La politización de los problemas psiquiátricos

Es muy raro. Llevamos más de una semana discutiendo sobre un tema en el que estamos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que el delito de injurias y calumnias a la Corona debe ser abolido o, al menos, reestructurado dentro de otras figuras jurídicas en donde todos los españoles resultemos protegidos por igual, seamos o no miembros de la Casa Real. Todos estamos de acuerdo en que el delito de enaltecimiento del terrorismo debería quedar limitado a aquellas actuaciones que claramente hayan funcionado como coadyuvantes de la actividad terrorista. Todos estamos de acuerdo en que, cuando los límites del derecho a la libertad de expresión rocen los límites de las anteriores figuras delictivas, deberá ser aquella la que prevalezca sobre éstas.

Llevo una semana hablando con gente de toda ideología política y leyendo todo tipo de columnas de opinión. Ni en una sola se ha valorado siquiera la posibilidad de que la motivación de los protagonistas de los altercados de estos últimos días sea genuinamente política.

Nadie, salvo que crea que cuando un Ultra Sur del Real Madrid apaleaba a un fanático del Frente Atlético lo hacía motivado por defender los regates de Cristiano Ronaldo, se cree que lo que hace que un antifa trocee una baldosa del suelo para lanzar los cascotes a la policía es su profundo compromiso con la defensa de la libertad de expresión. La diferencia entre ver en el encarcelamiento de Pablo Hasél una injusticia que cabe denunciar en la calle o ver en ello una excusa para dar rienda suelta a problemas mentales violentos en un entorno de narcisismo, adrenalina y subcultura de grupo, la percibe cualquiera al que no le convenga no percibirla.

Todos, sin excepción, sabemos que la última sentencia por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la Corona no hubiera supuesto el ingreso en prisión del encausado si no constaran en su currículo otra lista de delitos previos, algunos de esta misma naturaleza y otros relacionados con allanamientos o con agresiones a periodistas.

Todos, sin excepción, hemos leído sus tuits proponiendo bukakes —eyaculaciones colectivas— sobre las feministas, deseando un accidente de avión en el que muera la plantilla del Betis o pidiendo a ETA que ponga una bomba en el coche de Patxi López. Todos, sin excepción, estemos en el punto del espectro político que estemos, asentimos más o menos claramente cuando se nos pregunta si creemos que Pablo Hasél es un psicópata. Todos, también, entendemos que no debería estar en la cárcel.

Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Si mezclamos el famoso tuit de Echenique sobre los disturbios de esta semana con las famosas declaraciones de Iglesias sobre Hasél de hace unos años, nos encontraremos con Podemos felicitando a los antifascistas por defender la libertad de expresión de gente cuyos problemas no son políticos sino psiquiátricos.

El caso Hasél no es el único ejemplo de que la política y la psiquiatría comienzan a estar demasiado juntas, unidas por las redes sociales —¿por qué decimos redes sociales cuando queremos decir Twitter?—, ese ecosistema siniestro que moldea darwinianamente personajes más y más psicopáticos, siguiendo el principio de la selección del más trastornado.

Si estamos todos de acuerdo en el análisis del caso Hasél, ¿no es el momento de ponerse también de acuerdo en que nadie debe sacar tajada política de los rebotes caprichosos que llegan en ocasiones desde el ámbito de los problemas de salud mental?