Cada minuto que pasa es tarde
Somos una población que junto con otros colectivos ha trabajado también para traer la democracia a España y no queremos seguir siendo sus olvidadas.
Las entidades específicas trans y sus familias llevan en una lucha desde 2014 para que en España se apruebe una Ley Trans Integral, de carácter estatal, que dé protección y respuesta a las infancias, juventud, personas migrantes y mayores trans, a la situación anacrónica de desigualdad a la que se enfrentan día a día. Un marco jurídico que venga a reparar y garantizar la igualdad de oportunidades para derechos tan básicos como son el trabajo, la educación, la salud, el deporte, que prevea medidas pedagógicas que frenen el odio, causa de las múltiples agresiones, acoso escolar y exclusión laboral.
Una demanda que se fundamenta en las causas estructurales que provocan la discriminación de las personas trans en todo el mundo. Vivimos en un mundo de personas cis (no trans), hecho por personas cis, pensado por y para personas cis, donde las personas trans hemos sido expulsadas a los márgenes de la política, instituciones, cultura, arte, por tanto impidiendo la participación activa en la vida social y cultural.
Esta situación, estructural y específica requiere de una legislación también específica, que no borre al sujeto político y sobre todo que aborde de una vez por todas las raíces de esta discriminación.
En el entorno geopolítico de Europa y Latinoamérica, cada vez más países cuentan con leyes trans fundamentadas en la despatologización y en la determinación del género, según el Informe de los Derechos Humanos de la Personas Trans, hecho público el 30 de septiembre de 2020 por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). La ausencia de estas leyes que incluyan los principios antes mencionados, provocan el aumento de las agresiones, acoso, exclusión y los discursos tránsfobos se engrandecen ante la impunidad, que gravemente está “normalizando” un trato subhumano a las personas trans. Señala además que la libre determinación de la identidad sexual es el estándar para Europa.
En dicho informe se nombra entre otros países, a España, destacando la falta de voluntad política para un cambio que ya es irreversible y con una legislación de cambio registral del nombre y sexo, 3/2007, que vulnera los derechos humanos de las personas trans, una ley sobre la que pesa una sentencia, en 2019. El Tribunal Constitucional declaró que es y ha sido inconstitucional excluir a los menores del uso de la misma.
El gran cambio social y cultural que las infancias y adolescencias trans están viviendo se traduce en el amor y acompañamiento de las familias, en la gran sensibilidad y empatía del personal docente, sanitario o en el ámbito del trabajo social. Nos encontramos con que la sociedad está yendo por delante del legislativo, es preciso corregir ese desajuste del estado de Derecho, con valentía y determinación, sin escuchar las voces reaccionarias que siempre se han opuesto a cualquier tipo de avance social y civil.
El acuerdo del Gobierno de coalición en lo que afecta al colectivo LGTBI fueron dos leyes, una Ley Trans Integral y otra de carácter general LGTBI, como ya sucede en comunidades como Andalucía, Madrid, Valencia y Aragón. Por tanto, es el momento de los hechos, no el de las palabras, cada minuto que pasa es tarde, para frenar un nuevo suicido, para parar el odio en las redes sociales, las agresiones en las calles, para poner en marcha políticas de empleo, paliar la situación de las personas trans migrantes. Cada minuto que pasa en este país se siguen vulnerando los derechos humanos de una parte de nuestra ciudadanía, los derechos de las personas trans no son una estrategia política, no somos moneda de cambio, somos una población que junto con otros colectivos ha trabajado también para traer la democracia a España y no queremos seguir siendo sus olvidadas.