Autonomías infantiles

Desde que empezó la epidemia, que luego fue pandemia, el líder popular, Pablo Casado, ha estado soltando unos enormes chorros de tinta de calamar, prontamente imitado por todo el cardumen conservador. Ha sido una vulgar maniobra de distracción para una fría y tramposa transferencia de culpas hacia el Gobierno central, añagaza que ha logrado notable éxito en las redes. Porque las redes son para pescar.  

El ejemplo más notorio es la estrategia de echar la culpa de las muertes de ancianos en los geriátricos a Pedro Sánchez y al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Incluso, la extrema derecha ha querido adelantarse a la derecha extrema en el deporte de la burrada, añadiéndole unas gotas de odio a la pócima, y quiere que se juzgue a los ‘responsables’ de lo que no dudan en considerar un ‘exterminio’ y hasta un ‘genocidio’. 

También ha sido imponente el teatro de variedades que se ha montado por el PP y Vox y los medios afines, con muchas lágrimas de cocodrilos y cocodrilas en celo,  sobre la falta de mascarillas, de protectores faciales, de guantes, de EPIs, de respiradores, de camas UCI… Por supuesto, de la misma forma, frívola y mendaz, se ha saltado a la yugular del Gobierno de la nación a cuenta de los precios, los engaños, o la compra directa saltándose trámites burocráticos de este material de emergencia. 

Primero, con absoluto ocultamiento de que todos los países han sido objeto de estas prácticas por intermediarios o industriales chinos, así como por sus compañías aéreas que han multiplicado por cinco el precio de los fletes. Segundo, que cuando las comunidades autónomas y hasta avispados empresarios compraban por su cuenta, fueron igualmente estafados. Como ha sucedido con los test, por ejemplo, que casi todos los países europeos han tenido que devolver, o intentarlo, por su mala calidad. Esto lo ha sufrido igualmente la Comunidad de Madrid… si bien se ha escondido gracias a una espesa cortina de humo que sólo dejaba ver los señuelos.

El problema, la clave del esperpento, es que el control de las residencias geriátricas corresponde a las comunidades autónomas, así como toda la política regional en materia de sanidad y salud pública. Si no hay UCIs bastantes, si no hay protectores faciales, mascarillas, batas, guantes, sábanas, toallas, papel higiénico, alcohol, empapadores, toallas, pañales, si no hay suficiente medicina preventiva, políticas  de sanidad medioambiental, prevención epidemiológica, preparación y protocolos para epidemias y pandemias, si no hay una integración entre pacientes crónicos y el sistema sanitario… todo eso, y mucho más, es una competencia exclusiva, y por lo tanto una responsabilidad de los gobiernos y parlamentos regionales. 

Como lo es poner al frente de estos servicios a personas cualificadas y no a cualquier correligionario al que de le deba un favor orgánico o lo pida un cuñado. Hay un fallo generalizado, que han detectado grandes expertos de indiscutible probidad en gestión y políticas de sanidad: el abandono tarambana e imprudente de la salud pública, porque la precaución y el evitar riesgos no tiene primeras piedras para salir en las fotos, vídeos que colgar en YouTube ni grandes edificios que meter en el circuito económico. El asunto no está solamente en construir más hospitales, sino en dotarlos de los servicios y el personal adecuado y de unos objetivos más acordes con las necesidades. El resultado de no hacerlo así es la situación actual.

Isabel Díaz Ayuso, aunque a veces lo parezca, no maneja una casita de muñecas, como Quim Torra no maneja una casita de muñecos. El descontrol de las residencias, la falta clamorosa y humillante de asistencia médica a los pacientes allí internados, la cruel comercialización de la vejez… todo eso son responsabilidades exclusivas de las autonomías. Nada tiene que ver el Gobierno de la nación, que sólo, excepto en los estados de alarma, excepción o sitio, asume funciones que no son suyas de ordinario y con carácter temporal. Y no hay colores en la culpa. Todos los partidos han mirado para otro lado alguna vez o todas, pero no todos los partidos han sido tan fulleros en igual medida como para echarle la culpa a sabiendas a quien no la tiene.

