El PSOE-A se abstiene en la ley sobre Doñana que censuran la UE, el Gobierno y los ecologistas
En precampaña y con la ultraderecha ganando adeptos en el campo de Huelva.
Las proposiciones de ley de PP-Cs y PP-Vox para la nueva regulación de los regadíos en el entorno de Doñana comenzarán su tramitación en el Parlamento de Andalucía después de que este miércoles hayan superado su primer escollo en el pleno con los votos favorables de estos partidos y la abstención del PSOE.
Unidas Podemos y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía han sido los únicos que han votado en contra de estas proposiciones de ley, presentadas por separado pero iguales en el contenido.
La tramitación parlamentaria de esta ley, que ha sido muy criticada por los partidos de izquierda y las organizaciones ecologistas, seguirá la vía de urgencia con la que entró en el Parlamento y, aunque los partidos del Gobierno están abiertos a ampliar plazos, iría a su debate final en este periodo de sesiones.
La posición socialista era la única que se desconocía hasta el momento de la votación, en una iniciativa que ya tenía garantizada la mayoría parlamentaria con el apoyo de PP, Cs y Vox y que ha recibido el rechazo del Gobierno central. La posición del PSOE -que ahora comanda Juan Espadas, que fue viceconsejero de Medio Ambiente-, pues, no fue decisiva porque esos tres partidos votaron en bloque e impusieron su voz, pero es significativo que no se haya opuesto, contraviniendo los criterios del Gobierno central (de PSOE y UP), la Unión Europea y los grupos ecologistas.
Varios de los diputados socialistas abogaban por el no, pero a última hora la orden fue de abstención, con lo que se impone la tensión preelectoral -aunque no hay fecha, se entiende que habrá autonómicas este año- y la presión de muchos alcaldes onubenses del PSOE, en la zona donde la ultraderecha se está haciendo fuerte.
Los socialistas andaluces se abstuvieron aun después de que el Gobierno hiciera pública su posición al respecto mediante una contundente carta que la vicepresidenta Teresa Ribera envió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, este mismo martes. Le instaba a desistir de la iniciativa “ante los enormes perjuicios, tanto económicos como medioambientales, y también para la imagen de España en el exterior” y le advertía de que la proposición suponía una invasión de competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La Comisión Europea también ha amenazado con multas a España.
El Ejecutivo andaluz, que ha preferido que esta iniciativa se tramitara a través de los grupos en lugar de con un proyecto de ley, no ha emitido ningún criterio sobre la proposición en la Cámara.
Un problema enquistado
Los tres partidos que han presentado la iniciativa -con la fórmula del dos más dos por las diferencias entre Cs y Vox- han defendido que no afectará al Parque Nacional de Doñana, que no se amplían regadíos y que solo se trata de dar solución a un problema enquistado durante años para los agricultores del Condado de Huelva.
PSOE y Unidas Podemos, por su parte, han denunciado el “engaño” del Gobierno a los agricultores de la zona y la “propaganda” con esta iniciativa cuando saben que no podrá cumplirse, lo que han ligado a un mero interés electoral del presidente, Juanma Moreno.
El socialista Mario Jiménez ha calificado esta iniciativa como “un acto de propaganda barata y un engaño masivo a los agricultores” de la zona, en el marco de “una campaña electoral impulsada por Moreno”, al que ha tildado de “irresponsable”. Ha acusado al presidente de engañar a los agricultores porque solo quiere presentarse con esta promesa a las elecciones y ha advertido de que con la aplicación literal del texto no se legalizarán ni 90 hectáreas sin tener garantizada el agua.
El portavoz del PP, Manuel Andrés González, ha pedido que no se mienta más sobre el contenido de la ley, ya que ha dicho “clara y rotundamente” que no se amparan los regadíos ilegales porque “no se habla nada del agua”, solo del suelo, y no supondrá “quitarle ni un solo metro cúbico de agua” al espacio natural de Doñana.
Los suelos a los que se les reconocerá un carácter agrícola, para “amparar” a unos agricultores que llevan décadas cultivándolos pero están en un “limbo jurídico”, se encuentran “a 20,30 o 40 kilómetros” de Doñana, ha explicado el diputado popular.
El diputado de Cs Julio Díaz ha hablado de un “compromiso cumplido” con los agricultores (algunos presentes en el plenario) y ha denunciado que se les haya querido dividir “con artes feas”. Ha pedido responsabilidad y que haya debate en el trámite parlamentario, en el que no se cierran a negociar, y ha pedido a los socialistas que “aprovechen la oportunidad” y decidan “si están con los agricultores y con la preservación de Doñana”.
Por parte de Vox, el parlamentario Rafael Segovia ha dicho que se trata de un “acto de justicia” con los agricultores que dignifica a la Cámara, en una provincia “muy perjudicada” por la Junta, a la vez que ha acusado de mentir a los partidos de izquierda y a los ecologistas cuando hablan de una afección al acuífero de Doñana.
Por su parte, Inmaculada Nieto, de Unidas Podemos, ha advertido a los agricultores del “engaño” del PP, ya que ha asegurado que sabe perfectamente que no se puede cumplir y está “jugando con la calculadora electoral” poniéndoles a ellos “en riesgo cierto”.
Ha recordado que para hablar de agricultura y de un ecosistema que es básicamente un humedal no se puede hacer referencia solo al suelo, sino que hay que hablar de un agua “que no hay”, por lo que un número mayor de hectáreas de regadío supondrá “poner en riesgo a Doñana y a toda la agricultura del entorno”.
Los diputados no adscritos que forman parte de Adelante Andalucía, que no tienen intervención en el debate, llevaban camisetas con el lema “Salvemos Doñana”.
