La Abogacía del Estado advierte de "riesgo de nulidad" si informa al Tribunal de Cuentas de los avales del procés
El letrado Rafael García Montey eleva una consulta a la Abogada General sobre la conveniencia de realizar el informe solicitado.
La Abogacía del Estado se ha pronunciado ante la petición, por parte del Tribunal de Cuentas, de un informe de los avales asegurados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para ex altos cargos del Govern. Lo ha hecho a través del abogado del Estado ante el organismo fiscal, Rafael García Monteys. El letrado considera que la realización del informe que se le ha encargado sobre la “suficiencia y legalidad” puede suponer un “riesgo de nulidad” del proceso en la causa de la promoción internacional del referéndum del 1-O y los gastos del Diplocat.
García Monteys señala que se plantea un “conflicto de intereses” por ser los Servicios Jurídicos del Estado parte en este procedimiento y advierte del peligro si se “rompe el equilibrio” entre las partes. En este sentido, el abogado del Estado ha elevado una consulta a la Abogada General, Consuelo Castro, sobre la conveniencia de realizar o no dicho encargo. García Monteys teme que su posición como parte en este “podría afectar directamente a la necesaria objetividad e imparcialidad que ha de regir la función consultiva”.
El principal factor que según García Monteys suscita dudas previas a la emisión del informe se corresponde con si “es posible ejercer la función consultiva en relación con cuestiones que se suscitan en procedimientos, en este caso no jurisdiccionales, en los que la Abogacía del Estado interviene como parte”. Es decir, el abogado del Estado ante dicho organismo se refiere a la decisión de la Abogacía de haber dejado el caso en manos del propio Tribunal de Cuentas.
Los antecedentes
La clave de este pronunciamiento se corresponde con la anterior implicación de la Abogacía de Estado en este conflicto, a través de la apertura de un expediente y su posterior retirada de la causa. El inicio del procedimiento se debió a un informe emitido por esta Abogacía del Estado en el que, como en el caso del emitido por el Ministerio Fiscal, se ponían de manifiesto una serie de hechos contenidos en un informe de fiscalización del Pleno del Tribunal de Cuentas “que por su contenido y efectos podrían constituir supuestos de responsabilidad contable”.
El pasado 27 de julio, la instructora del expediente abierto en el Tribunal de Cuentas contra 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña hizo pública una resolución en la que señalaba la existencia de indicios de ilegalidad en los avales presentados por la mayor parte de los afectados para afianzar los 5,4 millones de euros que se les reclaman, y que han sido asegurados con dinero del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, o ésta no se acepta, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.
El presidente de Omnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC Jordi Sánchez.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto al presidente de su partido, Oriol Junqueras, a las puertas de la cárcel de Lledoners.
La exconsellera Dolors Bassa a su salida del Centro Penitenciario de Puig de les Basses.
La exconsellera Dolors Bassa junto a los simpatizantes que se han congregado a las puertas de la prisión.
El exconseller Raül Romeva se dirige a los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners.
