Canarias, UE: resonando en Bruselas

Lunes, 1 de marzo de 2021. La ruta migratoria atlántica a la Unión Europea a través de Canarias, en el orden del día de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo. Comparecen la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la presidenta de CEAR, Estrella Galán.

La comisión LIBE —la de mayor espectro de competencias legislativas del Parlamento Europeo— se ocupa, entre otras materias, de legislar sobre migraciones y asilo. El espacio de libertad, justicia y seguridad de la UE se funda sobre los principios de confianza mutua y reconocimiento mutuo, solidaridad vinculante y responsabilidad compartida.

Descansando en esos principios, la comisión LIBE y la Eurocámara han legislado un extenso paquete de migraciones —con 8 actos legislativos, leyes europeas— y un paquete de asilo —con 9 actos legislativos—. Su nudo gordiano se cifra en el Reglamento de Dublín, que asigna la responsabilidad de gestionar las demandas de asilo y la protección humanitaria al país de primera entrada, lo que sobrecarga a los Estados miembros con fronteras exteriores, singularmente a los que las tienen marítimas en el Mediterráneo. Además, España, tiene fronteras terrestres con África en Ceuta y Melilla, y atlánticas con África occidental en Canarias.

Pese a estar desde hace tiempo vigentes, la aplicación y el rendimiento de estos dos paquetes legislativos sobre migraciones y asilo padecen dos deficiencias persistentes. Por un lado, un injusto reparto de responsabilidades, con saturación de las capacidades de acogida de los países del sur con fronteras marítimas vulnerables al influjo de migración irregular. Por otro lado, se han producido incumplimientos clamorosos del Derecho europeo legislado por parte de un número creciente de Estados, a la cabeza de los cuales están Hungría y Polonia, el Grupo de Visegrado, indiscutibles campeones de la insolidaridad, en abierta deriva a la eurofobia.

A fines de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en Nueva York el Pacto Mundial sobre Migración, posteriormente complementado por las conclusiones adoptadas en la Conferencia de Ginebra de diciembre de 2019. Su filosofía coincide con las resoluciones europeas desde 2016 y con la legislación aprobada por el Parlamento Europeo.

De modo que de ahí arranca el debate en el que nos encontramos, sobre la necesidad y/o oportunidad de alcanzar un nuevo pacto que incorpore de una vez de forma tan terminante como suficientemente clara esa visión en torno al hecho migratorio y la demanda de asilo que sepa ser, al mismo tiempo, global, comprensiva y holística.

¡Esa mirada holística es la que el Parlamento Europeo reclama y sostiene desde hace ya largos años en sus resoluciones y votos legislativos!

Esto implica comprender y manejar al mismo tiempo todas las piezas de un puzle de enorme complejidad y alcance geográfico y temporal:

a) La cooperación con los países de origen y tránsito.

b) La apertura y refuerzo de vías legales y regulares de acceso a la UE,

c) El establecimiento de un marco confiable y estable de salvamento y rescate.

d) El compromiso en la lucha transnacional contra los tráficos ilícitos y de explotación de personas y sus terminales en la UE, con la cooperación policial y judicial que reduzca su actual margen de impunidad.

e) La protección de los refugiados y los asilados conforme al Derecho internacional humanitario.

f) El refuerzo de los retornos con repatriaciones dignas mediante una estructura robusta de acuerdos internacionales.

g) El aseguramiento de una respuesta común europea que sea eficaz, europea y cumplidora de su Derecho legislado y del Derecho internacional.

Para reparar tantos problemas de mejor tratamiento y gestión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y la comisaria Johansson se comprometieron a presentar un nuevo pacto de migración y asilo en marzo de 2020. Se pretendía ofrecer una actualización de la respuesta europea, esperablemente más equilibrada y desde luego más eficaz.

La pandemia del coronavirus retrasó el calendario inicialmente previsto y la iniciativa se presentó el pasado mes de septiembre. Consiste en cinco reglamentos y cuatro recomendaciones, incluyendo estas las vías humanitarias.

Soy el ponente del reglamento de crisis y fuerza mayor: la única oportunidad que tiene la solidaridad de concretarse en algo significativo, a la vista de la propuesta de la Comisión de una “solidaridad flexible”.

Esta propuesta es releída por algunos como “solidaridad a la carta”, de forma que los países puedan optar entre aceptar programas de realojamientos para migrantes vulnerables o financiar vuelos de retorno, con un desdoblamiento todavía por aclarar en desarrollo de capacidades.

