Ecuador, un país donde son mayoría las mujeres agredidas

No es nada fácil ser feminista en Ecuador. Ni, en general, en América Latina. Lo sabe bien Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) en la ciudad de Guayaquil. Mestiza de origen, abogada y activista, Lita está inmersa en la batalla por conseguir la ley para que una mujer, niña o adolescente violada pueda acceder a una interrupción de su embarazo sin ser criminalizada por ello. Ha tenido que ser en la Corte Constitucional del país andino donde, a finales de abril, se dictaminara que era discriminatorio que sólo pudieran abortar tras una brutal agresión sexual las mujeres con una discapacidad mental. “Esa resolución judicial obliga a que la Defensoría del Pueblo elabore una ley, así que desde la sociedad civil hemos preparado una propuesta, la vamos a presentar y esperamos que se apruebe en seis meses”, explica desde la ciudad en la que habita, a orillas del Río Guaya.

Lita vive en un país de 17,3 millones de habitantes en el que, en lo que va de año, ya han sido asesinadas 63 mujeres a causa de la violencia de género, a lo que se suman dos transfemicidios y otras 33 muertes violentas de mujeres víctimas de la delincuencia organizada. Un territorio entre la selva, la cordillera y el mar en el que 65 de cada 100 mujeres ha experimentado la violencia a lo largo de su vida (un tercio, violencia sexual), el 35% en el último año, según una encuesta oficial de finales de 2019.  Cuando se escriben estas líneas, aún resuena en el país el último caso conocido: la violación y posterior asesinato de una niña de cuatro años hace pocos días, en el cantón Quevedo. Los culpables fueron la abuela materna, que la cuidaba, el marido de ésta y un tío de la pequeña.

“Llevo en Guayaquil 30 años de los 52 que tengo. Comencé trabajando como trabajadora social con menores víctimas de violencia sexual. Hacía acompañamiento para identificar casos de violencia. Ahí conocí la tremenda exclusión social que tenemos, la extrema pobreza, y comprendí lo que es para las mujeres estar al frente de la casa y la familia, las denuncias por negligencia en el cuidado a  madres que tenían que trabajar para vivir y eran cuestionadas en su maternidad, aunque nunca lo eran los padres”, recuerda Lita. 

Hoy Lita es uno de los puntales de CEPAM, una organización feminista que lleva 38 funcionando en Ecuador batallando por los derechos de las mujeres, apoyándolas tanto en situaciones violencia de género como en su salud sexual y reproductiva. Fundamental es también su papel de incidencia política, porque cambiar las leyes, como la que ahora se traen entre manos, es un primer y fundamental paso adelante para avanzar. En la actualidad, realizan sus actividades a través de cuatro centros de atención integral repartidos por el país. “La atención a víctimas de violencia la financiamos gracias a un convenio con el Estado [desde 2018 hay una Ley contra la Violencia de Género] y lo demás con trabajo de consultorías para organismos internacionales o el apoyo de ONG como la española Alianza por la Solidaridad, con la que hicimos un proyecto en colaboración con organizaciones de Perú y Bolivia”.

Cuando le preguntas a Lita Martínez por los cambios que ha visto en las mujeres en su país, responde con una cara buena y otra mala del mismo escenario:  “Hoy las ecuatorianas tienen más acceso a la información, conocen más sus derechos y lo que deben demandar, pero no es un acceso igualitario entre zonas urbanas y zonas rurales con poblaciones indígenas. Además, la pandemia del COVID-19 ha marcado un antes y un después porque visibilizó brechas que parecían cerradas, casos de mujeres que no podían acceder a servicios de salud y que fueron más vulnerables a la violencia en sus hogares”.

Con el ex banquero y derechista Guillermo Lasso en la presidencia, cree que el movimiento feminista está tomando nuevos bríos en un país donde durante una década quedó abotargado, dividido:  “Como contraparte a un gobierno más conservador, nuestro movimiento de mujeres se está fortaleciendo, después de estar silenciado durante años. Con el anterior gobierno progresista no nos fue bien. Nos confiamos en que mejoraría la situación  y habría avances, pero nos topamos con un ‘techo de cristal’. Se silenciaron los movimientos sociales, o los utilizaron. Se tomaron decisiones populistas y si bien es verdad que se hizo un Plan contra la Violencia de Género, no hubo recursos para que funcionara, como tampoco se abordó la despenalización del aborto. Fue una oportunidad perdida. Algo que ahora tenemos claro es que no nos volverá a ocurrir: nunca más nos callaremos gobierne quien gobierne”, asegura.

Ese feminismo ecuatoriano está incorporando, asegura, “a una ciudadanía joven y activa que utiliza nuevas herramientas, como las redes sociales, y marcan tendencia”. Y es que desconfían de Lasso, si bien consideran que es una “ventaja saber quien es y conocer sus políticas neoliberales, aunque luego capte a activistas de derechos humanos para su gobierno”.

Son muchos los frentes abiertos. Por un lado, el ya mencionado sobre la violencia sexual, en un país donde la Fiscalía reconoce que hay 11 violaciones al día (son sólo las denunciadas) y que una de cada 10 mujeres ha sido agredida sexualmente En el caso de las niñas (como la criatura del cantón de Quevedo), ni siquiera saben qué es la violencia sexual cuando la sufren. Lita recuerda lo ocurrido con la adolescente Paula Guzmán, que se suicidó a los 16 años al quedarse embarazada tras sufrir durante dos años violaciones en su colegio. La denuncia, en la que partició CEPAM-Guayaquil, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en agosto de 2020  estableció que Ecuador debía pedir disculpas a la familia y garantizar la educación sexual en los colegios. Hoy es una hora semanal. “Con esta sentencia del Constitucional y la ley que despenaliza abortos en caso de violación ya hemos dado pasos importantes, aunque queda mucho para llegar en Ecuador a la meta de un aborto libre, gratuito y universal”, reconoce Lita Martínez.

En cuanto a los malos tratos y los feminicidios, de momento ni el Plan ni la Ley han bastado, a falta de recursos, para frenar los asesinatos de mujeres, 63 hasta el pasado 20 de junio, 118 el pasado año. En proporción a la población, casi cuatro veces más muertas por razón de su género que en España en 2020. “Ahora nos dicen que si las mujeres no denuncian es porque no quieren, pero ¿para qué van a ir a denunciar si no las creen, si los agente les dicen que si denuncian a ver quién va a alimentar a sus hijos,  o se demoran los juicios… Nos queda mucho camino, pero en ello estamos”, concluye.