Ante el avance de los derechos del colectivo LGTBI y de las personas trans, ni rodeos ni pasos atrás
Hay cuestiones en las que no cabe mirar a otro lado, ni hacer tacticismo electoral.
Quienes estamos comprometidos con la igualdad hemos seguido muy atentamente lo que conocemos del último anteproyecto de ley presentado. Después de meses de contradicciones y enfrentamientos entre los socios del Gobierno, finalmente la ley para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, incluida la igualdad real y efectiva de las personas trans, comienza su tramitación. Es un paso adelante y ojalá queden atrás, tras estos meses, los insultos y ataques a las personas trans, las acusaciones de que la defensa de sus derechos suponía conculcar los de las mujeres y las pretensiones de quienes trataban de alimentar una guerra entre el colectivo LGTBI y el movimiento feminista.
Desde Ciudadanos siempre hemos defendido la necesidad de avanzar en el reconocimiento y la protección de uno de los colectivos que sufren mayor discriminación, las personas LGTBI y, dentro de ellas, especialmente las personas trans. Estamos comprometidos con la igualdad, la libertad y los derechos -así reza nuestro lema para el Orgullo este año-, porque no nos olvidamos de que España necesita una ley garantista que proteja y dé derechos a las personas transexuales para que, en primer lugar, dejen de sufrir los prejuicio que aún existen sobre ellos, y también para que avancen en la libertad de poder decidir su propia identidad de género sentida, su realidad y, con ello, su propia existencia.
Prueba de ello es la Proposición de Ley Orgánica que registramos con este objeto el pasado mes de noviembre de 2020. Una necesidad más acuciante que nunca, si tenemos en cuenta los lamentables hechos ocurridos en Hungría y algunos de los discursos arcaicos que, por desgracia, se vierten en nuestro hemiciclo. Cs siempre ha defendido dar cumplimiento a las recomendaciones de la resolución 2048 del Consejo de Europa, a los objetivos de la Estrategia LGBTI 2020-2025 de la UE y a diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y, además, ya ha sido aprobado con anterioridad en otros países de nuestro entorno como Noruega, Malta, Portugal, Dinamarca, Bélgica y Luxemburgo, o del resto del mundo como Canadá o Argentina.
Como diputada, siempre he asumido que es mi responsabilidad dar respuesta a uno de los retos sociales a los que se enfrenta nuestra sociedad: defender la tolerancia y promover el respeto a la diversidad. En claro contraste con las palabras de quienes afirman que la identidad de género que experimentan las personas trans no es real, lo cierto es que, en España, en la actualidad, estas personas sufren una discriminación cotidiana con consecuencias muy duras y desde luego muy reales. El 85% de las personas trans están en paro. El 58% de alumnado trans ha sido víctima de acoso escolar, agresiones o vejaciones en la escuela. Una intolerancia que también sufre en general todo el colectivo LGTBI y que, de forma alarmante, ha empeorado en los últimos años. Según las estadísticas del Ministerio de Interior sobre delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, entre 2016 y 2019 los ataques homófobos en España no sólo no se redujeron, sino que aumentaron en un 5%. En algunas comunidades el repunte ha sido más acusado, como muestra el incremento del 15% en Cataluña o del 25% en la Comunidad Valenciana, según datos de los distintos observatorios autonómicos.
Como todas aquellas que tratan cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos, esta Ley debe regular realidades complejas y, por tanto, requiere que los diputados demos lo mejor de nosotros mismos para conseguir que la norma que salga de las Cortes sea lo más rigurosa y garantista posible. Es el momento de reconocer, de forma definitiva, que tener una orientación homosexual o bisexual o ser una identidad transgénero no es una enfermedad. Porque frente a todas las mentiras y cuentas de terror que proclaman aquellos que utilizan el término “igualdad” para excluir a quienes consideran diferentes, debemos reconocer que todos tenemos derecho a nuestra identidad y al libre desarrollo de nuestra personalidad, como consagra nuestra Constitución, y a que el sexo biológico con el que nacemos nunca y en ningún caso puede condicionar nuestra existencia, ni decirnos cómo tenemos que vivir o cómo nos tenemos que sentir. Las mujeres lo sabemos muy bien, porque si por algo lleva tiempo luchando el movimiento feminista, desde su propio origen, es por la emancipación respecto a nuestro propio género: ese derecho que implica que las niñas no están limitadas a ser sólo lo que la sociedad que construyeron sus antepasados querían que fuesen, sino que pueden llegar a ser cualquier cosa que se propongan. Porque el género, como el color de la piel, es sólo un atributo físico, pero que no determina quiénes somos, ni mucho menos quiénes queremos ser.
Desde Ciudadanos, es nuestro compromiso, vamos a tomarnos en serio el trabajo parlamentario para el desarrollo de una ley que, guardando similitudes con la que nosotros registramos, debe ser capaz de reunir las máximas garantías y consenso para lograr el valioso fin de conseguir la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI y en especial de las personas trans. Abogamos por que la norma prohíba con claridad las terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento dirigidas a modificar la orientación sexual o la identidad de género, lo mismo que las cirugías de reasignación de sexo no deseadas, con sanciones en caso de incumplimiento. También consideramos imprescindible que se defina un marco de protección y asistencia social integral para todas las personas que sean víctimas de violencia o discriminación por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, con medidas para atender situaciones de emergencia como las que viven las personas LGTBI que confiesan su condición y que se ven obligadas a abandonar su entorno familiar o social debido al rechazo, el acoso o el miedo a las represalias. De la misma forma que creemos que no se puede desaprovechar esta oportunidad para, bajo el mismo paraguas legal, ofrecer una respuesta a una violencia que sigue estando muy invisibilizada, como es la violencia intragénero que se da en el seno de relaciones afectivo-sexuales de personas LGTBI.
Lo haremos siendo conscientes de nuestra responsabilidad, pero también por convicción. Porque Ciudadanos es un partido liberal y, en coherencia con nuestros ideales, hemos defendido avances en derechos civiles y sociales tan importantes como la Ley de Eutanasia. Porque somos una formación que respeta la libertad individual de las personas para sentirse como quieran, vivir como quieran y amar a quien quieran. Nosotros siempre estaremos al lado de la libertad y de la igualdad de todas las personas: mujeres, trans, y todos aquellos que, por razón de su sexo, su orientación sexual, su identidad o expresión de género, sufran cualquier tipo de rechazo, discriminación o violencia. Y sobre todo, porque nosotros tenemos claro que hay cuestiones en las que no cabe mirar a otro lado, ni hacer tacticismo electoral, sino que hay que decir, alto y claro, “ni un paso atrás”. Y esta, sin duda, es una de ellas.