Las definiciones claras son por tanto la primera ecuación a despejar en un procedimiento legislativo europeo de largo alcance, que tiene mucho por delante. Por la envergadura y la dificultad de las leyes en tramitación, por su interrelación y por la estructura del procedimiento legislativo. Primero, el Parlamento Europeo aprueba por mayoría, después se tiene que llegar a una posición común en el Consejo —que debería ser por mayoría cualificada, no por consenso, que siempre resulta en bloqueo y parálisis— y luego un trílogo a cara de perro. Si se supera, habrá una legislación europea y un nuevo pacto. Pero mientras no sea así, no será un pacto sino una mera iniciativa de la Comisión Europea.

La comisión LIBE ha debatido la situación en Grecia (Mar Egeo, Islas Griegas, Lesbos, Samos), en Chipre, en Malta y en Italia (Islas Eólicas, Lampedusa). Actualmente, Canarias es el punto más caliente de la ruta migratoria a la UE. ¿Cómo no íbamos a debatirlo? Del mismo modo en que, en ocasiones anteriores, hemos escuchado los testimonios relevantes de responsables locales como los alcaldes de Moria y Lampedusa. ¿Cómo no íbamos a escuchar el testimonio del responsable del Gobierno regional en Canarias?

Los jefes de Gobierno de España (Pedro Sánchez), Italia (entonces todavía G. Conte), Grecia (C. Mistsotakis) y Malta (R. Abella), procediendo cada uno de distintas familias políticas, escribieron un documento conjunto en el que pusieron su objeción principal y frontal contra la formulación del nuevo pacto de migración y asilo propuesto por la Comisión Europea.

El testimonio del presidente del Gobierno de Canarias, en una intervención bien medida y aún mejor argumentada, acreditó su coherencia con la posición fijada por los Gobiernos de los países con fronteras ante el Mediterráneo.

¡Por la ruta atlántica a la UE que pasa por las Islas Canarias han llegado 26.000 personas en los últimos 14 meses! El sistema europeo común de asilo debe aprender a responder, y a hacerlo no solo Canarias con el debido respaldo del Gobierno español. Pero lo cierto y real es que se han sucedido hasta ahora respuestas repentizadas al hilo de la presión, provisionales y todas insatisfactorias, con el inevitable coste de una creciente tensión social y política alrededor.

Es cierto que la situación en Canarias no es ni remotamente comparable —ni en lo cuantitativo (las cifras) ni en lo cualitativo (el nivel de dramatismo de la tragedia humanitaria)— con el “infierno” de Moria o el hacinamiento registrado en Lampedusa. Pero también que no procede tantear como horizonte posible una deriva de empeoramiento. ¡Hay que cuadrar la respuesta de mejora en un contexto de coherencia con los valores y el Derecho europeo, y de sostenibilidad!

Una conclusión es meridana. Canarias no puede por sí sola —como tampoco desde luego Lesbos ni ninguna otra isla griega, ni Lampedusa ni ninguna otra isla italiana— almacenar, ni encajonar a quienes, rescatados en la mar, sobreviven a la pesadilla de una travesía de días o de semanas para alcanzar ese suelo canario que, por serlo, es ya suelo español y por consiguiente europeo. Es preciso asegurar una solidaridad efectiva, eficaz, normalizada, no extraordinaria, ni escasa, ni fragmentaria, ni insuficiente, ni expuesta a los recurrentes debates de su revisión a la baja.

Es imperioso combatir en toda la UE contra los bulos, las fake news y las distorsiones falaces de los hechos empíricamente contrastados, que empecen una percepción adecuada de la realidad, y conjurar el poder movilizador del prejuicio y la mentira propagada por las redes sociales que alientan el discurso del odio y la explotación del miedo.

A lo largo del debate es preciso distinguir la política y la legislación sobre migraciones de la legislación que protege el Derecho de asilo, aun cuando no sea sencillo —al contrario, son muchas las dificultades prácticas— distinguir en breves plazos los “migrantes económicos” (personas con dignidad y derechos inviolables, no se pierda de vista) de los demandantes de asilo y refugio que huyen de la persecución con riesgo para sus vidas y su integridad personal.

Una tercera asignatura pendiente, tal y como reclama una y otra vez la comisaria Johansson, es combatir la idea de “migración como problema, crisis, desafío inasumible”. Es un hecho, siempre lo ha sido. Y puede ser gestionado a condición de que lo hagamos juntos en coherencia con nuestros valores proclamados y nuestro Derecho legislado.