“España cometió una de las más graves injusticias poniendo unos territorios al servicio de otros”

Después de más de veinte años como parte del movimiento ciudadano Teruel Existe, Tomás Guitarte es realista. Arquitecto desde hace más de tres décadas y diputado desde hace año y medio, este turolense sabe que el problema de la despoblación en España no es sencillo, y no se deja engañar por las buenas intenciones —a veces contraproducentes— de las que han hecho gala los últimos Gobiernos. Al mismo tiempo, Guitarte está convencido de que esta vez todo puede ser distinto: la opinión pública está de su lado, y la situación de la pandemia ha propiciado un desembolso de fondos públicos pocas veces visto.

La inacción frente a la despoblación fue lo que llevó a Guitarte a aceptar encabezar las listas de su formación en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, y lo que le ha llevado a presentar esta semana en el Congreso el Modelo de desarrollo de la España vaciada, un documento elaborado por un centenar de personas y de asociaciones, que en los últimos ocho meses han trabajado por concretar 101 medidas para revertir la despoblación que afecta a más de la mitad del territorio español.

Algunas de esas medidas, asegura Guitarte, “se podrían aplicar desde mañana mismo”; otras requieren más planificación e inversión, y no tanto buenas palabras. El primer diputado de Teruel Existe en el Congreso advierte de que hay que romper las “inercias” que se observan en algunos Ministerios y que van “en contra de la solución del problema”. La exigencia principal que hacen al Gobierno es que se discrimine positivamente a la España vaciada o, dicho de otra manera, que en las zonas despobladas se paguen menos impuestos. Para Guitarte, es una cuestión de justicia: “Hay que cobrar menos a quienes se les han dado menos servicios”. 

Este martes aseguró en el Congreso que “de esta no va a pasar” y que “este no puede quedar como otro momento histórico donde se habló de despoblación pero no se solucionó nada”. ¿Por qué esta vez es distinto? 

Han cambiado muchas cosas. Esta es quizás la primera vez que el problema de la despoblación y de los desequilibrios territoriales dentro del país está asumido por la mayoría de los españoles como un problema grave o muy grave, según demostró una encuesta del CIS del año pasado, que además fue incluida en un reciente informe del Banco de España, que ha hecho por primera vez un capítulo de valoración sobre el problema de la despoblación. Ese amplio consenso social y político no se había dado en otros momentos y, por otro lado, se combina con una disponibilidad de fondos por el problema de la pandemia, que hace que se concentren los recursos en un momento determinado. 

Si pasara este tiempo y no se solucionara el problema, probablemente no volveríamos a tener una oportunidad como esta en 20 o 30 años, y ese plazo es demasiado largo para un problema como el que estamos denunciando. Muchos territorios quedarían absolutamente despoblados, muchos pueblos desaparecerían. No podemos dejarlo para más adelante.  

Dice que algunas de esas 101 medidas son tan concretas que se podrían aplicar “desde mañana mismo”. La pregunta es si hay voluntad por parte del Gobierno.

Eso es lo que estamos exigiendo. Estamos viendo que se han previsto varios planes, muchos de ellos asumiendo reivindicaciones nuestras, pero lo que pedimos es que se seleccionen las que se pueden aplicar ya, porque no requieren un desarrollo previo muy complejo, y se apueste por esas soluciones. Nos da la sensación de que todavía no acaba de darse ese paso y se dice que hay que hacer tal cosa pero luego no se hace. Realmente, si se quiere hacer algo, por ejemplo acabar con la brecha digital, la forma de hacerlo es implantar las nuevas tecnologías por los que van a la cola, no por los que van a la cabeza. Hay decisiones de ese tipo en las que se pregona una cosa y luego se actúa de otra manera. Eso es lo que queremos trasladar. Hemos de ser capaces de romper todas las inercias que tienden a hacernos seguir como antes, porque parece que nos quieren llevar al mismo modelo de antes cuando precisamente estamos demostrando sus carencias. Si queremos corregir ese modelo, tenemos que hacer algunas cosas de manera diferente.  

En el documento que han presentado en el Congreso, la principal propuesta se resume en “discriminación positiva”. ¿Puede explicarnos en qué consiste exactamente?

Tiene que ver con el tratamiento fiscal, para que se singularice de forma positiva estos territorios con bonificaciones en determinados impuestos. Por dos justificaciones: primero, porque esa ventaja fiscal siempre ha sido una herramienta para la repoblación y el reequilibrio territorial. Históricamente, cuando ha habido territorios desfavorecidos y se ha querido echar una mano, la bonificación fiscal ha sido una de las medidas más eficaces. En la Reconquista ya se bonificaba fiscalmente cuando se conquistaba un territorio y se le daba una Carta Puebla. Y en la actualidad, muchos territorios ultraperiféricos tienen esos beneficios para suplir esos perjuicios o dificultades. 

