El pacto de las fronteras, el pozo negro europeo

Hace pocos días, el pasado 7 de octubre, tuvo lugar una reunión en Bruselas de alto nivel, que se desarrollo ‘on line’, para tratar el tema de las migraciones afganas hacia la Unión Europea. Todo indica que el régimen talibán ha llegado para quedarse en el país centroasiático, al menos una larga temporada, dejando en un limbo los derechos humanos y, más concretamente, los de las mujeres, así que había que tomar decisiones.

Poco se ha sabido de sus resultados, salvo que no hubo acuerdo y que los ministros de Interior de 12 países comunitarios –casi todos de Europa central y del este, pero también el nórdico Dinamarca y el sureño Grecia- aprovecharon para pedir que la Comisión Europea les pague las vallas –o ‘barreras físicas’, como las llaman- con las que quieren fortificar sus fronteras ante la llega de migrantes. En el mismo foro, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lanzaba un llamamiento a la UE para el reasentamiento de 42.000 personas afganas de las más de 80.000 que se consideran en riesgo, si bien seguramente serán muchas más en un país de 39 millones de habitantes,  la mayoría sumidos en la pobreza y víctimas de la violencia. De momento, unas 22.000 han llegado a este continente desde Afganistán.

Lo que ocurre con Afganistán, antes sucedió con Siria, y con Palestina, y con Yemen  o Sudán. La huida de las armas y de la miseria. Nada nuevo. Tampoco lo es la descorazonadora respuesta del continente que se vanagloria de ser el adalid de la defensa de los derechos humanos. No. Europa sólo recibe con los brazos abiertos, y cámaras de televisión, a los que llegan en sus fletes de aviones, ‘sus conocidos’, pero deja a la intemperie talibán a muchas familias que llegarán por tierra o cruzando mares, como también lo hacen los africanos desde el sur. 

Todo ello ocurre mientras sobre la mesa comunitaria está la última propuesta de Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, presentado hace poco  más de un año (septiembre de 2020) que sólo parece diseñado para conseguir que más personas sean devueltas a sus lugares de origen, sea cual sea la causa que les obligó a salir.  Así lo han denunciado recientemente 11 organizaciones defensoras de derechos humanos, entre las que se encuentra Alianza por la Solidaridad-Action Aid, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge o Médicos del Mundo. Todo en el informe que han elaborado sobre el Pacto es un retrato de una realidad que poco tiene que ver con la dignidad de las personas migrantes. 

Uno de sus ejes fundamentales está en agilizar los trámites en las fronteras, aunque sea a costa de que se incumplan las garantías de seguridad que debieran ser prioritarias. Parece dar igual que, al final, la gestión de la migración europea quede en manos de países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Si acaso, se determina que hay algunas nacionalidades que son susceptibles de acceder al estatuto de asilo, pero sin valorar cada solicitud individualmente, lo que va en contra de todos los tratados internacionales. Incluso se explica, indirectamente, que se ‘premiará’ con fondos, ayudas al desarrollo e inversiones a los mejores ‘gendarmes’ allende Europa.

Una de las propuestas más llamativas del Pacto habla de la “pre-entrada” en un país comunitario, un limbo jurídico en las zonas fronterizas en el que quedarían los y las solicitantes de entrada hasta ver si son migrantes o solicitantes de asilo, que es el único que se reconoce. En esos limbos, se crearán centros de detención donde todo el mundo será registrado, no muy distintos de los que ya proliferan en la frontera sur y son denunciados continuamente por sus condiciones insalubres y por las reiteradas violaciones de derechos que tienen lugar allí.

En el caso de España, vemos cada día lo que ocurre en Canarias, Ceuta o Melilla. Instalaciones inadecuadas, hacinamientos, devoluciones de menores de edad a Marruecos  en contra de su voluntad y sin acompañamiento adulto o su abandono total tras llegar a la Península, donde acaban malviviendo en las calles. 

No es el camino para evitar que vengan, desde luego, porque lo seguirán haciendo y , como señalan las ONG, hay alternativas en las que la transparencia debe ser primordial. Apuestan por vías regulares y seguras para que las personas puedan migrar en busca de un futuro, la posibilidad de conseguir visados humanitarios, que ahora no existe ni siquiera en contextos de crisis, las cuotas de reparto de acogida obligatorias para todos los países de la UE, incluidos los 12 que quieren levantar vallas o la desvinculación de las ayudas para el desarrollo de cualquier objetivo de control migratorio en las fronteras. Denuncian que FRONTEX, que es una entidad policial, no puede ser la única agencia implicada en un proceso migratorio. ¿Por qué no Agency for Fundamental Rights (FRA)?, señalan. 

Para las ONGs, ese futuro Pacto Migratorio debería recoger medidas concretas sobre el salvamento y rescate marítimo, para que lugares como el Mediterráneo  el Atlántico dejen de ser gigantescos cementerios,  así como facilitar el trabajo de las organizaciones que salvan vidas, de forma que se les garantice un puerto seguro, en lugar de la terrible situación que atraviesan ahora, abandonadas en el mar como nunca antes se hizo. 

En definitiva, se proponen políticas humanitarias, centradas en el enfoque de los derechos fundamentales, con la atención puesta en los menores, que son más vulnerables. 

Resulta muy poco aceptable que mientras nos venden en las televisiones la llegada de un vuelo con unas decenas de personas de Afganistán, las otras puertas sigan cerradas a cal y canto, aún viniendo del mismo sitio. Y sin ganas de abrirlas justo cuando más mano de obra parece que se necesita en este viejo continente. En Gran Bretaña, Francia, Alemania, incluso en España hay carencia de mano de obra, sobre todo en algunos oficios, pese a que en algunos sectores proliferen los mensajes xenófobos y racistas amparándose en la crisis del mercado laboral.