25-N en Madrid, un largo camino por recorrer

En el libro Mujeres invisibles para la medicina la doctora Carme Valls aborda no solo el problema de la invisibilidad de las mujeres para la ciencia, sino que analiza ciertas implicaciones de la violencia contra las mujeres para categorizarla como un problema de salud pública. Una profundización que permite ir un paso más allá del ya reseñable avance que supusieron las leyes desde 2004, que consiguieron sacar del ámbito privado y las páginas de sucesos un problema que sufrían en silencio miles de mujeres.

Un problema de salud pública que Naciones Unidas califica de pandemia en la sombra y que, al calor de la crisis desatada por el COVID-19, está suponiendo un alarmante incremento de llamadas a los números de emergencia y asistencia. Además, durante el estado de alarma se produjo el mismo número de detenciones por violencia de género que las motivadas por saltarse las medidas del confinamiento. Del mismo modo, ONU Mujeres denuncia que se están desviando fondos ordinarios de lucha contra la violencia machista a necesidades extraordinarias provocadas por el virus.

Ante este escenario, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha optado por una triple estrategia: asegurar que todo marcha bien, obviar el problema e incluso llegar a negarlo. Todo al mismo tiempo. Como si no hubiera vidas en juego. Las tres cabezas -Ignacio Aguado, Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio- se han repartido los roles en una tragedia donde se les da aire a los agresores y salen perdiendo las mujeres de Madrid. Resulta difícil de entender su autocomplacencia, su negacionismo y su apatía ante un problema de esta magnitud. Y más conociendo los datos de su gestión.

El Gobierno de Ayuso destina un 50% menos de presupuesto que hace una década a prevenir la violencia machista y promover la igualdad entre hombres y mujeres, en los seis primeros meses recortó un 5% y ha dejado sin gastar en 2019 uno de cada cuatro euros previstos. Y detrás de esas cifras hay pérdidas y errores de difícil justificación: el plan de formación para trabajadores públicos ha desaparecido de un plumazo, igual que los equipos de guardia encargados del acompañamiento psicológico a las víctimas de violencia machista o la app para combatir el ciberacoso. ¿Se puede estar satisfecho del trabajo realizado cuando se han suprimido iniciativas tan interesantes y necesarias? Salvo quienes militan en el machismo y se resisten a dar nuevos pasos hacia la igualdad, ningún gobernante responsable puede calificar de éxito ni sacar pecho por su gestión.

Si el COVID-19 ha hecho visibles las costuras del sistema de residencias de mayores de la Comunidad de Madrid es porque se trata del modus operandi habitual del PP para los servicios públicos y las políticas sociales de la región. El modelo de subastar al peor postor el bienestar de las personas más vulnerables y que más cuidados necesitan no es novedoso. En el caso de la violencia de género también ocurre y tiene consecuencias tanto en el acompañamiento que reciben las mujeres víctimas como en las condiciones materiales y emocionales de las trabajadoras, que dan lo mejor de sí mismas pero no son capaces de abordar la ingente tarea que tienen a su cargo. Es impostergable el refuerzo de los servicios de emergencia, atención y seguimiento de las mujeres que acuden a ellos. Tenemos una deuda con ellas.

También se ha vuelto indispensable la mejora del servicio de incorporación laboral de las víctimas de violencia machista, cuya eficacia actual es más que discutible y con rendimientos del 50% en relación a hace un lustro. Igual que la actualización de las campañas de sensibilización y prevención, incorporando los aprendizajes de todos estos años, poniendo especial énfasis en los mensajes dirigidos a los hombres. Son muchas las tareas pendientes que no pueden dilatarse en el tiempo: desde la recuperación de lo eliminado por el actual Gobierno hasta la incorporación de contenidos curriculares sobre educación sexoafectiva en la escuela, pasando por la consolidación de una red para abordar la violencia sexual y la mejora de los protocolos de prevención en el ámbito laboral.

No pedimos milagros, sabemos que un gobierno no puede hacer que la violencia machista desaparezca de la noche a la mañana, pero sí se le puede exigir que se haga responsable de qué hace para prevenirla, qué respuesta da cuando ocurre, cuántos recursos pone para hacerle frente y qué papel le otorga en su escala de prioridades. El horizonte de mayor libertad, mayor seguridad y mayor bienestar que nos ofrece el feminismo requiere de gobiernos decididos que pongan en marcha los cambios necesarios para que las instituciones estén a la altura. Y, por desgracia, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, le queda mucho camino por recorrer.