El nuevo futuro de estas mujeres tras la legalización de la marihuana

La última vez que Linda Grant fue detenida por posesión de marihuana fue en 2003. Era su cuarta detención. Estuvo en prisión durante cinco semanas, y le dijeron que si la volvían a pillar con una onza (28 gramos), iría a la cárcel con una pena de al menos diez años.

"Por supuesto, me dio miedo", cuenta Grant, que es negra. "Tenía hijos. No quería ir a la cárcel. Me dijeron que nunca más volvería a ver a mis hijos".

Grant, de 49 años, siempre ha vivido en el este de Oakland, California (Estados Unidos). Durante los 90, montó un negocio clandestino de cannabis.

"Recuerdo que en los 90, cuando tenía marihuana y la Policía me paraba, me hacían tirarla y me amenazaban", explica.

El encontronazo que tuvo en 2003 fue especialmente temible: "Me arrestaron, tenía una onza de marihuana, y fui a la cárcel de Santa Rita. Estuve allí cuatro o cinco semanas. No me dejaron ir a juicio. No pude pagar la fianza". Ahí fue cuando le dijeron que se enfrentaría a 10 años de prisión —o quizás 20— si le cogían con otra onza.

A finales del año pasado, Grant solicitó el permiso de negocio a través de un programa de igualdad de Oakland. Su solicitud fue aceptada. Y hace un mes se convirtió en una de las primeras personas en California con licencia para vender cannabis de uso recreativo para adultos.

Ahora hay cuatro empresas que quieren invertir en su negocio. Ha alquilado un espacio de oficinas y tiene una amplia base de clientes para su nuevo servicio de entrega a domicilio, Urban Collective.

"Es increíble haber podido acceder a este permiso", reflexiona Grant.

Una historia como la de Grant es la que llevan esperando desde hace tiempo en Oakland. Anticipándose a que California votaría para legalizar por completo la marihuana recreativa a través de una propuesta de ley de 2016, los legisladores y defensores locales quisieron adelantarse al "green rush" (que podría traducirse por "avalancha verde") y crear las condiciones adecuadas para una industria del cannabis justa.

En California, como en prácticamente todos los Estados Unidos, la llamada 'guerra contra las drogas' ha sido terriblemente desproporcionada para la gente de color en cuanto a vigilancia policial y sanciones penales. Y esto lo tuvieron en cuenta los encargados de regular el emergente mercado de marihuana en Oakland.

En general, el porcentaje de consumo de marihuana entre americanos negros no es tan diferente del porcentaje entre blancos. Pero un análisis interno de los datos de Oakland revela impactantes disparidades en la vigilancia policial de personas en posesión de marihuana entre 1995 y 2015, incluso después de que el Estado votara para darle menos importancia policial en 2004. Hubo un momento en ese período de 20 años en que los sospechosos negros suponían más del 90% de detenciones por marihuana en Oakland, mientras que sólo el 3,9% de sospechosos eran blancos.

"Muchos pensaron: 'Oye, ¿por qué algunas personas están ganando tanto dinero por el mismo tipo de actividad por el que otras personas están siendo criminalizadas?", comenta Greg Minor, un oficial de la ciudad que supervisa la regulación de cannabis. "La ciudad de Oakland no fue la primera que advirtió desigualdades en cuanto a quién estaba obteniendo permisos. No fuimos los primeros que vimos que había disparidad en las detenciones. Simplemente fuimos los primeros que tratamos de hacer algo al respecto".

Darlene Flynn, directora de Raza y Equidad de Oakland, que llevó a cabo los análisis de los datos de la ciudad, afirma que descubrieron "diferencias clara y ampliamente racializadas en los resultados" que se habían exacerbado por una vigilancia desproporcionada en busca de marihuana.

"La guerra contra las drogas y las políticas federales y los recursos seguían promoviendo una excesiva vigilancia policial en ciertos barrios", asegura Flynn. "No es que la gente se levantara por la mañana y pensara: 'Bueno, creo que iré por ahí y no por allí".

Desley Brooks forma parte desde hace 16 años del ayuntamiento de Oakland. Su propuesta de 2016 dio lugar al programa de permiso igualitario que la ciudad finalmente aprobó en mayo de 2017.

"Esta es una industria en la que se ha dejado fuera a los negros en particular y a la gente de color en general", sostiene. "Y ellos son quienes han pagado el precio más alto para desarrollar este negocio".

Brooks, que es negra, lleva mucho tiempo trabajando con líderes del sector del cannabis en el Estado y sabe lo blanca que es la escena.

"Trabajaron en mi campaña, llamaron al banco por mí, recaudaron dinero para mí, pero cuando miraba alrededor, nadie se parecía a mí", dice. "Iba a muchos dispensarios en Oakland y la única persona que veía como yo era el guardia de seguridad del aparcamiento".

