós de Casado al Congreso de los Diputados, por donde no le hemos vuelto a ver.

Donde sí le vimos de nuevo fue en el Congreso del PP que eligió a Feijóo como nuevo líder del partido.

Allí se produjo el momento que muchos esperaban: el reencuentro con Isabel Díaz Ayuso, visiblemente incómoda tras verse con quien fuera líder del PP.

De ese Congreso salió un nuevo liderazgo en el PP, el de Alberto Núñez Feijóo, hasta entonces presidente de Galicia, cuya llegada a la presidencia del partido supuso un impulso electoral que, sin embargo, se ha ido desinflando en los últimos meses del año.

En su primer discurso como nuevo líder ‘popular’, Feijóo se vendió como un hombre de Estado, prometió hacer una “política de adultos” y habló de traer al país un cambio “profundo y tranquilo” frente al Ejecutivo de Sánchez. “Estamos aquí no para ganar un congreso, sino para ganar elecciones. (...) Mi compromiso no tiene fecha de caducidad”, dijo.

En su llegada a Génova 13, Feijóo remodeló la dirección nacional y dio cargos de poder a dirigentes gallegos de su confianza y también a nombres importantes del PP andaluz, como Elías Bendodo, que se convirtió en el ‘número tres’. También sorprendió al aupar a la Secretaría General a la entonces portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

Mientras en el PP trataban de resolver sus cuitas internas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendía al dar un giro histórico en las relaciones de España con Marruecos y, sobre todo, con el Sáhara Occidental.

Porque el Ejecutivo marroquí anunció el 18 de marzo que España apoyaba la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, que supone de facto enterrar cualquier perspectiva de independencia de Marruecos para la antigua colonia española. De hecho, en la propuesta se descarta por completo cualquier posible independencia del Sáhara y sólo se contemplan cesiones de autonomía puntuales.

El asunto fue considerado una “traición” por parte del Frente Polisario y provocó una crisis diplomática inmediata con Argelia, país que siempre ha rechazado la propuesta marroquí y que es uno de los principales suministradores de gas a la Península Ibérica.

El giro español hizo que las autoridades argelinas llamaran a consultas a su embajador en Madrid. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, trató de calmar las aguas asegurando que Argelia seguía siendo “un socio estratégico” y “muy fiable” que “está llamado a perdurar en el tiempo”.

El 19 de junio, Juanma Moreno se convirtió por méritos propios en uno de los dirigentes más destacados del PP a nivel nacional.

El presidente andaluz decidió adelantar las elecciones y obtuvo un resultado histórico para su partido: en un territorio dominado por el PSOE durante las últimas décadas, lograba la primera mayoría absoluta del PP en Andalucía.

Lograba así quitarse a Ciudadanos como socio y evitar tener que depender de la extrema derecha como le pasó a su compañero de partido Fernández Mañueco en Castilla y León.

También se ha evitado los problemas que están teniendo otros dirigentes autonómicos y locales —tal es el caso de Madrid tanto en la capital como en la comunidad— para sacar adelante sus Presupuestos.

Uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza ha generado al Gobierno e coalición y que más tensiones entre socios ha provocado en Moncloa.

El 24 de junio, al menos 23 migrantes murieron al intentar saltar la valla de Melilla tras producirse una avalancha humana tras la actuación de las fuerzas de seguridad de Marruecos y de España, que se emplearon a fondo contra los que trataban de acceder a territorio español.

Según numerosas organizaciones humanitarias —que elevan las cifras de fallecidos— y una investigación independiente de medios de comunicación, en suelo melillense falleció al menos un migrante al ser aplastado por la muchedumbre.

Una versión de los hechos que contrasta con la que ha ido dando desde entonces el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Es más, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a hablar de que el asunto estuvo “bien resuelto”.

Muchos lo estaban esperando y finalmente el 8 de julio, en Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó su plataforma Sumar.

Según ella misma la definió, se trata de un “movimiento ciudadano” que busca plantear “un nuevo contrato social democrático”. Para ello, esta plataforma ha contado con el trabajo de numerosos expertos que han elaborado un programa con el que, previsiblemente, Díaz concurrirá como candidata a las elecciones generales del 2023. Eso sí, en 2022 no se despejó la gran incógnita sobre Sumar: si irá de la mano con Podemos o no.

Macarena Olona fue la candidata de la formación de extrema derecha Vox a las elecciones andaluzas.