Pero también lo reclamamos por una cuestión de justicia. Estos territorios están pagando las mismas tarifas de impuestos, los mismos gravámenes, y sin embargo no están recibiendo el mismo nivel de servicios del Estado. No tienen la misma accesibilidad de telecomunicaciones, no tienen la misma accesibilidad a autovías o ferrocarril, no tienen los mismos servicios de seguridad… Estos servicios dependen del Estado y aquí no se han adoptado. 

Un modelo de justicia social sería cobrar menos a quienes se les han dado menos servicios. Pero en la actualidad vemos lo contrario: algunos territorios de los más desarrollados son los que tienen mejor tratamiento fiscal, y lo que hacen es succionar recursos, emprendedores y actividad de los territorios más desfavorecidos. Nosotros creemos que ha de ser al contrario. Si alguien ha de tener un tratamiento fiscal favorable, deben ser precisamente los territorios de la España vaciada, que objetivamente son los que tienen peores condiciones y donde el Estado ha invertido menos. 

¿Se refiere, por ejemplo, a Madrid?

Por supuesto, Madrid sería un caso, pero hay más. Y no digo que haya que cambiar la fiscalidad de Madrid; digo que con la que haya, que debería ser común para todos, si alguien ha de tener una ventaja fiscal son los territorios en dificultades de desarrollo. Si encima de estar más desarrollados, de tener los mejores servicios y las mejores infraestructuras los bonificamos fiscalmente, lo que estamos haciendo es perjudicar a los demás territorios, porque sólo se atrae la actividad económica a una zona. Es un proceso de vaciado del territorio más desfavorecido frente al desarrollado.

¿Si se bajasen los impuestos en el mundo rural, habría que subir otros para compensar?  

No se trata de eso, se trata de bonificar determinadas áreas dentro de los baremos fiscales. Actualmente existen múltiples bonificaciones; lo que hay que hacer es orientarlas a apoyar el desarrollo de estos territorios. Probablemente no haría falta subir la carga fiscal. 

En la lucha por los reequilibrios territoriales, hay un caso muy paradigmático, que es lo que ocurrió en Alemania tras la reunificación. [En 1989] se encontraron con dos países, la Alemania Occidental y la Oriental, con muy diferentes grados de desarrollo, y en el fondo es lo que ocurre aquí, porque dentro de España, hay dos Españas, una desarrollada y otra en infradesarrollo. Lo que hicieron en Alemania fue acordar un pacto de solidaridad que acaba de terminar, por el que durante 30 años se ha estado destinando entre el 5% y el 7% de los ingresos del Estado a mejorar las infraestructuras de la Alemania del Este para intentar equipararlas y darles una posibilidad de competencia real. 

Cuando alguien se cree de verdad la existencia de un problema, lo que tiene que hacer es destinarle recursos. Como queremos que esto esté garantizado por encima de las veleidades y de los ciclos políticos, pedimos un gran pacto de Estado entre todas las fuerzas, porque también sabemos que la solución se va a alargar durante varias décadas. Pero no tiene por qué significar subir impuestos, sino redistribuirlos de otra manera. 

La despoblación es algo que afecta a toda Europa, pero especialmente a España. ¿Por qué es nuestro país tan vulnerable? ¿Qué se ha hecho mal, o qué se ha dejado de hacer? 

Nos estamos dando cuenta de que, mientras los demás países europeos han tenido el criterio de equilibrio territorial como una de sus prioridades, destinando fondos y aprobando legislación, en España es un problema que se ha ignorado. Nunca ha habido una excesiva preocupación pese a que la Constitución lo mandata en los artículos 138 y 139. Todo lo que estamos reclamando está recogido como criterio constitucional. Pese a eso, mientras en Europa sí se han aplicado esos criterios de lucha contra la despoblación durante décadas, en España se ha seguido la política contraria, de concentración y polarización de la actividad económica en determinados focos designados por el Estado. 

El Estado decidió qué se desarrollaba y qué no, cometiendo una de las más graves injusticias que se puede hacer territorialmente, que es poner unos territorios al servicio de otros. Unos territorios iban a estar destinados a tener desarrollo y otros iban a poner los medios (recursos naturales, mano de obra, emprendimiento) para que pudieran desarrollarse los primeros. El Estado debe corregir ahora esos errores. España es una singularidad absoluta en toda Europa, incluso si se compara con Portugal, y mucho más si lo hace con Francia, con Alemania, con Italia… Aquí no nos hemos preocupado de defender en igualdad de condiciones a todos los territorios. Un país no puede tener el 70% de su territorio abandonado. Es impensable que pueda funcionar así. Esto perjudica al conjunto del país. 

