Energía en la UE: un plan por afinar pero con la convicción de que hay que compartir la carga

Unos lo tildan de radical. Otros, de insuficiente. Lo que está claro es que el plan energético presentado esta mañana por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, supone una verdadera transformación del mercado. No es un lavado de cara, sino una “reforma integral”, como la ha llamado, a la que le faltan detalles y plazos por concretar, que aún tiene que lograr los apoyos de los estados, pero que tiene clara la filosofía: en estos tiempos duros generados por la guerra de Ucrania, hay que compartir la carga. Y eso implica, también, a las energéticas que tienen enormes beneficios por el acto ciudadano común de gastar energía para vivir.

En el discurso sobre el estado de la Unión, en el inicio del curso político en la sede del Europarlamento en Estrasburgo (Francia), Von der Leyen ha dibujado un marco que busca limitar las ganancias de las empresas de energía y canalizar ese efectivo hacia los consumidores, a medida que se acerca al racionamiento de energía con el invierno y el intento de no depender tanto de Rusia, el invasor del país amigo y aspirante a la Unión Europea que es Ucrania. Bruselas prevé recaudar 140.000 millones de euros con estas medidas sobre energía, “para que los Estados miembros amortigüen el golpe directamente”, dice la presidenta.

Sin datos técnicos y con el foco puesto en el mediano plazo -sin saber exactamente tampoco de cuánto tiempo hablamos-, el Ejecutivo comunitario ha intentado rodear la polémica generada por su plan, con tensiones entre los Veintisiete, porque no todos lo acaban de ver claro, centrándose en esa cifra tan notable, exponiendo que se contará con esos ingresos adicionales gracias a los nuevos impuestos a las empresas energéticas. Que eso ya merece la pena y servirá para amortiguar la inflación de la zona euro, la peor en 40 años, producida por la situación insólita de tener una guerra abierta en suelo europeo.

La apuesta del Ejecutivo comunitario se resume en cuatro puntos fundamentales, ya conocidos, más allá de los apabullantes millones de euros: recortar los beneficios de las empresas generadoras de energía que no dependen del gas; establecer una nueva contribución a las firmas petroleras; reducir la demanda de electricidad general y ayudar a las empresas afectadas por la alta volatilidad de precios.

Todos estos pilares ya habían sido consensuados por los ministros de Energía el viernes pasado, no sin un intenso (y en ocasiones tenso) debate. La sorpresa ha sido que Von der Leyen ha subrayado que las negociaciones para limitar el precio del gas no están enterradas, sino que siguen activas. Era el punto más polémico y seguirá siéndolo, por el modo en que se miden las cosas en Europa: en el sistema comunitario, las plantas de gas a menudo fijan el precio de la electricidad. Las centrales eléctricas que no funcionan con gas venden su electricidad a los elevados precios resultantes, aunque no tengan que pagar enormes facturas por el gas. Bruselas, ahora, quiere eliminar cualquier exceso de ingresos que generen las plantas eólicas, solares, nucleares y de biomasa bajo este sistema, según el borrador de propuesta de la Comisión, adelantado por medios como Reuters.

Este mismo medio señala que, como base, se estudiaba aplicar un límite de precio después de que se liquiden las transacciones de energía, por lo que no afectaría directamente los precios en el mercado de electricidad europeo que cotiza en bolsa, según el mismo borrador. Excluiría los ingresos obtenidos de los esquemas de subsidio del gobierno, además. El texto incluía un límite de ingresos de 180 euros/MWh, inferior a los 200 euros/MWh incluidos en un borrador anterior, más ambicioso.

Eso limitaría los ingresos de las generadoras a menos de la mitad de los precios actuales del mercado, pero es que hoy el mercado tiene precios que multiplican por diez lo que había antes de la pandemia. De ahí venimos. Por ejemplo, el precio de la electricidad del año anterior en Alemania alcanzó un máximo histórico de más de 1000 euros/MWh el mes pasado y actualmente se cotiza a cerca de 500 euros/MWh. Queda clara así la magnitud del paso.

