Esto dice la ley sobre los 200.000 posibles afectados por el cierre de una empresa de luz en España
La compañía está buscando todas las soluciones posibles para poder evitar el final.
Holaluz, la comercializadora catalana de energía verde, se encuentra en una situación financiera un tanto complicada, tanto, que podría derivar en el cierre de la compañía. La empresa ha perdido 63.750 clientes en el último año y afronta un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por no cumplir con las obligaciones del sistema tarifario. Además, acumula una deuda de casi 60 millones.
El cierre de Holaluz, entre otras cuestiones, no solo se traduciría en la pérdida de uno de los competidores en el mercado libre de la energía en España, también podría derivar en la subida de precios para algunos clientes, especialmente para aquellos con contratos de más de 10 kW de potencia. Sin embargo, el impacto general debería ser limitado, ya que su cartera de clientes solo representa el 1% del total.
Para evitar el cierre definitivo de Holaluz, la compañía ha formalizado una operación de financiación por un importe de 4 millones (ya desembolsada) y negocia con el Institut Català de Finances (ICF), dependiente de la Generalitat, dos posibles alternativas de préstamo:
- Por un lado, un préstamo de 10 millones, otro de Avança de 3 millones, otroos convertibles de dos 'family offices' por 1,8 millones y Equity Line de hasta 7 millones.
- Por otro lado, un préstamo de ICF de 10 millones, un préstamo de Avança de 3 millones y préstamos convertibles por 7 millones con un inversor del sector y confía en que este años se produzcan "varios cambios regulatorios y de política favorables que impulsarán nuestro negocio solar".
¿Qué pasará con los clientes de Holaluz?
En caso de que Holaluz echase el cierre, los clientes pueden estar tranquilos en lo que respecta al suministro eléctrico. Según el Real Decreto 216/2014, aprobado el 28 de marzo de este año, en el que establece la metodología de cálculo de precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, la compañía está obligada a garantizarlo.
Sus clientes pasarían a tener contratada la Tarifa de Precio Voluntario para el Consumidor (PVPC), la tarifa regulada por el gobierno. Sin embargo, aquellos que tengan contratados más de 10 kW de potencia tendrían que pagar una penalización del 20% en su factura con la idea de incentivar el cambio a otra compañía eléctrica.
Si Holaluz, por otro lado, vende su cartera de clientes a otra empresa comercializadora, esta última debe mantener las condiciones del contrato inicial. Para realizar cualquier modificación de esas condiciones, deberá avisar con 30 días de antelación a los clientes.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que los clientes de Holaluz no deberían preocuparse por el momento. Sin embargo, la organización recomienda comparar ofertas y cambiar de compañía si encuentran una mejor opción.
Explicaciones de Holaluz, el 28 de junio
El consejo de administración de Holaluz ha acordado por unanimidad convocar junta general ordinaria el próximo 28 de junio que, además, deberá ratificar los nombramientos de Elena Gómez del Pozuelo y Edi Soler como consejeros independientes de la compañía de transición energética cuyo propósito en el mercado es descarbonizar la economía.
El consejo presentará además a los accionistas una auditoria sin salvedades y unos datos financieros "esperanzadores". En los últimos 12 meses, el resultado bruto de explotación (Ebitda) contable de la compañía ha alcanzado el 'break even' (equilibrio), con lo que remonta 23 millones de euros respecto al resultado registrado en el conjunto de 2023. En términos de Ebitda normalizado, la compañía ha pasado de 4,3 millones en 2023 a 24 millones de euros en los últimos 12 meses.
