Cómo bajar los precios sin matar la economía: un acercamiento a la opción de limitarlos

Ir al supermercado se ha convertido en una película de suspense, no se sabe cuánto pueden haber subido los precios, aunque lo que sí se tiene claro es que, probablemente, habrán aumentado. Hace un año, una lata de mejillones al natural de una conocida cadena de supermercados valía 1,05 euros; ahora 1,50, un 42,8% más. El paquete de 500 gramos de café hace unos meses costaba 2,75 euros, ahora 3,20. Y así igual con los yogures, el pan, la fruta, la verdura, la carne, las patatas...

Todo sube en la cesta de la compra y por ahora no hay respiro. El alza de los precios de los alimentos llegó al 15,4% en el mes de febrero, frente a la tasa interanual general, que subió hasta el 6,1%, dos décimas más que en enero en la que ya es el segundo incremento consecutivo tras seis meses a la baja. La bajada del IVA de los productos básicos, que entró en vigor el primer día de 2023, por ahora no parece haber surtido efecto.

Ante esta situación, desde el sector político más a la izquierda, encarnado en Unidas Podemos, las medidas propuestas pasan por intervenir el precio de los alimentos para imponer un control de precios o bonificar en un 14,4% una serie de productos básicos para contrarrestar el impacto inflacionario.

Pero surgen varias preguntas: ¿son estas medidas viables? ¿existen experiencias similares en otros países? y, sobre todo, ¿han tenido el efecto esperado? Los expertos consultados admiten que la medida puede ser una "tentación" y aunque puede estar movida por "buenas intenciones", la experiencia demuestra que no soluciona los problemas que trata de solucionar, y que incluso puede agravarlos.

Una medida regresiva y perjudicial

Establecer un control de precios es, para empezar, una medida "injusta", opina Mónica Melle, profesora de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, ya que afecta a todos los consumidores independientemente de su renta: "Ahora mismo lo que están diciendo todos los organismos es que hay que tomar medidas quirúrgicas focalizadas en las familias mas vulnerables".

A este respecto, Melle lo compara con la bajada del IVA, cuyos efectos aún no han supuesto una rebaja de los precios. "Esa actuación ha supuesto 5.000 millones menos de recaudación y al final la eficacia es cuestionable, porque hay familias que pueden pagar perfectamente el IVA del aceite o de la pasta y otras para las cuales el ahorro que supone es insignificante", opina Melle.

Con respecto a la limitación de precios, Melle sostiene que es una medida arriesgada, ya que al aplicarlas a mercados "muy competitivos", en los que existen muchas empresas, suele favorecer una bajada de la producción, desabastecimiento, la expansión del mercado negro y racionamiento de productos.

¿Pero cómo puede dañar el control de precios a la producción?  Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), ha escrito recientemente un artículo en el diario económico Cinco Días al respecto de limitar los precios. Este experto apunta a El HuffPost que la inflación actual se ha alimentado principalmente del aumento de los precios de la energía, que encarece los costes de producción.

Esa idea coincide con las conclusiones de un informe del Banco de España que analizaba la relación entre el aumento de los precios energéticos y la espiral inflacionaria. La institución económica concluye en el documento que existe un traslado del alza en el precio de los combustibles y la energía en los costes de producción de los productos.

Teniendo en cuenta el aumento de los costes, si se limitan los precios de venta, muchas empresas dejarán de producir esos productos porque directamente no serán rentables al reducir sus márgenes, ya que no todas obtienen los mismos. "Al controlar precios la oferta cae pero la demanda puede ser la misma o incluso aumentar, y entonces la tensión es mucho mas grande, la demanda no se satisface y se buscan otras alternativas en el mercado negro, donde normalmente puedes encontrar los productos pero a un precio muchísimo más elevado todavía", expone Hidalgo en conversación telefónica con este medio.

José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), tampoco cree que sea la mejor solución, y afirma que hace falta hacer un "diagnóstico" de la situación. "Si se dan las condiciones, debe haber una regulación de rentabilidades y un control de precios. Si no, no debe haberlo porque las consecuencias negativas son muy superiores a las positivas, que ni siquiera existen".

El profesor de universitario y doctor en Economía José Manuel Corrales, que también ha sido consultado por El HuffPost sobre el tema, sostiene que él es "excéptico", y que piensa que en una economía de mercado es una vía que "no funciona". Apuesta, en cambio, por otras maneras de "autoregulación" del propio mercado, en referencia al acuerdo al que han llegado los supermercados franceses con su Gobierno, "que poco tiene de socialdemócrata y mucho de liberal", puntualiza, para que pongan coto al margen de beneficios en algunos productos básicos para bajar los precios.

No todo son opiniones frontalmente opuestas a la medida. El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Carlos Ochando Claramunt, asegura que la situación actual sí puede "justificar una medida de este tipo": "Por lo menos, un mayor intento de vigilancia de precios y márgenes. Además del contexto actual de inflación, hay que tener en cuenta que en el mercado hay empresas que abusan del poder de mercado por la alta concentración en el sector".

¿Y por qué pudo hacerse con las mascarillas?

Uno de los argumentos que se han usado desde Unidas Podemos para ilustrar que el control de precios puede ser una medida efectiva es el que se impuso a las mascarillas al inicio de la pandemia. Por contra, los expertos consultados inciden en que este ejemplo es idóneo para explicar en qué casos sí es conveniente.

