El fiscal general del Estado ve "insostenible" que el CGPJ lleve casi cuatro años sin renovarse

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dicho que es “insostenible” la situación del Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación está pendiente desde hace casi cuatro años, y que es “obligado” que los principales partidos se sienten “a pactar candidatos sin condiciones previas” y “cuando toca”.

En declaraciones a Radio Nacional de España, García Ortiz ha señalado que la situación “es insostenible” y critica que “haya condiciones previas para sentarse a pactar unos candidatos”.

″¿Eso dónde lo pone?, ¿Dónde pone la Ley Orgánica del Poder Judicial que haya que cambiar cosas antes de sentarse, que es el mandato constitucional?”, ha cuestionado.

El nuevo fiscal general del Estado ha asegurado que España tiene “un sistema parlamentario de elección que podemos modificar perfectamente también”. “Todo es lícito y todo se puede plantear y hay que plantear alternativas si el sistema no satisface”, ha advertido.

De todas formas ha aclarado que el “engranaje es muy complejo” porque cree que “no va a participar la sociedad en la elección del Consejo”. “Por qué solo pueden pertenecer a él los jueces y por qué no pueden participar también los fiscales”, ha preguntado.

Pero ha recalcado que “es un deber constitucional preservar las instituciones cuando toca, en el momento que toca y sin condiciones sentarse a ver qué fórmulas de acuerdo se pueden tener para designar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.

También ha sido preguntado por el debate sobre los indultos para excargos políticos reabierto a raíz del caso ERE y la condena al expresidente de Andalucía José Antonio Griñán por malversación y si considera que habría que impedir por ley limitar su uso para políticos.

García Ortiz ha recordado que “la ley del indulto es de 1870 pero el indulto es algo casi consustancial a la justicia. Es un instrumento que es criticado, alabado, utilizado y con el que convive la justicia desde hace muchos años”.

“Por qué no revisar las normas, no pasa nada, pero hay que revisarlas con un sentido de futuro, no por un caso concreto o por unas conductas concretas sino viendo qué sentido tiene la institución del indulto en el siglo XXI, qué potestades le damos al Ejecutivo frente a las sentencias dictadas por el judicial y si merece la pena que exista esa corrección”, ha comentado.

El fiscal general del Estado ha defendido que el indulto “es sensible siempre no solo cuando hablamos de políticos sino también por ejemplo cuando hablamos de la libertad sexual o de delitos económicos”. “Depende muchas veces de dónde esté puesto el foco de la actualidad”, ha añadido.