54.777

En España, más de tres millones de personas jóvenes viven en riesgo de pobreza y/o riesgo de exclusión social, tal y como reflejan los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Sin embargo, a pesar de lo dramática de la cifra, solo 54.777 personas entre 15 y 35 años han sido beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, alcanzando, tan solo, a un 2% de la población joven española que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. 

El Ingreso Mínimo Vital, que nació como una herramienta diseñada para atajar la pobreza, no está llegando al colectivo más vulnerable, la juventud, que ha visto su situación agravada por la crisis económica ocasionada por la COVID19.

Desde que comenzó el debate sobre el diseño del IMV, el Consejo de la Juventud de España defendió la implementación de esta importante política pública para dar solución a la desigualdad estructural que padecen muchos colectivos en nuestro país. Así, el CJE celebró desde el primer día la aprobación de esta prestación, pero no podemos permanecer ajenos a los requisitos arbitrarios que se exige a las personas jóvenes más vulnerables. Una persona joven, aun cumpliendo los requisitos de renta exigibles para solicitar el IMV, tiene que demostrar haber vivido de manera emancipada al menos los últimos 3 años, mientras que para el resto de las personas adultas es suficiente con demostrar haber vivido de manera independiente durante los últimos 12 meses. La norma, por tanto, es más restrictiva con el colectivo que más riesgo de pobreza padece en nuestro país, según datos de EAPN. 

El CJE, en un primer momento, trabajó junto al Gobierno para introducir enmiendas en el Real Decreto que eliminaran los requisitos específicos que se exigían a las personas jóvenes. Sin embargo, las demandas de la juventud no fueron escuchadas y un año después de su puesta en marcha, la juventud sigue en una posición de discriminación en el acceso al IMV.

El CJE entendía que los requisitos arbitrarios a los que está sometida la juventud española para acceder al IMV vulneraban los derechos de las personas jóvenes y entraban en contradicción con el principio de igualdad de todas las personas. Es por ello que el CJE encargó un informe jurídico que concluye que los requisitos para el acceso al IMV a las personas jóvenes son discriminatorios e incurren de forma injustificada en una diferencia de trato al contemplar como edad mínima de solicitud los veintitrés años de edad, salvo casos excepcionales. También encuentra una vulneración de los derechos de la juventud los requisitos diferenciados para las personas menores de treinta años respecto al resto de personas adultas. Dicho documento sustenta lo que ya había alertado el Defensor del Pueblo en su informe “Actuaciones ante la pandemia de covid-19” sobre la necesidad de mejorar la herramienta para resolver estas situaciones discriminatorias. Las discriminaciones que recoge el Real Decreto son contrarias a la Constitución española y a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España. 

En definitiva, hay motivos socioeconómicos, pero también jurídicos, que exigen modificar el IMV para que sea accesible a las personas jóvenes, solo así se cumplirá con la máxima de no dejar a la juventud más vulnerable atrás. 

A pesar de la postura del Ministerio de Inclusión, el CJE ha seguido trabajando para modificar el Ingreso Mínimo Vital y revertir la situación de discriminación de la juventud que sufren en esta norma. Fruto de este trabajo y gracias a diferentes fuerzas parlamentarias, hemos logrado introducir varias enmiendas que mejoran la ley, garantizando la igualdad de las personas jóvenes respecto al conjunto de la población. Esperamos que los principales partidos políticos atiendan las necesidades de la juventud española y solucionen en el debate de la ley esta situación de discriminación.

Este debe ser el primer paso para atajar las preocupantes cifras de pobreza. Recordamos que según datos de EAPN, 1 de cada 3 jóvenes está en riesgo de pobreza o exclusión social. Sin embargo, es preciso tener una reflexión sosegada en clave de país, pues necesitamos resolver los problemas estructurales relacionados con la temporalidad y precariedad laboral que, si bien se han agudizado con la pandemia, llevamos varias décadas con ellos, con las peores cifras de paro a nivel europeo. Atender las asignaturas pendientes pasa también por afrontar las reformas que contribuyan a mejorar la calidad del empleo, el acceso a la vivienda o la educación. 

Es preciso aunar esfuerzos en un gran pacto intergeneracional por la juventud que nos permita tener proyecto de vida digna. El marco propicio para que los planes de recuperación se conviertan en una oportunidad para la conversión de nuestro modelo productivo, para la generación de empleo de calidad, para el fomento de la industria, la inversión en I+D o creación de empleo verde enfocado a la transición ecológica y justa. El momento es ahora, la juventud clama valentía política y actuaciones concretas.