Argentina y la abolición de la clandestinidad
Todas las mujeres que paren no son madres y todas las madres no han parido a sus hijos.
Este martes 29 de diciembre de 2020 el Senado de Argentina votará la reforma para legalizar la Interrupción Legal del Embarazo hasta la semana 14, que ya aprobó hace pocas semanas el Congreso de la nación. No está de más insistir en los argumentos que tan brillantemente han defendido estos pasados días mujeres como Eleonora Lamm, Diana Maffía, Mariana Hellín o Marisa Herrera; no está de más aprovechar esta tribuna para recordar que la autonomía sobre los propios cuerpos está por encima de cualquier dogma o de cualquier ideología, que solo aquellas mujeres y otras personas con capacidad de gestar tienen que tener la plena potestad sobre sus propios cuerpos.
La negativa a legalizar la interrupción del embarazo en la semana 14 de gestación va en contra de todos los criterios de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, pero también, y sobre todo, va en contra de la libre decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo relegándolas a una minoría de edad perpetua, a una suerte de presunta enajenación permanente en la que sus decisiones son siempre fruto de planteamientos inestables y necesitados de tutela. Una vez más debemos recordar que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar son las únicas que pueden (y deben) decidir sobre lo que ocurre en sus cuerpos, que no son meros recipientes ni hornos gestantes, ni su rol es indefectible y naturalmente el de la procreación a toda costa y a cualquier precio, incluso obviando su voluntad.
No dejará de sorprenderme por qué la vida de la mujer se subordina a cualquier otro interés que parece que siempre está por encima en la jerarquía de valores de la libertad de la propia mujer o persona con capacidad de gestar. El Senado de Argentina tiene una oportunidad histórica para sumarse a la defensa de la dignidad de las mujeres y dejar de forzarlas al oscurantismo, al riesgo y al peligro. En sus manos está evitar miles de muertes de mujeres que, fruto de la clandestinidad, se someten a abortos de alto riesgo. En España, por ejemplo, desde que se aprobó la ley de plazos de Interrupción Voluntaria del Embarazo, han descendido el número de abortos practicados. El aborto libre y seguro es solo una pata más dentro de las políticas que un estado debe plantear en materia de salud sexual y reproductiva, pero es un paso necesario en la seguridad y en la vida de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.
Observen los datos de mujeres muertas y piensen si, pese a poder evitar esas muertes, están dispuestos a tolerar una más. Las convicciones morales tienen que quedar fuera de lo público: las leyes y las normativas deben garantizar espacios de seguridad y derechos para todas las personas, huyendo de planteamientos morales y privados. Gestionar lo público consiste precisamente en establecer marcos claros y respetuosos con los derechos de todos, todas y todes, apartando a veces las propias creencias y entendiendo que las decisiones que uno censura no tienen por qué coincidir con lo que censura o aprueba otra persona.
Dejemos de romantizar la gestación y la maternidad, y, sobre todo, dejemos de caricaturizar a la mujer como un cuerpo ajeno a su voluntad y a su propio destino: todas las mujeres que paren no son madres y todas las madres no han parido a sus hijos. Dejemos de colonizar el cuerpo y las decisiones de las mujeres en base a dogmas que nada resuelven y que no sirven para otra cosa que para impedir el libre desarrollo de la propia persona. Es tiempo de progreso y de garantizar derechos. Desde España confío en que Argentina se sume a los países que garantizan los derechos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, por la lucha de tantas mujeres valientes en Argentina y por la memoria de tantas mujeres muertas fruto de la clandestinidad. Por ellas, el Senado merece sancionar una ley justa. Será ley.