Quien fuera azote de Vox se presentó por ‘Graná’, como ella misma decía, logrando un resultado malo para su partido, que no pudo evitar la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, por lo que la ultraderecha, que había sido necesaria en el anterior gobierno de coalición, pasó a ser inútil en a nivel aritmético en el Parlamento.

Esto provocó tensiones entre la candidata y la dirección nacional del partido, que acabaron por estallar a finales de julio, cuando Olona decidió dejar la política por razones de salud.

Sin embargo, meses después de tomar esta decisión ha ido deslizando otros motivos por los que decidió alejarse de Vox y, de hecho, se ha convertido en azote de la que fuera su formación con duros ataques tanto en los medios como en las redes sociales.

Su último movimiento político: crear la fundación Igualdad Iberoamericana, que presidirá y con la que, en un principio, no se presentará a ningunas elecciones.

Tras acceder a la presidencia del PP, Feijóo tenía un dilema: ¿cómo se podría enfrentar a Sánchez ‘cara a cara’?

La solución estaba en el Senado, al que el gallego accedió al ser nombrado por su partido senador por designación autonómica.

No es el Congreso, pero ahí tenía la oportunidad de confrontar con el jefe del Ejecutivo.

No han sido muchas, pero las veces que ha ocurrido no han sido precisamente tragos agradables para el presidente del PP. Más bien, lo contrario.

El líder popular ha ido metiendo la pata debate tras debate, con errores de bulto a la hora de aportar datos.

Y para colmo, la sensación siempre ha sido que Sánchez se lo acababa comiendo en el choque dialéctico.

Ha sido una de las claves de que el ‘efecto Feijóo’ se haya ido diluyendo, también en las encuestas.

Otro de los asuntos que ha dividido al Gobierno de coalición y, más concretamente, al seno del PSOE. Un sector feminista del partido, liderado por la exvicepresidenta Carmen Calvo, trató de evitar que se aprobase una norma que finalmente salió adelante en el Congreso en las últimas semanas del año.

Todo, eso sí, gracias a que los socialistas vieron cómo la Cámara Baja echaba para atrás la enmienda que habían presentado para darle mayor “seguridad jurídica” a la ley.

La división en el PSOE fue tal que una histórica del partido, Carla Antonelli, primera diputada trans de la democracia, se dio de baja de la formación por la postura que mantenía ante esta norma.

Esta ley permite la autodeterminación de género desde los 16 años sin aval judicial ni hormonación.

Madrid fue la sede en junio de una de las cumbres de la OTAN más decisivas de los últimos años, en plena guerra en Ucrania tras la invasión rusa, en la que los países que la conforman advirtieron a Rusia de que estaban preparados para confrontar sus agresiones.

La cumbre fue un rotundo éxito organizativo, según declararon todos los participantes, y fortaleció la imagen internacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anfitrión del evento.

Además, dejó imágenes históricas —como la de Draghi en el Museo del Prado— y algunas más cómicas. 

En septiembre, las tensiones que arrastraban los socios de gobierno en Cataluña terminaron por romper la cuerda que unía a la coalición.

El presidente catalán, Pere Aragonès, decidió el 28 de ese mes cesar al vicepresidente, Jordi Puigneró, de Junts, por “pérdida de confianza” tras la petición de este partido de una moción de confianza al propio president.

Una semana después, las bases de Junts decidían que el partido debía salir del Govern, rompiendo definitivamente la coalición. Poco tardó Aragonès en recomponer su equipo con figuras cercanas al PSC y a los comunes.

Cuando todo parecía estar hecho, el PP decidió a última hora romper la negociación con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace cuatro años.

Los populares acusaron al Ejecutivo de querer abordar la reforma del delito de sedición, algo que consideraron inaceptable aunque la propia ‘número dos’ del PP, Cuca Gamarra, había asegurado días antes que este asunto estaba al margen de la negociación.

Todo ocurrió un 27 de octubre, fecha desde la cual la mesura con la que Gobierno y PP se habían tratado saltó por los aires y comenzaron las acusaciones y se recuperó el alejamiento.

El 2022 ha acabado todavía sin acuerdo en esta materia, en lo que supone una de las crisis institucionales más graves de la historia democrática.

Una ley pionera se ha terminado convirtiendo en un grave problema para el Gobierno. Una norma que pone el consentimiento en el centro y permite castigar como violación lo que antes era un mero abuso, se ha topado con una situación totalmente inesperada: la rebaja de penas a agresores sexuales.

Porque la ley rebaja las penas mínimas en algunos tipos penales, por lo que los jueces están aplicando el principio de retroactividad de la ley más favorable al condenado.