Los grupos de la industria dicen que la mayoría de los parques eólicos de Europa no están obteniendo ganancias extraordinarias de los altos precios de la energía porque venden su energía bajo contratos de precio fijo, muchos de ellos esquemas de apoyo de los Gobiernos, lo que plantea dudas sobre cuánto dinero recaudaría la medida de la UE.

Los países de la UE introducirían también, de salir adelante este planteamiento, un impuesto temporal sobre las ganancias extraordinarias para las empresas de petróleo, gas, carbón y refinerías establecidas en la UE. Se aplicaría al 33% de las “ganancias excedentes imponibles obtenidas en el año fiscal 2022” de estas empresas, según el borrador. Italia ya lo tiene en marcha.

“Más representativo”

Von der Leyen ha afirmado desde la tribuna de oradores que buscará una “reforma profunda” del mercado eléctrico, que desacople definitivamente esos precios de la electricidad y del gas. El Ejecutivo ha afirmado también que el mercado del gas “ha cambiado totalmente” y que es necesario “un patrón más representativo ante los cambios que se han implementado” en los últimos seis meses. Esto representaría dejar de lado el precio del gas TTF en Holanda, como referencia en el mercado europeo, y buscar uno “más representativo”, dijo.

Francisco Reynés, presidente de Naturgy, la principal compañía de gas en España, explicaba la semana pasada a la Agencia EFE que es lógico que el TTF deje de ser referencia “en muchas cosas”, ya que está perjudicando la competitividad de la industria y los precios domésticos del gas. Dice que no responde ya a un equilibrio de oferta y demanda, sino a las restricciones físicas de descarga de gas natural licuado (GNL) en Europa, lo que no responde al resto del mercado.

La presidenta Von der Leyen no ha olvidado echar la mirada atrás al pasado para encontrar equivalentes con esta situación. Se ha referido a la crisis del petróleo de 1973 y los esfuerzos que ya entonces hubo que hacer. “Recordemos los fines de semana sin coches, por ejemplo, para ahorrar energía. Estamos un poco en la misma tesitura. No nos hemos librado de nuestra dependencia del petróleo”, ha recalcado.

Esfuerzo colectivo que debe ir de la mano de la famosa transición ecológica, esa que se ha visto sucesivamente complicada por la pandemia de coronavirus y la guerra, cuando puede ser justo una solución a muchos de los problemas que devienen de las viejas maneras de tener energía. Se harán “esfuerzos” en potenciar las energías verdes y que los “consumidores se beneficien” de la misma, ha dicho, aunque ha sido comentado el escaso tono verde de su discurso cuando el año pasado era una de sus apuestas troncales. Ha dado a conocer la creación de un Banco Europeo del Hidrógeno “para garantizar la adquisición” de este combustible, que movilizará 3.000 millones de euros de inversión, pero no mucho más.

Después de que la guerra desbaratara el mercado de la energía, países como España comenzaron a pedir a la UE que desvinculara el vínculo entre el precio del gas y el de la electricidad. Sin embargo, hasta este verano, la idea recibió poca atención en Bruselas. “Los consumidores deberían aprovechar los beneficios de las energías renovables de menor costo”, se decía, sin querer tocar a las grandes empresas. La guerra prolongada, el cierre de gasoductos por parte de Rusia y la proximidad del invierno han cambiado muchas posturas.

Este “intervencionismo”, como lo llaman algunos críticos, va de la mano de una responsabilidad comunitaria, nacional y doméstica. Porque si ahorro, europeo a europeo, tampoco se hace nada. La presidenta se ha felicitado de que el almacenamiento de gas de la UE está ahora lleno, en un 84 %, lo que supera el objetivo de llenado previo al invierno de la UE. Pero los analistas dicen que Europa aún necesitará reducir drásticamente el uso de gas durante el invierno para evitar que las instalaciones de almacenamiento se sequen. Los países de la UE ya acordaron reducir su demanda de gas este invierno (hasta un 15%, con variaciones por estados), y el uso de electricidad podría ser el siguiente paso.

