Así es la estrategia del Gobierno para frenar a los yihadistas

El Gobierno ha puesto en marcha un nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo para 2019-2022, con el foco puesto en los retornados, la radicalización en las cárceles y la financiación de la actividad terrorista y proselitista, sin olvidar la atención a las víctimas y la construcción de una narrativa propia para España.

Publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta estrategia, que fue aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 21 de enero de 2019 para sustituir a la que caducó en 2017, ha sido coordinada por el Ministerio del Interior a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Con la participación de varios ministerios, el dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha querido tener en cuenta en su diseño las aportaciones de un grupo de expertos del ámbito universitario, de la sociedad civil y de las víctimas del terrorismo.

"Nos enfrentamos con lo mejor a la peor amenaza para la libre convivencia ciudadana. Y lo hacemos con determinación, firmeza y mirando al futuro con esperanza", subraya Marlaska en el prólogo del documento, de 78 páginas.

Por primera vez se hace pública una estrategia antiterrorista, si bien el documento no recoge los aspectos más operativos que, por lógica, tienen que ser más reservados.

La radicalización, el extremismo violento, la captación y el adoctrinamiento con fines terroristas forman parte de las amenazas que han adquirido un mayor protagonismo.

Una amenaza que en España procede, en su mayor parte, de la actividad de actores solitarios y células auto-radicalizadas en nuestro propio territorio, como pudo comprobarse en este último caso en los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.

Pero el peligro también puede venir de los retornados de zonas de conflicto. Más de 230 españoles o residentes en España se desplazaron a Siria a Irak para unirse a grupos terroristas. Un 25% han fallecido en zonas de conflicto, pero se calcula que un 20% (más de 40 personas) han retornado.

Aunque no se sabe si todos ellos han vuelto a España o algunos se han quedado en Europa, las fuerzas de seguridad mantienen un control exhaustivo de los que tiene controlados, porque suponen un riesgo dado su entrenamiento en las zonas conflicto y su potencial como captadores.

De este modo, uno de los mayores retos es evitar que se conviertan en figura de referencia para los jóvenes mermando su capacidad de atracción y su poder reclutador.

Por tanto, se desarrollarán programas integrales específicos de tratamiento y seguimiento para los retornados, con especial atención a las perspectivas de género y edad.

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A Interior le preocupa especialmente la radicalización en las cárceles, por lo que la estrategia plantea darle una vuelta a los actuales planes para aumentar el número de reclusos que se apunten voluntariamente a los programas de desradicalización, ya que en el mejor de los casos la cifra no ha superado los 15.

En la actualidad, hay unos 140 presos condenados y preventivos por yihadismo, a los que hay que añadir unos 120 susceptibles de ser captados o con capacidad para captar.

Asimismo, la estrategia prevé acciones para asegurar una aplicación efectiva de las penas de libertad vigilada para penados por terrorismo que sean excarcelados.

Otra de las líneas de actuación está encaminada a cortar las vías de financiación del terrorismo y del extremismo violento, por lo que se potenciarán las unidades de investigación financiera de los organismos de seguridad e inteligencia y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

No descarta la estrategia modificaciones legislativas y se decanta por un marco normativo que garantice la figura del testigo protegido y la actividad del agente encubierto, especialmente en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento.

En suma, una estrategia basada en las 4 P: prevenir, proteger, perseguir y preparar la respuesta. Todo ello, con más medios personales y materiales, con la participación de la sociedad en su conjunto, con la colaboración internacional y con el consenso político.

Y en el centro de todo ello, las víctimas. "La consideración, respeto y protección integral de las víctimas debe mantenerse como un eje prioritario y referencia de la acción del Estado contra el terrorismo y el extremismo violento", resalta el texto.

La estrategia propone una continua actualización de los niveles de alerta con un sistema eficiente de selección de objetivos a proteger y la revisión de los sistemas de coordinación de información sobre éstos, especialmente el Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas.

La colaboración ciudadana seguirá siendo esencial. No es vano, gracias al programa Stop Radicalismos se han recibido casi 7.000 comunicaciones ciudadanas, de las que un 34 % tenían interés policial, hasta el punto de que se han abierto más de 150 investigaciones.

Con respecto al terrorismo autóctono, la nueva estrategia, que se evaluará anualmente, considera que no representa una amenaza relevante, pero se debe continuar con la investigación, con la defensa de la memoria de las víctimas y con "la transmisión de una narrativa que resalte la lucha de la democracia frente al terrorismo".