España en el podio del turismo
En la semana en que se celebra FITUR 2018 en Madrid, España ocupa ya, según la OMT, el segundo puesto del ranking mundial de potencias turísticas, lo que produce un impacto cada vez más visible en las economías urbanas y en las ciudades. Como segundo país más visitado, - solo por detrás de Francia y por delante de los Estados Unidos, también sigue siendo el más competitivo del mundo, según el Foro Económico Mundial -, España, según el secretario general de la OMT, puede alcanzar pronto los 100 millones de visitantes. La noticia puede ser un buen augurio, pero conlleva responsabilidades políticas sociales y ambientales, que no se pueden descuidar ni por el Gobierno, ni por las ciudades de destino,
La OMT espera que España se consolide en 2018 como "el segundo país por llegadas de turistas internacionales", por detrás de Francia, tras haber superado a Estados Unidos, que creció un 1% en 2017 y eso, a pesar de la recuperación de Turquía y Túnez, nuestros competidores en el Mediterráneo.
Cada vez más afectadas por el ingente turismo de masas que se desplaza a nuestro país en busca de muchas cosas de las que carecen otros, las ciudades españolas deben hacer un esfuerzo acelerado para ponerse al día. La industria turística así lo ha hecho, adelantando posiciones a otros sectores, incorporando nuevas tecnologías, incrementando al máximo la innovación y optimizando la relación de costes y beneficios, concentrándose en grupos integrados de oferta. A la vez se está orientando la demanda a los destinos preferentes, trabajando en torno a la competitividad máxima, la máxima seguridad financiera de transacciones, asumiendo las garantías de calidad del proceso de compra, viaje, experiencia y satisfacción de los modos del turismo actual, como nueva vivencia cultural contemporánea.
En la gestión empresarial de los fenómenos del turismo masivo ha influido la crisis financiera, la entrada en bolsa, la concentración de operadores. Las nuevas herramientas urbanísticas de los ayuntamientos han tenido que adaptarse a la carrera, porque el fenómeno de masas corre tan rápido como sólo la economía digital y la industria pos-fordista del consumo integral de la ciudad pueden hacerlo. La administración municipal se mueve al paso de la Ley de Bases de Régimen Local, la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), las leyes autonómicas, de participación, los recortes de gasto y los controles administrativos, cada vez mayores, y las fiscalidades que siempre van a marcha lenta.
El complejo asunto de los apartamentos turísticos, el encarecimiento de alquileres o la ocupación de espacio públicos y terrazas de bares y restaurantes son sólo la punta del iceberg. Las contramedidas de hacienda, de control o de prevención, (de molestias, ruidos, abusos, subcontrataciones de apartamentos, etc.) van siempre despacio. La masificación expulsa a los vecinos de los centros históricos y de otras partes de ciudad, sometiendo a la población autóctona a un constante aluvión de incomodidades, echándolos de su sitio natural para cedérselo a los turistas. Muchos de estos hechos urbanos son legales; pero también hay muchos irregulares, alegales, o ilegales; empezando por el pago de licencias, impuestos, concesiones, usos, capacidades de las viviendas destinadas al uso turístico, etc. Se producen irregularidades porque los negocios, horarios, límites y ocupación entran en conflictos constantes con los vecinos, sin que las autoridades locales tengan voluntad y medios para prevenirlos o mitigarlos. La policía local no da a basto, actuando tras las denuncias: los abusos corren más deprisa que las ordenanzas. Denunciar a las fiscalías es un procedimiento lento y complejo.
La responsabilidad de una potencia turística es doble. Por un lado, favorecer la convivencia del turismo con los vecinos. De otro lado igualar derechos y deberes de ciudadanos y visitantes ocasionales. Si esta ecuación no se mejora, las ciudades pierden su sentido. Es difícil convencer a la gente de que pague impuestos por sufrir, si otros no pagan por disfrutar de lo que usan. El caso es que la igualdad fiscal afecta también a los procesos turísticos, porque muchos de los operadores no tributan en destino y otros lo hacen en paraísos fiscales. Los ayuntamientos separan el turismo como si fuera ocio y no industria y lucro particular frente a lo que no es sino desposesión colectiva.
El 5 de diciembre de 2017, tras dos años de negociaciones, internas y externas, el Ecofin ha logrado un consenso final para la confección y publicación de una 'lista negra' de paraísos fiscales que alcanza a 17 países y otros 46, entre los que está Andorra, que se encuadran en una "lista gris", comprometidos a hacer cambios en sus sistemas tributarios
Es la primera vez que la UE identifica y aplica medidas punitivas, más allá del escarnio, como la prohibición de acceso a fondos europeos y la obligación de los Estados Miembros de intensificar la vigilancia y las auditorías a quienes operen allí. Pero los operadores de las ciudades y sus plataformas virtuales siguen una lógica muy parecida: o no tributan por servicios que les son prestados, o tributan fuera de las ciudades que usan.
El dilema de estar en el podio es que no se puede ser líder sin atender a los deberes y derechos de la ciudadanía. Habrá que repensar qué es el turismo sostenible, adaptar leyes o hacerlas nuevas; no sirve de nada esperar a que se degrade más aún la situación de los centros monumentales, abiertos en canal a las ofertas low-cost. La masificación no ayuda nada al reparto de los beneficios del sector entre los trabajadores y los turistas, ni entre los vecinos y los empresarios. La bajada de calidad urbana de las ciudades españoles, muestra ya impactos muy negativos, pero puede tener consecuencias muy dramáticas a medio y largo plazo.