Tampoco el PP puede ocultar la responsabilidad de sus años al frente del Gobierno de España. La Estrategia Nacional de Seguridad de 2013 está firmada por Mariano Rajoy Brey. El mismo que se saltó el confinamiento, aunque una orquestada campaña de bulos de su parroquia intentó montar una realidad alternativa pero con una técnica fake que la señalaba: la de que no estaba en Madrid sino en Santa Pola.

Pues bien, la ESN-13 ya prevenía de futuras pandemias. Precisamente en ‘Las líneas de acción estratégicas’ se contemplaba, en sus puntos 7, 8 y 9, la “promoción de una cultura de prevención entre los ciudadanos, que incluirá conocimientos y actitudes de autoprotección, reforzando las capacidades de resiliencia ante emergencias súbitas e inesperadas”. “Adopción de planes de preparación y respuesta ante pandemias, bajo el principio de coordinación entre la Administración Central del Estado y las Comunidades Autónomas, y con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades de la UE”.

Pero en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, firmada también por Mariano Rajoy poco antes de su cese en la presidencia del Gobierno, aunque elaborada a lo largo de los años precedentes, se concretaba mucho más sobre las características precisas del ‘enemigo’ acechante. En el capítulo 4 se precisa todo lo relacionado con epidemias y pandemias. Tal es así que se citan las seis alertas sanitarias globales “todas ellas -se dice- con un importante impacto a nivel nacional: el Síndrome Respiratorio Agudo Grave, la gripe por virus A/H5NI, la pandemia de gripe por virus A/HINI, la nueva diseminación internacional del polivirus salvaje, la enfermedad por virus Ébola en África del Oeste y la infección  por virus Zika”.

Además, se alertaba sobre el impacto que estas pandemias podrían tener en el sector turístico y se reconocía que España (…) “no está exenta de amenazas y desafíos asociados a enfermedades infecciosas tanto naturales como intencionadas”.

Como dichos riesgos “no se pueden reducir por completo”, se recomendaba “además de reducir la vulnerabilidad de la población “desarrollar planes de preparación y respuesta ante amenazas y desafíos sanitarios, tanto genéricos como específicos, con una aproximación multisectorial que asegure una buena coordinación de todas las administraciones implicadas, tanto a nivel nacional como internacional”.

En el apartado de buenas intenciones (ya se sabe que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones) deberían haber estado incluidas las ‘logísticas’ que aseguraran la capacidad de contención de estas emergencias tan razonablemente previstas. Pero cuando llegó el lobo, desatado tras la aparición del coronavirus en la ciudad china de Wuhan, el Estado, a través de sus propios órganos, como el Ministerio de Sanidad, que ejerce labores de coordinación e información con las regiones, o el propio Sistema Nacional de Salud, troceado en diecisiete partes autonómicas, no disponían del material básico necesario.

Se contaba con un suministro suficiente de papel higiénico, eso es verdad, pero no se disponía de una reserva estratégica de mascarillas, protectores faciales, trajes EPI, respiradores, guantes… todo lo necesario para evitar el contagio de los propios sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad y de los grupos de riesgo y la población en general. ¿No conocía el SNS, uno de los mejores del mundo, las directivas de Seguridad Nacional? ¿No estaba al tanto de que este es el siglo nuevo de las pandemias? ¿O, a lo peor, las comunidades autónomas habían ido dañando la arquitectura del sistema arrinconando a la Salud Pública?

Grandes especialistas están de acuerdo en que no se le ha dado a la prevención la importancia que tiene.

Por otra parte, solo unos pocos pero grandes datos para reflejar la verdadera importancia de las comunidades autónomas en el ‘mapa sanitario’ español, y acabar con el cuento infantilista de que quien únicamente pinta de verdad y tiene toda la culpa de todo, sin mezcla de bien alguno, es el Gobierno central. Personal dependiente del ministerio: 6.202 trabajadores. Número de personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud dependiente de las autonomías: 574.337.

Quien no ha corrido tiempo ha tenido. Y más nos vale a todos que empiece el majo y limpio de incapaces y que espabilen todos los gobiernos, el nacional y los regionales. Porque los virus seguirán ahí, invisibles, acechando.