Pese a que la Fiscalía General instó a que no se hiciese, el Supremo ha asegurado en la sentencia del ‘caso Arandina’ que tiene que aplicar sí o sí la pena más baja.

La situación está siendo aprovechada por la oposición para cargar contra el Gobierno y también ha generado críticas en algunos sectores del PSOE.

El año ha acabado con el Ejecutivo aprobando un añadido a la reforma del Código Penal en el que, en la exposición de motivos, quiere dejar claro que existen limitaciones para la rebaja de condenas si la pena está incluida en las horquillas de la nueva ley.

Precisamente las críticas a esta reforma elevaron la tensión en el Congreso, donde una diputada del partido de extrema derecha Vox cruzó todos los límites al asegurar que el ”único mérito” de la ministra de Igualdad, Irene Montero, había sido “haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”, en referencia al exvicepresidente, su pareja y padre de sus hijos.

Días después, la propia Montero era protagonista de la bronca política en el Hemiciclo al acusar al PP de “fomentar la cultura de la violación” con campañas institucionales contra la violencia de género como la de la Xunta de Galicia, en la que se culpabilizaba a las víctimas por su forma de vestir.

Un día antes, la Presidencia del Congreso había quitado la palabra a una diputada de la extrema derecha por llamar “filoetarras” a algunos socios del Gobierno. Como protesta, los parlamentarios ultras decidieron abandonar la Cámara.

El ruido político por la rebaja de penas con la ley del ‘sólo sí es sí’ tuvo una derivada en la izquierda española: los ataques de Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, contra Yolanda Díaz.

Todo porque, según Iglesias, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no fue lo suficientemente contundente en la defensa de su compañera de Gobierno, la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras las críticas de la derecha a la ley.

“La cacería de esta semana confirma que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido”, escribió en Twitter Iglesias junto a otras dos “lecciones” que extraía de la polémica: “la degradación creciente de buena parte del periodismo” y “que la derecha judicial es un actor político”.

Días antes, desde los micrófonos de la SER, Iglesias acusó a Sumar, la plataforma política de Díaz, de no dar “la misma generosidad” que recibe de Podemos, y puso el ejemplo del acto de Valencia, organizado por Compromís, en el que Yolanda Díaz compartió escenario con, entre otras, Mónica García (Más Madrid) y Mónica Oltra.

En ese sentido, Iglesias pidió “respeto” para Podemos y sus militantes y lanzó este mensaje a Díaz: “Compañera te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra. ¿Por qué no está Ione Belarra a tu lado? Respétanos. Lo que has hecho en el Ministerio de Trabajo es histórico, gracias a que existió un partido que te defendió como ministra de trabajo, que no fue el tuyo, sino Podemos”.

Palabras similares había pronunciado el propio Iglesias en la Universidad de Otoño de Podemos.

Ciudadanos celebrará a principios del mes de enero primarias para elegir a su nuevo líder y habrá duelo por todo lo alto entre Inés Arrimadas, actual presidenta, y el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal.

Bal, quien fuera candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid y no lograse representación, presentó su candidatura como “un revulsivo” para un partido cuyas perspectivas electorales le abocan a la desaparición en la mayoría de los territorios tras las autonómicas y municipales del mes de mayo.

Ante este movimiento, Arrimadas decidió no competir contra él pero sí apoyar una candidatura de unidad que también cuenta con el respaldo de Begoña Villacís.

Ha sido de lo último del año pero de lo más grave que ha pasado en 2022. El Tribunal Constitucional, a instancias del PP, decidía anular la votación en el Senado de dos enmiendas para reformar el Código Penal que habían presentado los partidos del Gobierno.

Los populares alegaron en su petición de medidas cautelares que, en la tramitación de las enmiendas, se habían vulnerado sus derechos como diputados.

El Constitucional, con mayoría conservadora y con buena parte de sus miembros con el mandato caducado, votó a favor de anular la votación del Senado, produciéndose una de las mayores crisis institucionales que se recuerdan en democracia.

Algunos partidos hablaron de ataque del poder judicial al legislativo y rápidamente se impulsaron medidas para, mediante una proposición de ley, renovar el Constitucional.

Finalmente, días antes de acabar el año, los vocales del Poder Judicial de los que dependían la renovación final del TC, acordaron, merced a un movimiento de los vocales progresistas, votar a favor de la propuesta de los conservadores, logrando finalmente que el organismo quedara renovado, con mayoría de magistrados progresistas.