El tribunal del caso ERE comunicará la sentencia vía CD y no hará lectura pública del fallo
La sentencia se conocerá el próximo 19 de noviembre.
La sentencia de la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (L a partir de las 12.00 horas, será comunicada a los 21 acusados uno a uno mediante la entrega de un CD, por lo que no habrá una lectura pública del fallo.
Según han informado fuentes del caso, ni siquiera estarán presentes en la sala los tres magistrados que dirigieron el juicio, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, y será una funcionaria la que llame a cada acusado y su correspondiente procurador para entregarle un disco compacto con la sentencia, que tiene unas 1.700 hojas.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, encargada de enjuiciar el caso, dictó este martes una providencia en la que cita para el día 19 a procuradores y acusados con el fin de notificarles la sentencia, según informó la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El juicio contra 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y varios exconsejeros, quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018 tras 152 sesiones en las que el tribunal oyó a los 21 acusados y a más de 120 testigos.
Fiscalía solicita penas de entre 10 y 8 años de inhabilitación
En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía Anticorrupción pidió 10 años de inhabilitación para Chaves, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, José Salgueiro, Francisco del Río y Antonio Lozano por prevaricación, así como penas de cárcel de entre 6 y 8 años por ese mismo delito y otro de malversación para otros quince acusados, entre ellos Griñán.
El Ministerio Público cifró en 680 millones el “montante global de los fondos públicos que nunca debieron salir de la Junta” para la concesión y pago de ayudas entre 2000 y 2009, sobre los que “hubo un riesgo claro de menoscabo de fondos públicos, porque ningún control hubo”.
La sentencia dilucidará si los expresidentes y los ex altos cargos que formaron parte de sus gobiernos entre 2001 y 2010 crearon un “procedimiento específico” para dar 854,8 millones en ayudas sociolaborales a empresas de forma arbitraria y sin control o, por el contrario, si ese sistema no era ilegal, al margen de posibles irregularidades en la gestión y ejecución del crédito que serán enjuiciadas en piezas separadas para cada ayuda concreta.
Los responsables políticos que sean condenados o absueltos en esta pieza no podrán ser juzgados en el resto, de acuerdo con el criterio que está siguiendo el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La sentencia, además, no será firme y admitirá recurso ante el Tribunal Supremo.
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