El PSOE pide casi 50 años para Fernández Díaz por la Kitchen y que testifique Rajoy
También solicita 38 años y 3 meses de cárcel para el número 2 de Interior en aquellos años, Francisco Martínez.
El PSOE ha pedido 47 años y 10 meses de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen, relativo al espionaje contra el extesorero del PP Luis Bárcenas tras salir a la luz los papeles sobre la caja b del partido. Desde Ferraz también se reclama que en el juicio testifique el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, entre otros.
En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso EFE, la acusación que ejerce el PSOE en esta pieza derivada del caso Villarejo o Tándem solicita también 38 años y 3 meses de cárcel para el que fuera el segundo de Interior, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.
El PSOE acusa a ambos de los delitos de organización criminal —en el caso de Fernández Díaz en concepto de director y en el de Martínez de coordinador—, así como de encubrimiento, obstrucción a la Justicia, cohecho, malversación, allanamiento de morada (por la entrada en el estudio de la mujer de Bárcenas), revelación de secretos, prevaricación, fraude a las administraciones públicas y certificación falsa.
Considera además al PP partícipe a título lucrativo, de modo que pide que responda por el “total de fondos reservados empleados en la operación” en concepto de responsabilidad civil.
Las otras peticiones del PSOE
En cuanto a los policías implicados en este operativo, esta acusación popular reclama 42 años y 3 meses de prisión para el que fuera el número dos de la Policía Eugenio Pino, mientras que para el excomisario José Villarejo pide 38 años y 3 meses de cárcel.
También pide altas penas de cárcel para el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera; el inspector Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal; el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; y los inspectores Bonifacio Díez Sevillano y José Ángel Fuentes Gago, y el excomisario Enrique García Castaño.
Otro de los procesados (11 en total) es Sergio Ríos, que trabajó como chófer de la familia Bárcenas y que fue presuntamente captado por la trama como confidente policial a cambio de 12.000 euros procedentes de los fondos reservados y de una plaza en la Policía. El PSOE pide para él 36 años y 1 mes de prisión.
Entre los testigos que el PSOE propone llamar a declarar en el futuro juicio que se celebre por estos hechos en la Audiencia Nacional destacan, además de Rajoy —que ya testificó en el del caso Gürtel siendo aún presidente—, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido José del Hierro, quienes en su día prestaron declaración como imputados en esta causa, de la que finalmente quedaron fuera por falta de indicios.
Las acusaciones, incluida la Fiscalía Anticorrupción, trataron después sin éxito que el juez instructor Manuel García Castellón reabriera la investigación para ambos a la luz de nuevos audios que les implicarían en la operación Kitchen, por lo que esta última decisión del magistrado se encuentra pendiente de recurso ante la Sala de lo Penal.
Otros testigos propuestos son el actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, o el coronel de la Guardia Civil Diego López de los Cobos —conocido por haber intervenido en el operativo para detener el referéndum del 1-O en Cataluña—.
También pide que testifiquen el propio Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias, actualmente en prisión tras ser condenados por el caso Gürtel.
La familia Bárcenas, perjudicada en este procedimiento, ha sido la primera en presentar su escrito de acusación, en el que pide 41 años de prisión para Fernández Díaz, Francisco Martínez y buena parte de la cúpula política de entonces, así como 33 para su antiguo chófer.
El escrito de conclusiones del PSOE comienza relacionando el caso Kitchen con el de Gürtel, que estalló en 2009, al considerar que no es posible “entender y mucho menos explicar” de otro modo “las razones que llevaron a contratar en el verano del 2013 con fondos reservados del Ministerio del Interior al conductor de la familia Bárcenas” para la sustracción de documentos del extesorero cuando este se encontraba en prisión preventiva.
Con el objetivo de “coordinar una operación dirigida a boicotear la instrucción de Gürtel y la posible estrategia procesal de Luis Bárcenas”, añade el escrito, Fernández Díaz se puso en contacto con su número dos para que encargara el operativo a Villarejo.
“A fin de poner los medios del Ministerio del Interior al servicio de esta operación”, prosigue el PSOE, se contó también con Eugenio Pino, y se puso así al servicio de Villarejo, tanto a la Unidad de Asuntos Internos dirigida por Martín Blas como a la Unidad Central de Apoyo Operativo al mando de Enrique García Castaño.
