El TSJM acepta investigar a Josefa Aguado, diputada del PP de Madrid, por la 'Gürtel'
Por una adjudicación de 2007 en la localidad madrileña de Arganda del Rey.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la competencia para el conocimiento de los hechos investigados por la Audiencia Nacional contra la diputada del PP regional Josefa Aguado del Olmo por su intervención en torno a las X Olimpiadas Escolares celebradas en Arganda del Rey en el año 2007, asunto que estaría vinculado al caso Gürtel.
Así consta en un auto, en el que la Sala de lo Penal y Civil acuerda abrir una investigación, asumiendo la competencia derivada de los hechos investigados en las Diligencias Previas del Juzgado Central de Instrucción número 5 contra. Contra la presente resolución cabe la interposición de recurso de súplica en el plazo de tres días ante esta Sala.
El Alto Tribunal hace suya la causa después de que el juez José de la Mata, instructor del caso Gürtel, elevará exposición razonada con los indicios por la comisión de tres delitos que atribuye a la diputada regional por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.
La Sala ha designado como magistrado instructor a Jesús María Santos Vijande, quien determinará las personas que junto a la aforada deben figurar en la causa también como investigados por su participación conexa con los hechos imputados a María Josefa Aguado del Olmo.
La exposición razonada deduce, conforme a los indicios acreditados, que, para encubrir la adjudicación directa al empresario Francisco Correa de los servicios referidos a la X Olimpiadas Escolares, los investigados "fraccionaron artificialmente, con conocimiento de la persona aforada, el contrato en un expediente y siete contratos menores".
Además, tramitaron "el único expediente simulando su urgencia para que solo las empresas del Grupo Correa pudieran tomar parte en el mismo, pactándose para ello entre ambas partes los términos de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas antes de su publicación".
PREVARICACIÓN Y FRAUDE
Se considera en la exposición razonada que la conducta realizada por la aforada podría subsumirse en un delito de prevaricación, ya que informó a favor de la aprobación de todas las facturas presentadas en siete informes.
Considera así que todas las decisiones que adoptó la Parlamentaria autonómica fueron "actos administrativos decisorios objetivamente arbitrarios", todos ellos "esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa".
También estima que incurrió presuntamente en un delito de fraude a la administración, pues la aforada y otros investigados se pusieron de acuerdo para defraudar a la sociedad de fomento de Arganda del Rey, según consta en el auto.
Y considera el juez instructor que los hechos constituyen un delito de malversación de caudales públicos, porque la aforada certificó las facturas cursadas admitiendo que "el servicio había sido prestado a satisfacción, cuando existen evidencias de que se estaba duplicando el pago de conceptos que venían descritos en el pliego de prescripciones técnicas y que habían sido abonados ya con la primera factura, disponiéndose así ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros".
"TENDRÁ QUE DEJAR EL ACTA"
Hace un mes, ante las informaciones que señalaban la posible imputación de Aguado, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, aseguró que si finalmente era "investigada" tendría que "dejar su acta".
