La Comisión Europea propone condicionar la recepción de fondos comunitarios al respeto del Estado de derecho

La Comisión Europea (CE) ha presentado el primer presupuesto de la era 'postbrexit', para el periodo 2021-2027, en el que pide elevar los fondos hasta 1,28 billones de euros, pero plantea recortes en las políticas agrícola y de cohesión.

Esto supone que el presupuesto para los próximos siete años pasaría del 1,03 % del PIB conjunto de los Veintiocho que supone hoy a representar el 1,11 % del PIB de los 27 Estados que permanecerán en el club comunitario tras la salida del Reino Unido.

"Es un presupuesto realista y razonable", ha dicho al presentar la propuesta a la prensa el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, quien reconoció que hay recortes, pero 'no una masacre' en los fondos de cohesión y agrícolas.

La razón, explicó el comisario de Presupuesto, Günther Oettinger, es que había "dos grandes problemas": por un lado"'llenar el agujero que deja el brexit y, por otro, encontrar financiación para tareas que en los marcos financieros anteriores no tenían un 'perfil predominante", como inmigración, prevención del terrorismo o defensa.

Plantea recortar un 7% los Fondos Estructurales y de Coesión

Según los cálculos de la Comisión, el agujero del Reino Unido oscila entre los 12.000 y 15.000 millones de euros, mientras que las nuevas necesidades exigen 10.000 millones adicionales al año.

Para ajustar las cuentas, Bruselas plantea recortar un 7% los Fondos Estructurales y de Cohesión y un 5% los de la Política Agraria Común (PAC) y, dentro de esta, un 4% los pagos directos, que suponen el grueso de la partida.

Con todo, ambas políticas siguen siendo los principales pilares y representan casi el 65% del presupuesto, frente al 73% en el marco anterior.

El marco 2021-2027 prevé 273.000 millones de euros para Fondos Estructurales y de Cohesión y 101.000 millones para el Fondo Social Europeo, en tanto que la PAC contará con 365.000 millones de euros en total.

Tras ellas, la mejor dotada es la partida de mercado único, innovación y digital, con 187.400 millones de euros (14,6 % del total presupuestado).

Aumentar los fondos destinados a inmigración, seguridad, defensa y acción exterior

La Comisión propone, además, aumentar de forma significativa los fondos destinados a inmigración, seguridad, defensa y acción exterior, que pasan de suponer el 8% en el marco anterior (84.000 millones de euros) a representar el 14,5% en el actual.

En concreto, asigna 123.000 millones a la partida de acción exterior y vecindad, 34.900 millones a la gestión de las fronteras e inmigración y 27.500 millones a seguridad, defensa y respuesta ante crisis.

En materia de juventud, se dobla el presupuesto del Erasmus + hasta 30.000 millones de euros.

Dos nuevos fondos

Por otra parte, Bruselas plantea utilizar el presupuesto para la integración de la eurozona al proponer dos nuevos fondos.

El primero, dotado con 25.000 millones de euros, estaría dedicado a apoyar las reformas estructurales en los Estados miembros, mientras que el segundo contaría con hasta 30.000 millones de euros para dar préstamos en condiciones favorables a los países que atraviesen crisis para mantener el nivel de inversión pública.

La Comisión propone por primera vez condicionar la recepción de fondos comunitarios al respeto del Estado de derecho, de modo que la Unión pueda suspender o reducir la financiación a aquellos países dónde se detecten deficiencias.

La medida llega tras la preocupación por la reforma del sistema judicial en Polonia y la deriva autoritaria del Gobierno húngaro de Víktor Orban, aunque Juncker se ha esforzado en evitar los roces con el Este y ha señalado que las reglas se aplicarán a "todos los países".

En el lado de los ingresos, Bruselas plantea nuevos recursos propios: transferir al presupuesto un 20% de lo obtenido con el sistema de comercio de emisiones de carbono, aplicar una tasa del 3% sobre la futura base imponible común consolidada del impuesto de sociedades (BICCIS) y una contribución nacional en función del volumen de plástico no reciclado, a razón de 0,8 euros por kilo. Calcula que así podría obtener 22.000 millones de euros anuales.

Por último, Bruselas quiere acabar en un periodo de cinco años con los descuentos en su contribución que tienen Dinamarca, Alemania, Suecia y Holanda como consecuencia de la reducción aplicada al Reino Unido, que desaparecerá con el 'brexit'.

España, entre los países dispuestos a aportar más

Las cifras para cada país tardarán aún unos días en llegar, según Oettinger, pero Holanda y Austria ya han anunciado que no aumentarán su contribución, posición que comparten Dinamarca y Suecia.

Entre los países dispuestos a aportar más figuran España, Francia y Alemania, mientras que Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Rumanía, Eslovenia, Bulgaria y Croacia están abiertos a elevarla solo hasta el 1,1%.

La propuesta de la CE servirá de base para una negociación en la que se requiere unanimidad y que tradicionalmente se prolonga meses.

Bruselas quiere un acuerdo antes de las elecciones de mayo de 2019 para que lo valide la actual Eurocámara, pero las capitales lo ven difícil.