La ONU da 60 días al Gobierno para informar del espionaje con Pegasus y cómo reparará a las víctimas
Los relatores exponen una "preocupación muy seria" por el "extenso espionaje" que "parece ser una interferencia" al derecho a reunirse pacíficamente.
Relatores de la ONU se ha dirigido al Gobierno de España, a raíz de una denuncia de ERC, para pedir que en el plazo de 60 días informe sobre el presunto espionaje llevado a cabo con el sistema Pegasus a líderes independentistas, para que exponga cómo reparará a los afectados, sancionará a los culpables y evitará que se vuelva a repetir.
Así lo han exigido tres relatores especiales de Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías; la promoción y protección de derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, según la nota de prensa emitida este martes por ERC.
Esta comunicación responde a la información recibida por Naciones Unidas y enviada desde Ginebra por la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en nombre de los republicanos presuntamente espiados y en coordinación con el resto de organizaciones afectadas por el llamado ‘Catalangate’.
En el escrito que acompaña la nota de prensa de ERC, fechado el 24 de octubre de 2022, los tres relatores exponen al Gobierno que han recibido una comunicación denunciando el presunto espionaje mediante el uso de software espía Pegasus y Candiru sobre un “amplio número de personalidades y activistas catalanes durante el período 2017-2020”.
“Las víctimas de los complejos y sofisticados programas de espionaje incluyeron líderes catalanes, miembros del Parlamento Europeo, legisladores, juristas y miembros de organizaciones de la sociedad civil”, precisan y recuerdan que este software se vende únicamente a los gobiernos, según su productor (NSO Group, con sede en Israel), y con él se infectaron los dispositivos electrónicos de al menos 65 personas.
Entre los afectados citan a Pere Aragonès, al abogado de Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde; a Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y a Marta Rovira, entre otros.
“Preocupación muy seria”
Tras exponer los hechos, los relatores expresan su “preocupación muy seria” por lo que “se informa como un programa de espionaje extenso y bien coordinado sobre activistas y figuras públicas prominentes de la minoría catalana”.
En su opinión, este presunto espionaje “parece ser una interferencia en su derecho a tener y expresar libremente sus puntos de vista, intercambiar y difundir información e ideas, a reunirse pacíficamente y participar en asociaciones, a tener vida privada y privacidad en la correspondencia, y a ser iguales ante la ley y con derecho a igual protección de la ley sin discriminación alguna”.
Los relatores acompañan su escrito con un anexo en el que se recogen las “referencias al derecho internacional de los derechos humanos”. Dicho esto, recuerdan que su mandato es “intentar clarificar las alegaciones” que les ha presentado ERC.
“Conexiones” entre el espionaje y las autoridades españolas
Para ello, reclaman que el Gobierno les envíe en el plazo de 60 días: cualquier información sobre las alegaciones mencionadas en el escrito; toda la información disponible sobre las investigaciones oficiales de las denuncias de espionaje; aclaraciones sobre las “conexiones” entre el espionaje y las autoridades españolas; sobre como Pegasus podría haberse utilizado contra ciudadanos españoles pertenecientes a “minorías” si “supuestamente” se vende solo a los gobiernos.
Además pide que diga cómo planea “remediar” las “eventuales inconsistencias con las normas internacionales de derechos humanos” y qué tiene previsto hacer el Gobierno para garantizar “la reparación de las víctimas y la no repetición de las actividades de espionaje denunciadas”.
Advierten de que transcurridos esos 60 días de plazo harán públicas tanto la presente comunicación así como la respuesta recibida del Gobierno español y también estarán disponibles ambas en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.
Finalmente, reclaman al Ejecutivo que “adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades” de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Y reclaman que se tomen las medidas efectivas para evitar que los hechos se repitan.
ERC expone en su nota de prensa que “seguirá exigiendo” al Gobierno que sea transparente sobre qué entidades gubernamentales utilizaron Pegasus para espiar, que asuma las responsabilidades pertinentes y que garantice que hechos como éstos no vuelvan a producirse. Además, le reclama que “repare a las víctimas, tal como pide Naciones Unidas”.
A ello añaden que también esperan que esta resolución impulse a la justicia española a “dejar de entorpecer el curso de las querellas presentadas y lleve a cabo una investigación efectiva de los casos de espionaje denunciados”.