Y es que hay una sensación creciente en Bruselas de que mantener los precios bajos ahora que viene el frío es clave para que la UE tenga capacidad de seguir apoyando financiera y militarmente a Ucrania en su lucha contra Rusia. La paciencia y los bolsillos tienen límites y, como se está viendo ya en Reino Unido, el cansancio y el desánimo puede llevar a que prenda la calle, creando problemas domésticos multiplicados país a país, con protestas o huelgas porque los euros, cada día, dan para menos.

La filosofía de fondo

El plan de Von der Leyen está diseñado para ayudar a la UE a capear la tormenta de la inflación vertiginosa, los precios desbocados de la energía y la guerra en casa, pero no sólo por una cuestión económica, sino porque el caos amenaza el sistema democrático de que nos hemos dotado en Europa y depender de totalitarismos como el de Vladimir Putin supone un acoso a todo el sistema.

Por eso ha intentado hablar de esfuerzo colectivo, todo el tiempo. Donde unos ven un hachazo fiscal, ella defiende la “contribución solidaria” de las empresas de petróleo, gas y carbón para con el resto de europeos. “Es erróneo lograr beneficios de la guerra”, ha recordado, en el mayor latigazo quizá de esta parte de su discurso, llamando a la conciencia de las firmas. El dinero que ellas no reciban ahora tiene que “canalizarse a los que más lo necesitan”. “Las grandes empresas de petróleo, gas y carbón también obtienen enormes beneficios, así que tienen que pagar una parte justa, tienen que dar una contribución de crisis”, ha añadido.

En esta parte de su intervención han sido especialmente sonoros los aplausos, empezando por los de la bancada del Partido Popular Europeo, al que ella pertenece como miembro de la CDU alemana. Los conservadores, tradicionalmente, se han alineado con la empresa, pero en esta coyuntura el debate sobrepasa las amistades clásicas y la apuesta, el recorte de sus beneficios, se entiende como un mal menor en busca de un bien mayor, que es frenar la escalada de precios y consolidar una menor dependencia de Rusia. Hasta los populares españoles estaban allí sentados, en Estrasburgo, los mismos que en España se oponen a un tope de precios o un cambio fiscal de esta naturaleza.

Von der Leyen ha planteado las medidas como un plan de economía de guerra, porque no sólo pelea Kiev contra Moscú, sino que es una guerra el intento del Kremlin. “Es una guerra contra nuestra energía. Es una guerra contra nuestra economía. Es una guerra contra nuestros valores. Es una guerra contra nuestro futuro”, dijo a la mañana. “Se trata de autocracia contra democracia y estoy aquí con la convicción de que con el coraje necesario y la solidaridad necesaria, Putin fracasará y Ucrania y Europa prevalecerán”, enfatizó.

Ahora el principal choque en las semanas que quedan por delante para negociar es si el tope ebería aplicarse a todo el gas importado, los flujos de gasoductos o el comercio mayorista de gas. Alemania, Países Bajos y Dinamarca se oponen a un tope general en el precio del gas, advirtiendo que podría dejar a los países luchando por atraer suministros en mercados globales con precios competitivos y poner en peligro la seguridad energética de invierno de Europa. Italia y Polonia, por su parte, se encuentran entre los partidarios de ir a por todas, porque reduciría las facturas para los ciudadanos y las industrias.

La UE también se ha retractado de un plan anterior para imponer un precio máximo al gas ruso. Países como Hungría y Austria se habían opuesto a esa idea en caso de que Moscú tomara represalias cortando los suministros cada vez más escasos que aún envía a la UE.

Hay margen aún para que no sean los ciudadanos los que lo paguen todo.