Precisamente este sábado el presidente Pedro Sánchez se comprometió a destinar 10.000 millones de los fondos europeos a la España rural. ¿Cómo espera que se emplee esta inversión? ¿Han hablado ya con el presidente sobre ello?

No con el presidente directamente, pero sí con los equipos que llevan esto en el Ministerio de Reto Demográfico. Para empezar, nos felicitamos porque se destine esa cantidad. Como reconoció el propio Ministerio, muchas de esas medidas son exigencias que nosotros venimos trasladando en estos dos años que estamos en el Congreso. Pero creemos que ahora se deben concretar las acciones y que las ayudas no deben darse sin ton ni son, sino obedeciendo a unas líneas estratégicas de acción. Urge hacerlo y urge conocer esto ya.

¿Han contribuido, o pueden contribuir, la pandemia y el teletrabajo a reactivar los pueblos? 

Obviamente, la pandemia es algo indeseable que estamos sufriendo. Pero, por otro lado, sí que ha servido como toque de atención para que reflexionemos sobre las cosas que son importantes y las que no lo son tanto. Nos hemos dado cuenta de que ese modelo de desarrollo que estábamos siguiendo de forma alocada no es el correcto, y que, cuando vienen problemas de este tipo, las grandes concentraciones humanas no ayudan, y además añaden problemas de por sí, como la contaminación o los medios de transporte. 

Por otro lado, el teletrabajo ha puesto en evidencia que con una buena tecnología, con la digitalización de la economía, ya no tiene tanta importancia la presencia física en un determinado sitio, sino que puedes desempeñar ese trabajo desde donde tú puedas estar o decidas vivir. Caminamos hacia una sociedad donde el trabajo probablemente acabe estando en la nube, y donde puedas ejercerlo desde cualquier sitio. Esto puede dar a los territorios unas oportunidades económicas que a lo mejor eran impensables hace 10 años. Si en el mundo rural existiese la misma calidad de servicios que en el mundo urbano, mucha gente elegiría vivir en el mundo rural, o en ciudades pequeñas y medianas, porque la calidad de vida es mucho mayor. Ahora es el momento de explotarlo. 

Hablan también en su documento de “la excesiva masculinización de los pueblos”, y quizá esto no suele mencionarse tanto, pero también es un problema.

Sí, sí, es un problema. La mujer en el entorno rural es la gran protagonista, la emprendedora y la que lleva con su iniciativa casi todo lo que se mueve en las comunidades rurales y, sin embargo, las mujeres también fueron las primeras en emigrar porque se les incitó a ello. Al haber mayor emigración femenina, se ha quedado un territorio muy masculinizado. Y esto afecta no sólo por la cuestión reproductiva (porque hay muchos más hombres que mujeres y muchos menos matrimonios), sino por lo que te comentaba antes de la capacidad emprendedora de las mujeres. Hay que recalcar y potenciar esta faceta. Cada vez hay más conciencia entre las mujeres de que, de algún modo, el futuro de sus territorios depende de ellas.    

Por último, quería preguntarle por algo que se ha hecho muy viral, y a la vez polémico, estos días. Me refiero al discurso de Ana Iris Simón, una joven escritora manchega que dice sentir envidia por lo que sus padres habían conseguido a su edad, y reivindica que “cualquier plan demográfico ha de pasar por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda” y que “no habrá agenda 2030 si en 2021 no hay techo para las placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos”. Si ha tenido ocasión de verlo, ¿está de acuerdo con él?

Lo he oído y, en general, me ha parecido absolutamente correcto. A veces nos escandaliza oír cosas porque parece que están ideológicamente muy marcadas, pero el tema del apoyo a las familias es una cuestión totalmente necesaria en el medio rural y el urbano. Hoy en día, mucha gente se piensa mucho lo de tener hijos porque no saben si tendrán la capacidad económica de criarlos. Sí creo que hay que ayudar a las familias, a cualquier tipo de familia. 

El resto de las cosas que dice son ciertas. El problema de la vivienda también está en los pueblos. Hablamos de la España despoblada como si las casas estuvieran abandonadas, pero no. Aunque no estén sus habitantes, en general sí han mantenido su patrimonio inmobiliario porque sigue habiendo arraigo. Así que hay un problema de vivienda, sobre todo para el alquiler. Conocemos muchos casos de personas que han tratado de trasladarse a pequeños pueblos y han desistido por no ser capaces de encontrar vivienda. Creemos que debe constituirse una bolsa de alquiler de vivienda, dando ayudas a la rehabilitación del patrimonio inmobiliario a condición de que esa casa se destine al alquiler durante cinco o diez años. 

Pero, obviamente, para que alguien se quede tiene que haber empleo. Todo eso va concatenado. No se puede decir que hace falta empleo y que, luego, toda la industria nueva del país vinculada a la transformación energética se siga ubicando donde ya está el desarrollo.