Batet ve clara la inhabilitación de Alberto Rodríguez pero pide aclaración al Supremo por las críticas de UP
Antes de solicitar a la Junta Electoral Central que ejecute la pena de inhabilitación, que conllevaría su pérdida de condición de diputado.
La Mesa del Congreso de los Diputados aún no se decide a actuar sobre el escaño de Alberto Rodríguez. Meritxell Batet, como presidenta de la Cámara, se ha mostrado favorable a su inhabilitación en un primer momento, pero finalmente ha pedido al Tribunal Supremo que aclare si debe retirar el escaño al diputado de Podemos, después de haber sido condenado a una pena de prisión, conmutable por una multa, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
En un comunicado a la prensa, el órgano de Gobierno de la Cámara Baja, que se ha reunido desde las 14:00, ha señalado que por una mayoría de 5 a 3, se ha acordado pedir esta aclaración al Alto Tribunal antes de solicitar a la Junta Electoral Central que ejecute la inhabilitación y la retirada del escaño.
El Congreso devuelve así la ‘pelota’ a la Justicia, después de que el Supremo le solicitase un informe sobre la fecha de inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta al representante ‘morado’.
La oposición denuncia presiones de Unidas Podemos
Batet, según fuentes conocedoras, se había mostrado partidaria a la inhabilitación del diputado canario, pero finalmente ha optado por pedir más información al Supremo. Como ella han votado los otros cuatro miembros de PSOE y UP, frente a los tres de PP+Vox que han abogado por su retirada inmediata.
Desde Unidas Podemos han solicitado que sea el Supremo el que explique el alcance de sus sentencia porque “no está nada claro y la mayoría del Congreso pide una aclaración”.
Actuar sin ese refrendo — según los dos secretarios de Unidas Podemos en este órgano parlamentario, Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna— hubiera implicado tener que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dado que se habría incurrido en una clara “prevaricación”, una “barbaridad” y una “vergüenza” para España.
La decisión final, ha explicado Vox en rueda de prensa, la ha ‘tomado’ Podemos, por las “presiones” lanzadas desde la formación morada. De hecho, su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, se había felicitado de que Batet hubiera decidido que prevaleciera “el Estado de derecho y la razón”, antes de conocerse el anuncio oficial.
El Partido Popular, en voz de la vicepresidenta segunda (y expresidenta) de la Cámara, Ana Pastor, ha exigido dar una respuesta inmediata al Supremo: “Si no se responde al mandato judicial se estaría incumpliendo una sentencia judicial. Pedir una nueva aclaración es una nueva maniobra de dilación que no podemos consentir”.
“El Supremo le ha aclarado a la presidencia lo que había que hacer por si había alguna duda. Lo demás son excusas. La presidenta nos trasladó que en media hora tomaría una decisión, pero no ha ocurrido así”, ha añadido Pastor.
“La señora Batet tenía que haber cerrado el asunto hoy y el señor Sánchez está haciendo uso de los letrados para hacer una interpretación torticera de la sentencia del Supremo. Como diputado no merecemos compartir escaño con otro diputado condenado”, ha reconocido muy contundente el miembro de Cs Miguel Gutiérrez. “Deberíamos estar diciéndole exdiputado, el tema no da para más. La decisión debería haberse tomado en 5 minutos, ni uno más”, ha rematado.
Polémicas en el Congreso
Alberto Rodríguez fue condenado a una pena de un mes y 15 días de prisión conmutable por una multa de 540 euros por atentado a agentes de la autoridad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Esa sustitución de cárcel era el motivo al que se agarraban los servicios jurídicos del Congreso para plantear que la sentencia no conllevara la pérdida del asiento. Así se manifestaron el pasado lunes 18, una reacción que llevó al Supremo a mostrarse “atónito y pérplejo” por la reinterpretación de la sentencia.
Su pena, además de su asistencia a los últimos plenos, han dado pie a sonadas polémicas dentro del hemiciclo, con miembros de Vox como impulsores de los ataques a Rodríguez. Algunos representantes de la ultraderecha han llegado a referirse a él como “el delincuente”.
