La defensa de una prensa libre: el mejor antídoto contra el autoritarismo

El tribunal de Woolwich (Londres) está siendo testigo estos días de las audiencias del juicio donde se decidirá si Assange es extraditado o no a Estados Unidos. Este pasado lunes fue el primer día de dichas audiencias, y supuso una jornada crucial, no solo por ser el inicio formal del proceso, sino también porque la Administración Trump ha explicado sus argumentos para pedir esta extradición. 

Recodemos que Estados Unidos reclama la extradición de Assange y le acusa de conspiración y espionaje por su participación en una serie de filtraciones que fueron fundamentales para desvelar graves delitos, como crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos que el ejército estadounidense cometió durante las guerras de Irak y Afganistán. Uno de los episodios más conocidos fue el llamado “daño colateral”, en el que tropas estadounidenses abrieron fuego contra la población civil en Irak. No deja de ser paradigmático que Assange se encuentre ahora en una prisión de máxima seguridad por haber revelado al mundo uno de los mayores escándalos políticos de violación de los derechos humanos, y que los responsables no solo no estén en prisión, sino que no parece que ni tan siquiera vayan a ser juzgados. 

Se trata además de un juicio polémico y profundamente cuestionable. Una de las cuestiones más lamentables es, sin duda, la propia acusación: la extradición por espionaje y conspiración. Además de las razones obvias de por qué esta acusación no debería de tener ningún tipo de legitimidad por existir un derecho superior (el derecho a la información y a la libertad de prensa), es problemática también desde el punto de vista de la propia legislación norteamericana. Como hemos denunciado los que defendemos a Assange y la libertad de información, la famosa primera enmienda anularía la aplicación de cualquier ley que impidiese la libertad de prensa y de expresión. Desde esta perspectiva, las acusaciones para su extradición podrían ser incluso inconstitucionales en EEUU.

Otro elemento es que, durante esta primera audiencia, la Administración Trump se ha empeñado en atacar la imagen de Assange como periodista y presentarlo como un peligroso hacker informático. Sin embargo, como hemos escuchado hoy, todos y cada uno de los y las profesionales de la información allí presentes defendían que lo que ha hecho Assange -encriptar información- no es más que la práctica habitual de cualquier periodista de investigación que se precie y que trabaje en la era de la digitalización de la información. 

Los abogados de la acusación también han dedicado gran parte de sus esfuerzos a justificar las acciones y crímenes de guerra que destapó la filtración de Wikileaks. Recordemos que la información que revelaron tanto la soldado Chelsea Manning como el propio Assange, jugándose su propia libertad, no solo defendía el derecho a la información, sino que atacaba la impunidad de los crímenes de guerra de un ejército que se cree al margen del derecho internacional y de los derechos humanos.

Relacionado también con la cuestión del derecho y la legislación, es fundamental recordar que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU ha reclamado en varias ocasiones la libertad de Assange al Gobierno británico, al tiempo que ha criticado severamente que se mantenga al periodista en una prisión de alta seguridad que no corresponde a los delitos por los que es acusado en el Reino Unido. Y tampoco se puede olvidar que la nueva directiva europea sobre denunciantes e informadores, aprobada mientras el Reino Unido todavía formaba parte de la UE, añade como elemento esencial: el interés público. Es decir, establece que cuando un profesional de la información descubre secretos de interés público, éste “no debe de ser procesado” por esta causa. Una norma que debería de haber sido vinculante en el Reino Unido para invalidar el proceso de extradición a los EEUU. Una invalidación que, de hecho, este país decidió no hacer efectiva al mantener a Assange en la cárcel cuando Ecuador le retiró el estatuto de refugiado. Todo, supuestamente, por no pagar la fianza que se le había impuesto.

Por otro lado, no es menos polémico y cuestionable que la propia ley de espionaje que se está utilizando para intentar justificar la extradición del fundador de Wikileaks date de 1917, y que sea una ley que se creó, precisamente, para acallar voces disidentes de líderes socialistas que se manifestaron en contra de la participación de EEUU en la Primera Guerra Mundial. Parece que la historia se repite y que acallar a la disidencia contra la guerra y los abusos se vuelve a poner en el centro de la administración norteamericana.

Y más allá de las cuestiones polémicas, están los escándalos políticos que han salido a relucir de forma reciente y que reflejan hasta dónde puede llegar la defensa de los intereses de la Administración Trump. Estamos hablando de las escuchas ilegales que habría sufrido Assange durante su estancia en la embajada de Ecuador, a instancias del propio Gobierno de los EEUU. O de los intentos de soborno de la administración Trump al propio Assange, ofreciéndole el indulto a cambio de que negara las supuestas injerencias rusas en las elecciones del 2016.

Todo ello no hace sino añadir más peso al argumento principal que sostenemos los que hemos venido como observadores a las audiencias: que este juicio es un caso de persecución y de censura política, y que posicionarse en contra de la extradición de Assange a EEUU es defender la libertad de prensa y de información. Por lo tanto, mantenerse al margen y no reclamar la paralización de la acusación y del juicio de extradición, mandaría un mensaje directamente contrario al derecho a la información y la defensa de la democracia. El mensaje vendría a decir algo así como que, aunque te juegues la vida para defender estos principios, al final nadie te va a proteger. Sin embargo, la impunidad y la persecución de la prensa no se pueden conjugar de ninguna manera con la democracia. Hay que tomar partido.