Así será la ley para luchar contra la trata y las mafias: derechos y garantía de asistencia a las víctimas

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley orgánica contra la trata de seres humanos, una norma en cuyo desarrollo han participado los Ministerios de Justicia, Igualdad, Interior e Inclusión -con aportaciones de 9 carteras- y que la titular del primero, Pilar Llop, ha calificado como “un compromiso ético, un compromiso democrático de primera magnitud”.

A pesar de que existían ciertas diferencias a nivel interdepartamental, el texto que ha contado con el visto bueno definitivo cumple el objetivo de poner a las víctimas en el centro de las medidas aprobadas, reconociendo derechos y otorgando garantías. “Es fundamental que nos centremos en las víctimas y que como Estado social y de derecho que somos ofrezcamos un itinerario a quienes se ven atrapados en estos círculos”, ha subrayado la ministra de Justicia.

La clave de la futura legislación es que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la asistencia a la víctima y el proceso de detección e identificación no estén condicionados a su colaboración en una investigación penal. “Se reconoce el derecho a una protección y asistencia especializada y adecuada a los distintos tipos de trata”, ha explicado Llop para enumerar distintos casos, algunos de ellos son incorporaciones novedosas en el Código Penal.

Entre estos se encuentran los de fines de explotación sexual, extracción de órganos o fracción de tejidos corporales, celebración de matrimonios de hecho forzosos, esclavitud o servidumbre, trabajos forzosos incluyendo la mendicidad y la realización de actividades delictivas.

Identificación y derechos de las víctimas

Hay que tener en cuenta que en gran parte de los casos, las víctimas de trata se encuentran en España en situación irregular, lo que complica su colaboración con la justicia. Tanto la detección como identificación de las o los explotados pasan a configurarse como derechos.

Desde ese momento, las víctimas “tendrán derecho a recibir información, asesoramiento y a ser derivadas de forma inmediato a los servicios especializados de asistencia y protección”, pero también tendrán derecho al “retorno asistido voluntario [a su país de origen]”, a servicios de apoyo y asistencia jurídica gratuita. Además se les brindará ayuda de intérpretes o mediadores culturales si son necesarios.

En este sentido, Llop ha confirmado que el “reconocimiento y la efectividad de derechos no se vincula de ninguna manera a la interposición de la denuncia ni a la participación de las víctimas en la investigación”. Se reconoce así también el derecho a la privacidad de las víctimas desde el primer momento.

Un mecanismo estatal de coordinación

Así, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y las direcciones insulares serán las encargadas de dictar las resoluciones que identificarán a las víctimas de trata y que las habilitará para acceder a los derechos y servicios que se habiliten para ellas en la ley. Para ello se creará el Mecanismo Nacional de Derivación (MND).

“Es un órgano encargado de la derivación inmediata de las presuntas víctimas de trata que centralizará todos los datos para tener un mejor conocimiento de la situación”, ha detallado Llop, de este mecanismo que se activará cuando existan sospechas.

Nuevo tipos delictivos

Precisamente, Llop ha destacado que esta nueva ley trae consigo un enfoque “holístico” e “integral” de todas las formas de trata y explotación de seres humanos, poniendo fin a la “dispersión normativa”. El texto aprobado incorpora nuevos tipos delictivos, como el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y todas las formas de sometimiento forzoso a explotación.

De la misma forma, la titular de Justicia ha explicado que ley implementa una regulación más extensiva de “la prueba preconstituida para proteger de este modo y evitar revictimizaciones secundarias de las víctimas”.

Derechos laborales y económicos

Otra de las claves de este anteproyecto es que se reconocen derechos laborales y económicos de las víctimas tras su identificación. Entre ellos se hallan el derecho a la inserción social y laboral, el acceso a la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), a vivienda, a una reparación integral y a una compensación económica adecuada en forma de indemnización, con una protección específica en el caso de víctimas menores.

Preguntada sobre la obtención permiso de residencia, Llop ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en la elaboración se han tenido en cuenta otras leyes como el Convenio de Varsovia (Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos), en cuyo artículo 14 se desarrolla este caso.

“Lo que prevé es que las víctimas de trata, una vez que sean identificadas, tendrán derecho a la autorización del permiso de residencia por circunstancias excepcionales teniendo en cuenta su situación personal o bien, teniendo en cuenta su colaboración dentro del procedimiento penal”, ha desgranado la titular de Justicia, destacando que “lógicamente, si van a colaborar en el procedimiento penal es necesario otorgarles la residencia para que estén aquí”.

Con todo, Llop ha reconocido que esta ley es una primera vuelta y que siguen trabajando por si hay que incorporar cambios en el futuro.

Las diferencias entre ministerios

El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero veía “imprescindible”, por ejemplo, que la ley incluyese la posibilidad de que las víctimas de trata y explotación sexual que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular accedan a un permiso de residencia y de trabajo y reciban atención social integral sin necesidad de colaboración policial o de denuncia, como el resto de víctimas de violencia contra las mujeres.

Fuentes del Ejecutivo señalaban a Europa Press que en el anteproyecto los derechos de las víctimas de trata no estaban condicionados a la presentación de ninguna denuncia y destacaban el “importante esfuerzo de coordinación realizado por Justicia” para elaborar “en un tiempo récord” un texto junto a los otros tres ministerios y con aportaciones de otros nueve: Economía, Hacienda, Agricultura, Política Territorial, Universidades, Educación, Sanidad, Derechos Sociales y Trabajo.

Precisamente, Pilar Llop ha dejado claro este martes que “no es algo que hayamos cambiado a última hora sino que en todo momento se han desvinculado las ayudas a las víctimas de trata de cualquier tipo de denuncia”.

Aplazada, pero aprobada

Con todo, las diferencias entre Igualdad y Justicia se remontan a hace meses, ya que el objetivo inicial de Montero era aprobar un proyecto centrado en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Igualdad envió un texto a Justicia en enero y han esperado meses a conocer su respuesta.

Justicia consideró que era necesario aprobar una ley integral para todos tipos de trata, no solo con fines de explotación sexual, y encargó su diseño a la Comisión General de Codificación, órgano asesor de ese departamento.

El anteproyecto llega además más tarde de lo previsto al Consejo, ya que hace dos semanas el Ejecutivo anunció que estaba listo para su aprobación, pero la covid de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y posteriormente el debate en el Congreso de los presupuestos de este Ministerio lo aplazaron.

Al anunciar que este martes la norma estaría sobre la mesa del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez aseguró que con este anteproyecto España va a dar “un paso más para avanzar en dignidad” y “combatir una realidad insoportable en pleno siglo XXI”. Se trata de una ley, explicó Sánchez, para avanzar en la lucha contra las mafias que trabajan con mujeres, con hombres, y sobre todo con niñas y niños.