La delegada del Gobierno en Madrid declara este lunes como investigada por el "caso Mercamadrid"

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha sido llamada a declarar este lunes por la presunta comisión de un delito societario dentro del conocido como 'caso Mercamadrid', según confirmaron en su momento a Europa Press fuentes del organismo gubernativo.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid también ha citado como investigada a la consejera delegada de Konin 22 (la empresa que se hizo con el concurso traspasando los derechos a Merca Ocio), María López Álvarez.

En calidad de testigos, serán interrogados este mismo días el entonces jefe del departamento comercial de Mercasa, Florencio Casillas; y el expresidente de Mercasa Eduardo Ameijide. En total, el juez investiga a un total de 14 personas.

Dancausa ya compareció el pasado 20 de julio en la Comisión Constitucional del Congreso tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid de incoar diligencias por presunto delito societario contra ella en su etapa como concejal delegada de Economía y Hacienda y presidenta de Mercamadrid en 2013, y otros exmiembros del consejo de administración de esta sociedad mixta, tras la denuncia cursada por la Fiscalía Provincial de Madrid.

DEFENDIÓ QUE EL CONTRATO ESTABA AVALADO POR LOS INFORMES TÉCNICOS

Esa actuación se produjo después de que el actual concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la actual presidenta de Mercamadrid, Marta Higueras, acudieran a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar presuntas irregularidades en relación al contrato de Mercamadrid y Merca Ocio, que acarrearía un perjuicio patrimonial de 11 millones de euros.

En su declaración, la delegada del Gobierno en Madrid defendió que el contrato de Mercamadrid y Merca Ocio estaba avalado por los informes técnicos (en los que no participó), y rechazó que ese acuerdo supusiera un daño patrimonial de 11 millones de euros a las arcas municipales. Además, se mostró 'indignada' por la decisión de la Fiscalía de aceptar la denuncia cursada con intención 'torticera' por parte del equipo de Gobierno de Ahora Madrid.

Concepción Dancausa detalló, a su vez, que existe un informe elaborado por el despacho de abogados en 2016 a petición de Mercasa, no incorporado en la denuncia, que concluye que la operación 'no presenta ninguna irregularidad'. En la misma línea, aludió a otro informe de la Abogacía del Estado que recomendaba la rescisión del contrato pero no recurrir a la vía judicial.

Por otra parte, aseguró que se trataba de una operación a tres bandas (Mercamadrid, Merca Ocio y Mercasa) que era 'beneficiosa' para Mercamadrid porque iba a evitar un litigio que se podía 'perder' con Mercaocio desde 2011, que hubiera supuesto pagar 8 millones de euros.

LA DENUNCIA DE LA FISCALÍA

En 2001 la empresa Mercamadrid S.A., participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Madrid, convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie suya de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.

Mercamadrid estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22 cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera.

Siguiendo el relato de la Fiscalía, Merca Ocio comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado.

Merca Ocio, por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8 millones de euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

"ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO"

El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Meca Ocio y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla, "incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional".

El 31 de octubre de 2013 Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la vicepresidenta Segunda de Mercamadrid María Dolores Flores Cerdán. Fue ella misma quien un mes más tarde suscribió en representación de Mercamadrid con Merca Ocio dos acuerdos de transacción que puso fin a la vía judicial.

Para la Fiscalía el "enriquecimiento ilícito" de Merca Ocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208,40 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013 cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377,20 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.

En total, hasta octubre de 2016 Merca Ocio recibió 2.255.349,51 euros "para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno".

También recuerda la Fiscalía que el acuerdo no resultaba "equitativo" para ambas partes ya que Merca Ocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda "perfectamente contrastada" y a su compensación con rentas futuras. Incluso, subraya que, en contra de lo que afirmaba el informe técnico, la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios no era "viable".

Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81 por ciento superior al precio de mercado y deja bien claro que en el "momento actual" no consta "si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Merca Ocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos".