La Justicia escocesa aplaza al menos hasta agosto cualquier decisión sobre Ponsatí

El tribunal de Edimburgo que analiza la euroorden presentada por España para obtener la entrega de la exconsellera de Educación catalana Clara Ponsatí ha solicitado más tiempo para estudiar el caso y ha convocado a las partes para una serie de vistas que arrancarán el 30 de julio y durarán dos semanas, según su abogado, Aamer Anwar.

Ponsatí ha llegado este jueves por la mañana a la corte acompañada de Anwar y arropada por varias decenas de personas que habían acudido a apoyarla. Antes de entrar, el abogado ha realizado una breve comparecencia ante los medios en la que denunció que la euroorden era un instrumento de "represión política" en el caso de su cliente.

A su salida, ha insistido en esta misma tesis y ha confirmado que el tribunal ha solicitado más tiempo para resolver el futuro de Ponsatí. Así, se han fijado sendas vistas preliminares para el 15 de junio y el 3 de julio, mientras que se ha establecido el inicio de un proceso "completo" a partir del 30 de julio que durará dos semanas.

Su defensa habla de "motivaciones políticas"

Anwar, que ha comparecido acompañado de Ponsatí -la exconsellera no ha realizado declaraciones-, ha repasado los argumentos que defenderá ante el tribunal para impugnar la entrega de su cliente y ha dicho que las acusaciones tienen "motivaciones políticas". En este sentido, ha alegado que se quiere procesar a la exconsellera por sus "opiniones".

Para el abogado, la petición de entrega es "injusta" e "incompatible con los Derechos Humanos" y, además, ha esgrimido que el delito de rebelión no tiene equivalente en Escocia, por lo que legalmente no cabría su entrega por este delito. El Tribunal Supremo también le atribuye a Ponsatí el delito de malversación.

Anwar, que ha apelado a la defensa histórica de los derechos y libertades en Escocia, también ha aprovechado para recriminar que las autoridades españolas no hayan aludido en ningún momento del proceso a los "abusos" cometidos por las fuerzas de seguridad durante la celebración del referéndum del 1 de octubre. "En una democracia civilizada, los agentes policiales deberían ser los guardianes de la ley", ha apostillado.