El riesgo de aplicar políticas económicas generalistas
España debe subir el SMI, podemos estar de acuerdo; ahora bien, debe hacerlo con el rigor y con el diagnóstico preciso.
Como ocurre con todo, generalizar es algo que, en la mayoría de los casos no funciona. El generalizar nos ha llevado a situaciones tan incómodas como nefastas, ya que, como ocurre con las personas, cada cosa tiene su peculiaridad y sus características que la diferencian del resto. Esto es algo que en economía ocurre muy a menudo; sin embargo, en los últimos meses, el Gobierno en funciones ha tratado de implementar sus medidas, generalizando y sin el rigor necesario para lograr el éxito esperado.
De acuerdo con los últimos datos que nos ofrece la EPA, los niveles de empleo en el país, pese a no ser tan nefastos como algunos calificaban, si muestran una situación compleja. España sigue atravesando una situación en la que la creación de empleo y la reducción de las tasas siguen siendo un rompecabezas. Pese a no haber caído a niveles drásticos, la creación de empleo sigue siendo algo muy complejo para nuestra economía.
Y aquí volvemos a retomar la generalización a la que hacíamos alusión en el primer párrafo. De acuerdo con los registros de empleo, la subida del SMI, tan criticada como alabada, ha acabado generando un efecto negativo en determinados colectivos que, por su condición y estructura, no podían soportar tal medida. Y es que, al igual que ocurrió con la normativa de los registros de horarios, la impulsividad del Gobierno en funciones le llevó a implementar ciertas medidas que, bajo el rigor y el criterio económico, debían haberse medido con mayor exhaustividad.
Como digo, atendiendo a los datos, podemos observar que los últimos datos en materia de afiliación muestran cómo en los colectivos más desfavorecidos, concretamente aquellos en los que el empleo es más insostenible y precario, la subida del SMI no ha tenido el efecto esperado. La caída en la afiliación para el sector agrario ha superado casi las 4.500 bajas, mientras que en el sector del servicio doméstico, la caída ha sido cercana a los 13.000 puestos de empleo. Un gran número de trabajadores que se ha visto afectado por una medida que peca de generalista.
Hablábamos del registro horario por la polémica que generó la implantación de esta medida para determinados sectores, que acusaron al Gobierno de no atender a las peculiaridades de cada empleo y “cargar con el muerto” de la medida a los empresarios y empleados. Medidas que, por pecar de generalistas, acaban teniendo un efecto más bien negativo, pues al no poder aplicarse en determinados sectores con el rigor que precisan, se desechan, incurriendo en problemas a las propias empresas y, con ello, a la economía.
Con la subida del SMI ha ocurrido lo mismo. Subir los salarios es algo que España precisa; sin embargo, esta subida del SMI se produjo, más bien, por rascar votos en un escenario donde se decidía, meses mas tarde, el futuro Gobierno del país. Esto ha llevado a que, pese a que algunos sectores sí se hayan visto beneficiados -los empleados-, en otros más peculiares y con mayor grado de complejidad, los empleados y empleadores hayan acabado tomando decisiones alternativas que solo producen un efecto negativo en la economía.
Como veíamos en los datos de la EPA, entre los riesgos de subir el SMI se encontraba la posible destrucción de empleos en aquellos sectores que, por su condición, no podían afrontar dicha medida. El desempleo institucional, como se denomina a aquel empleo que se deja de generar por las barreras y límites legales, ha acabado cebándose con aquellos sectores que poseen un empleo no cualificado y con mayor grado de vulnerabilidad. En este caso, el sector agrario y el sector del servicio doméstico.
La incapacidad de afrontar subidas en un escenario donde la productividad está estancada, la economía se desacelera y no se llevan a cabo excepciones que amparen a los colectivos más damnificados, ha acabado provocando una mayor destrucción de empleo en estos sectores, así como un traspaso de empleos a la economía informal, la cual reluce ante la imposibilidad de trabajar bajo la normativa por la limitación y la incapacidad que esta supone. Todo, como digo, producido por esas medidas generalistas.
Decía que subir el SMI es algo necesario, pero para ello debemos hacerlo atendiendo a otras variables más significativas que a las que se atendió para producir dicha subida. Variables que, bajo mi criterio, se encuentran en la productividad, los beneficios empresariales y los beneficios fiscales. Las empresas en España, casi la totalidad de ellas, tienen unos recursos limitados; lo que acaba generando que, ante una incapacidad para afrontar dichas medidas, se acabe solventando con medidas informales, al carecer de medidas paliativas dentro del marco normativo.
De acuerdo con los estudios realizados, el incremento de los costes laborales para las empresas ha sido del 2,5%, justo el mismo porcentaje que ha representado la subida del SMI. Es decir, las empresas están afrontando un coste que, por otro lado, no se está viendo compensando con el aumento de otras variables que beneficien a la empresa. Ante esto, por mucho empeño que se le ponga, no podemos seguir hablando de empleo sostenible, pues empleo sostenible es aquel en el que existe un win-win y en el que las empresas se hayan en la capacidad de afrontarlo en el largo plazo.
Algo que no ocurre en estos momentos, pues el generalizar con todos los sectores, como se ha hecho con las medidas que comentábamos, ha tenido un efecto más lesivo en aquello sectores más vulnerables ante medidas como las implantadas. Unas medidas que no solo reducen la contratación en estos sectores, sino que fuerzan a que, ante una necesidad real, las empresas y los empleados acaben formalizando sus acuerdos fuera de la legalidad, produciendo un incremento en la economía sumergida y sin la capacidad de generar rendimientos para el estado.
España debe subir el SMI, podemos estar de acuerdo; ahora bien, debe hacerlo con el rigor y con el diagnóstico preciso. Thomas Sowell, economista, decía que las políticas económicas debían medirse por el impacto de estas en la sociedad y no por el deseo que llevó a implementarlas. El deseo, aunque dudoso, puede estar claro; sin embargo, el impacto no es del todo beneficioso para todos los sectores. Hay personas que, en estos momentos, no trabajan, ni pueden acceder a un trabajo, por la legalidad en materia laboral. En situaciones como la actual, debemos atender a diagnósticos reales y dejar la utopía para cuando la economía no se encuentre inmersa en una desaceleración.
