Entra en vigor en Marruecos la ley que criminaliza la violencia machista

La ley que criminaliza la violencia machista en Marruecos, publicada hace seis meses en el Boletín Oficial, ha entrado finalmente en vigor este miércoles, si bien diversas organizaciones han alertado de que sus provisiones se quedan cortas para dar una protección adecuada a las mujeres.

La legislación incluye una prohibición del matrimonio forzoso, el acoso sexual en espacios públicos y multas más duras por determinados tipos de violencia, si bien no criminaliza las violaciones dentro del matrimonio ni define de forma precisa la violencia doméstica.

De esta forma, se criminalizan "ciertos actos considerados formas de acoso, agresión, explotación sexual y malos tratos", con penas de entre uno y seis meses de prisión a los acosadores, ya sea en espacios públicos o a través de medios informáticos.

Asimismo, serán castigados aquellos que desvíen dinero o propiedades para evitar el pago de pensiones y otras cantidades derivadas de un divorcio, así como aquellos que expulsen a su mujer de casa o impidan su regreso.

Las autoridades estarán además obligadas a facilitar medidas de prevención, incluidos programas de concienciación sobre la violencia contra las mujeres, al tiempo que crea unidades especiales para atender las necesidades de mujeres y niños en los tribunales, organismos públicos, fuerzas de seguridad y forma comités locales, regionales y nacionales para hacer frente a estos problemas.

Un sondeo gubernamental desveló recientemente que el 63% de las mujeres de entre 18 y 65 años habían sido víctimas de violencia en el país, según ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

"Defectos"

Samira Raiss, una de las más destacadas defensoras de los derechos de las mujeres en el país africano, ha recalcado que "no se detendrá aquí". "Esta ley es una herramienta, pero tiene defectos en los que hay que trabajar", ha agregado.

En este sentido, la ley Hakaui -por la ministra de la Mujer que redactó el borrador, Basima Hakaui- ha sido criticada por exigir a las víctimas que presenten demandas criminales para obtener protección.

Así, Raiss ha resaltado que "se carece de las herramientas apropiadas para aplicar la ley". "En el caso de la violencia doméstica es difícil facilitar pruebas, y ni siquiera hay lugares de acogida para las víctimas", ha sostenido.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) destacó en febrero que "la nueva ley incluye cláusulas positivas, como la definición de la violencia contra la mujer como 'cualquier acto fundamentado en la discriminación de género que deriva en daño físico, psicológico, sexual o económico para la mujer'".

Pese a ello, argumentó que, por contra, "no facilita una definición de violencia doméstica y no criminaliza de forma explícita la violación dentro del matrimonio". Por ello, alertó de que "las mujeres quedan en riesgo de violencia doméstica" y señaló "una falta de provisiones para financiar las reformas".

Buzaina Karuri, miembro del comité parlamentario que redactó la ley, ha destacado que la legislación puede ser modificada en el futuro para corregir cualquier fallo. "Ninguna ley es perfecta", ha argumentado.

"Su efectividad dependerá de la postura que adopte la Policía y el sistema judicial. En el momento en el que es aplicada es normal descubrir algunos agujeros que podrán ser enmendados en el futuro", ha argüido.