Calvente dice ante el juez que el robo del 'caso Dina' fue un montaje orquestado por Podemos

El exabogado de Podemos José Manuel Calvente, quien acusa al partido de financiación irregular, ha asegurado este jueves ante el juez Manuel García-Castellón que el robo del móvil de Dina Bousselham fue un “montaje” orquestado por los morados con fines políticos, según fuentes judiciales.

El exletrado ya dijo lo mismo en una entrevista a un medio de comunicación. Calvente dijo que “el ‘caso Dina’ era un montaje”. “Como yo podía desmontarlo, me intentaron joder la vida acusándome falsamente de acoso sexual. El problema es que el segundo montaje, falso como el primero, les ha salido mal”, zanjó.

El abogado del partido, Raúl Maíllo, ha asegurado que “Calvente no ha aportado ninguna prueba y ha basado su declaración en meras hipótesis y opiniones”. Sobre si el caso Dina era un “montaje” conocido por la dirección de Podemos, Maíllo ha dicho que “Calvente ni siquiera se ha atrevido a afirmar eso en primera persona”. “Ha dicho que eso es lo que le comentaron, sin indicar quién se lo dijo. Se trata de una persona con una clara animadversión hacia Podemos”, ha zanjado

El exresponsable jurídico de Podemos ha declarado este jueves como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional en el marco de las pesquisas sobre el ‘caso Dina’, la supuesta sustracción del teléfono de la exasesora morada, ahora directora de un medio afín a Podemos.

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, decidió cambiar a los fiscales al frente del interrogatorio telemático a Calvente, que se encuentra en Barcelona, donde vive. El motivo detrás de ese cambio está en el alcance de la relación entre Calvente, la también letrada Marta Flor y la propia Bousselham, representada de Flor.

José Manuel Calvente fue despedido de Podemos en diciembre de 2019 tras concluir el partido en una investigación que acosó sexual y laboralmente a Flor. La jueza, no obstante, archivó el caso. Pero Flor ha seguido representando a Bousselham y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en esta pieza separada del ‘caso Villarejo’.

Triángulo Flor, Calvente, Bousselham

El problema es que a Flor se le ha relacionado con uno de los anteriores fiscales del caso, Ignacio Stampa, a quien la Fiscalía de Madrid abrió diligencias para dilucidar si le trasladó o no información confidencial sobre la causa. El juez García Castellón ha llamado a declarar a Calvente para conocer su versión sobre la actuación del partido.

El magistrado, quien además plantea investigar las amenazas que está sufriendo Calvente, retiró a Pablo Iglesias su condición de perjudicado por las dudas que le suscitó su versión sobre el destino que le dio a la tarjeta del teléfono de  Dina Bousselham una vez la recuperó procedente de la revista Interviú. El juzgado de instrucción número 42 de Madrid investiga también una denuncia del exabogado por supuesta financiación irregular de algunos dirigentes del partido, hechos que dice conocer desde 2018 y que achaca como causa real de su despido.

La Fiscalía, no obstante, pidió al juez investigar al partido solo por un posible delito en un contrato con la consultora de comunicación política Neurona Comunidad S.L. para las elecciones de abril de 2019. Pero el Ministerio Público es partidario de archivar el resto de acusaciones de Calvente, porque tacha de “rumores, sospechas o suspicacias” sin fundamento las acusaciones que lanzó contra dirigentes de la formación.

Las acusaciones del exletrado morado apuntaron, además de a la relación con Neurona, a la reforma de la sede del partido en Madrid y a los movimientos de la llamada ‘caja de solidaridad’ de Podemos, en la que los militantes que ostentan cargos públicos depositan parte de sus sueldos y que Calvente señaló como la ‘caja B’ de la formación.

En el caso Dina, Iglesias declaró como perjudicado poco antes de las elecciones generales de abril de 2019 y le explicó al juez que en 2016, meses después del robo, recibió la tarjeta del móvil de su exasesora de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio. Iglesias aseguró que ésta funcionaba, mientras que Bousselham señaló que ella no pudo acceder a su contenido porque estaba deteriorada.

Estas contradicciones llevaron a García Castellón a dejar de considerar a Iglesias como víctima y a instruir una serie de diligencias para averiguar cómo se habían producido los daños en la tarjeta, para lo que pidió informes a la empresa de recuperación de dispositivos a la que recurrió la pareja de Dina y a la Policía Científica.

El informe de la empresa indica que la tarjeta era “irrecuperable” con los métodos habituales, pero estaba intacta y sin cortocircuitos, por lo que se le podría haber sometido a un procedimiento extraordinario valorado en 600 euros.

En el otro, la Policía Científica concluyó que el dispositivo presentaba un lijado que suelen realizar los laboratorios especializados en recuperar información de ese tipo de dispositivos. La decisión del juez de expulsar a Iglesias del procedimiento está aún pendiente de lo que decida la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando resuelva el recurso de apelación que interpuso el líder de Podemos