Brooks presionó para pedir cláusulas que garantizaran la propiedad empresarial a comunidades marginadas, y esto dio lugar a la regla más emblemática del programa: al menos la mitad de las licencias comerciales nuevas de Oakland tienen que concederse a solicitantes del programa 'igualitario' y a las empresas que quieran invertir en ellos, es decir, dar negocio y apoyo financiero.

Para ser considerado un solicitante del permiso de igualdad, los individuos deben tener unos ingresos inferiores al 80% del salario medio de la zona, haber vivido en un área con altas tasas de detenciones por marihuana en los últimos 10 o 20 años, o haber sido condenados por tenencia o consumo de marihuana después de 1996.

"Algunas personas de color podrán entrar en esta industria, en la que habían puesto barreras para mantenerlos alejados", afirma Brooks. "Ha habido mucho interés y todas estas personas antes pensaban que no tenían oportunidad, pero ahora están empezando a creer que la tienen".

San Francisco, Los Ángeles y Sacramento ya han implementado programas similares.

El miedo de Grant a la persecución no se ha eliminado por completo. La marihuana sigue siendo una sustancia ilegal a nivel federal y el fiscal general Jeff Sessions ha prometido, aunque vagamente, tratarlo. Pero ella ha visto la oportunidad de empezar un pequeño negocio —generando riqueza de una planta cuyo ferviente control le costó tanto en el pasado— no sólo para ella, sino para su comunidad.

"Soy de una zona de Oakland que llaman el campo letal. Para alguien como yo, esto es enorme. Monumental. Mi familia está emocionada, los miembros de mi comunidad están emocionados, todo el mundo está emocionado", dice. "Esto me va a sacar de la pobreza. Voy a poder dar trabajo a la gente. Contribuirá a la igualdad racial y a la igualdad económica".

"Esa es mi misión", prosigue. "Promover la salud, el empoderamiento económico y la compasión a través del cannabis".

Grant lleva vendiendo marihuana para llegar a fin de mes desde los 15 años. Ella tomó el negoció cuando sus tíos, primos y sobrinos —por miedo a la cárcel y pensando que un hombre es más un blanco policial que una mujer— tuvieron que dejarlo. Grant asegura que emprender este negocio es particularmente importante para ella "como mujer negra y, especialmente, como mujer negra de Oakland, California".

"Ahora puedo pagar los impuestos. Me siento un miembro productivo de la sociedad", señala. "Como mujer negra, siempre nos critican por no ser miembros activos de la comunidad, cuando en la actualidad somos los más entregados. Queremos hacer todo lo posible por mejorar nuestra vida".

"Esto puede liberar mi vida y la de mi familia", sostiene. "Nos puede dar la capacidad. Nos puede dar un futuro".

Reese Benton ha tenido una experiencia muy cercana con la guerra contra las drogas. Su padre fue encarcelado por posesión de drogas y su madre consumía droga. Benton, que vive en San Francisco, ahora es una peluquera profesional que tuvo el olfato comercial para añadir el reparto de cannabis a sus servicios a demanda. El año pasado abrió Posh Green Collective.

"Leí y leí y me entrené", explica. "Trabajaba en una empresa de reparto por la noche para ahorrar dinero para invertirlo en el negocio".

Antes de que empezara el año, Benton operaba con una licencia médica y llevaba su negocio completamente sola. Se estaba planteando cerrarlo cuando la llamaron para asesorar a la supervisora de la ciudad sobre el programa de equidad y sobre qué tipo de propietarios podrían necesitar un empujón como ella.

"Sin eso, habría cerrado. No habría tenido forma de seguir abierta", reflexiona. "No sabía cómo abrir un local. Y, en San Francisco, esa es la única manera de competir. La gente quiere ir a sitios de venta al por menor, especialmente los turistas. ¿Pero de dónde sacas el dinero? Fue una bendición que me encontraran y me ayudaran a contactar con inversores".

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De izquierda a derecha: la fiscal de Oakland Tsion Lencho, la supervisora de San Francisco Malia Cohen y la propietaria de Posh Green Collective Reese Benton.

Benton consiguió su licencia para vender cannabis para consumo de adultos a través del programa de equidad de San Francisco. También se reúne con inversores que quieren unirse a ella a través de las vías rápidas que proporciona el programa. Aunque la oportunidad ofrece a Benton el tipo de estabilidad que la guerra contra las drogas le quitó, "no puede compensar aquello por lo que he pasado".

"Para mí, estar aquí es un sueño", sostiene. "Nunca supe cómo me las iba a arreglar en este mundo o cómo iba a invertir en algo para tener estabilidad. Al final, gracias a esto, podré tener dinero. Tendré estabilidad. Y también un negocio de éxito: todo lo que siempre he querido y aquello por lo que he trabajado cada día".

"Mis padres no podrán estar aquí para verme", dice. "Mi padre no estará aquí cuando abra mi negocio. Mi madre nunca lo verá. Pero sé que en el futuro las cosas van a ir bien".

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' EEUU y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano