La justicia rechaza la petición de Rajoy de paralizar la investigación andorrana de la 'operación Catalunya'
Una jueza investiga una querella contra el expresidente y dos exministros por supuestas presiones a la Banca Privada d’Andorra para obtener información de políticos catalanes durante el 'procés'.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha levantado la paralización de la comisión rogatoria cursada por las autoridades de Andorra para comunicar la imputación del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la causa abierta sobre la “operación Cataluña”.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso del TSJM ha rechazado la petición que hizo Mariano Rajoy para que se suspendiera cautelarmente la ejecución de la comisión rogatoria a Andorra, donde una jueza investiga una querella contra el expresidente y los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro por supuestas presiones a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés.
El tribunal reactiva así el trámite para que la jueza andorrana comunique la imputación a Rajoy, en sintonía con el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que se opusieron a suspender cautelarmente la ejecución de la comisión rogatoria.
¿Qué es la ‘operación Catalunya’?
En la comisión rogatoria, del 20 de mayo de 2022, constan como querellados Mariano Rajoy, Crostóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado Francisco Martínez y el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, así como los exmandos policiales Eugenio Pino y Bonifacio Díez.
Según recoge dicho escrito, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conocer “mediante vías ilegales” una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana” de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.
Por ello, los querellados están investigados por presuntos delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso.
Según un comunicado de los abogados impulsores de la querella, la justicia andorrana ha ampliado la querella interpuesta por dos entidades, Juristes Drets y l’Institut de Drets Humans d’Andorra (Idha), a la que posteriormente se adherieron el presidente de Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini Cierco i Noguer, y el ceo de la entidad, Joan Pau Miquel.
La ampliación de la querella que afecta al Gobierno de Rajoy
En 2020 Andorra admitió una segunda ampliación de la querella inicial: investiga a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz por un supuesto delito de falsedad de documentos por remitir información falsa a autoridades estadounidenses para perjudicar a la BPA; y a Rajoy y a Montoro por un supuesto delito contra los órganos constitucionales por supuestamente intimidar al jefe del Gobierno andorrano y sus ministros para que liquidasen la entidad financiera.
También a Fernández Díaz, y a sus entonces subordinados, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, por los presuntos delitos de amenazas, extorsiones y chantaje.
En un primer momento, la querella se dirigía contra el inspector jefe de la Policía Nacional que fue agregado en la Embajada española de Andorra, Celestino Barroso Sánchez, y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas, quienes presuntamente coaccionaron y extorsionaron a los dirigentes de la BPA para conseguir datos de supuestas cuentas bancarias andorranas a titularidad de los Mas, Pujol y su familia y Junqueras.
La primera ampliación de la querella afectó al exDAO Eugenio Pino, superior de ambos, y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano.
