El Gobierno paralizará los desahucios de familias vulnerables mientras dure el estado de alarma
Acuerdo entre la Vicepresidencia segunda y el Ministerio de Transportes.
La Vicepresidencia segunda y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han alcanzado un acuerdo para poner fin a los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables en España mientras dure el estado de alarma.
Según fuentes de la Vicepresidencia segunda, este acuerdo conlleva que “las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna”.
“Las comunidades serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional que será siempre una vivienda digna (por ejemplo, no podrá ser un albergue)”, relatan las fuentes. Desde la Vicepresidencia segunda detallan que el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que esas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo.
“La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen vulnerabilidad”, indican desde la Vicepresidencia.
El pacto incluye también a las familias en precario en viviendas de grandes tenedores -propietarios de más de una decena de viviendas-. En este caso las comunidades tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.
El acuerdo se traducirá en un decreto que deberá pasar por Consejo de Ministros en las próximas semanas, incluso podría llegar ya el martes que viene (primero necesita el visto bueno de la Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios).
El tema de los desahucios se había convertido en un asunto espinoso dentro del propio Ejecutivo y Pablo Iglesias presionó dentro de la coalición para sacarlo adelante a la vez que los presupuestos.
Tras varios encontronazos, Unidas Podemos decidió presentar una enmienda a los propios presupuestos firmada junto a ERC y EH Bildu para presionar a sus socios socialistas. Este texto ha sido retirado ya de la tramitación y no será votado este jueves en el Congreso.