Cabe destacar, que este tipo de intervenciones del Estado son legales. Están recogidas en el artículo 13.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y regula que pueden darse bajo tres supuestos:

Son situaciones contempladas en un contexto "límite, como una guerra", cuenta Mónica Melle. En los primeros momentos de la pandemia, la oferta de las mascarillas se concentraba en muy pocas compañías, un mercado que Hidalgo define como "oligopolístico": "En ese momento sí tenía sentido, muy pocas empresas sacaban unos márgenes desorbitados, entonces se les impuso un límite que no les impidió seguir siendo rentables".

García Montalvo coincide con Melle e Hidalgo en que aquellos días era indispensable entrar en el mercado de las mascarillas, ya que el sistema de precios que tenían estaba completamente "distorsionado": "No había oferta nacional y entonces estábamos al albur del gran distribuidor que te ponía el precio que quería".

Salvando las distancias con este tipo de ejemplos, más quirúrgicos y puntuales, cuando los controles de precios han sido generalizados o han afectado a sectores competitivos, la experiencia demuestra que los resultados han sido muy limitados, cuando no contraproducentes. 

El ejemplo manido es Venezuela, sin embargo, también existen ejemplos en la cuna del neoliberalismo: Estados Unidos. En los años 70, la administración del republicano Richard Nixon llevó a cabo un control de precios para tratar de frenar la inflación. Pero, aunque al principio la situación se alivió momentáneamente, al poco tiempo la presión inflacionaria aumentó y como resultado se crearon más problemas de lo que se trataban de solucionar, según concluye el artículo de Lawrence S. Davidson, de la Universidad de Indiana.

La "absurda" comparación con el tope al gas

Otro de los argumentos de Unidas Podemos para proponer una intervención sobre el mercado alimentario, es el tope al gas que abarató el precio de la energía. Sin embargo, este criterio también choca con el de los expertos.

Pero Hidalgo es tajante a este respecto. "El tope al gas no es un control de precios, compararlo es absurdo", opina este experto, que ha estudiado los efectos de la denominada 'excepción ibérica' junto a otros colegas de ESADE Business School.

Esta medida, que el profesor defiende como "efectiva" en sus fines, se basa más en una "redefinición" del sistema que fija los costes en la producción eléctrica. Pero es eso, un precio de los costes, no un precio final. En el mercado mayorista de la electricidad, ese precio final lo dictaba el de la energía más cara, que era la que se producía con gas, por lo que a las renovables y la nuclear, aunque producen mucho más barato, se les pagaban sus megavatios muy por encima de lo que les costaba generarla.

¿Qué se hizo? "Se les dijo a las que producían barato: 'Se os va a pagar como si el gas costara X euros, eso es lo que vais a cobrar'", explica Hidalgo. Esto supone un ahorro para el consumidor final, al cual se le retiraba parte de ese ahorro para compensar a las productoras de ciclo combinado de gas (normalmente una parte reducida del monto total de megavatios). El consumidor, en todo caso, ahorra, y las renovables y la nuclear siguen ganando, aunque mucho menos que antes.

Por tanto, no es un control de precios, sino un control de costes dentro de un mercado que "siempre ha estado regulado", apunta García, de la UPF. "El sector del gas es el típico ejemplo que le doy a los estudiantes sobre qué es un sector regulado. Tiene escalas infinitas y no puede no regularse".

José Manuel Corrales, coincide en que el mercado energético no tiene nada que ver con el mercado alimentario: "Yo sinceramente creo que estas propuestas son muy bienintencionadas, pero el cementerio esta lleno de buenas intenciones".

Desde el partido morado, admiten que el mercado energético y el de los alimentos son completamente diferentes y que se mueven con parámetros distintos, y que el caso de las mascarillas fue particular. Apuntan a que lo usan como ejemplo para demostrar que muchas veces no se toman medidas por una cuestión de "voluntad política", ya que al principio, cuando se proponía el tope al gas, se encontraron con serias resistencias para sacarlo adelante.

La alternativa al control: bonificar un 14,4% el precio de los alimentos básicos

Desde Unidas Podemos no ocultan que desde el principio "intuían" que iba a ser una propuesta difícil de "digerir". Por eso, los de Ione Belarra tenían en mente alternativas como la de bonificar un 14,4% el precio de productos básicos como la carne, el pescado, los huevos o la leche que se descontaría al pasar por caja.

Sería una medida de la que podría beneficiarse "todo el mundo" independientemente de su renta. En este punto, desde UP admiten que no es completamente progresiva. Corrales opina que esta medida sí podría ser efectiva a la hora de combatir los efectos de la inflación sobre las personas más vulnerables, pero difiere en que esté al alcance de todas las rentas: "Es una cuestión de equidad y de justicia social".

Tanto Corrales como Ochando sostienen que tampoco puede obviarse que las empresas están obteniendo márgenes extraordinarios, y que hay que exigir un esfuerzo desde ese punto también. El Banco de España, desde la Central de Balances, confirma este aspecto en otro informe en el que concluye que los márgenes empresariales han crecido, al menos, hasta el tercer trimestre de 2022. En parte, el documento señala que sería gracias a la recuperación casi completa de la actividad económica tras la pandemia y al traslado del aumento de los costes de producción a los precios finales.

Ambos expertos coinciden también en que la solución a la situación actual de pérdida de poder adquisitivo de las familias no puede pasar sin que se revisen los salarios y se alcance un pacto de rentas que blinde o refuerce sus salarios frente a los vaivenes de la inflación. Corrales subraya que en este campo sería conveniente encontrar consensos entre todos los agentes sociales como los que se vieron durante la pandemia y con la reforma laboral.

Por otro lado, los impuesto también podrían contribuir a financiar ayudas a las familias. Melle, la economista de la Complutense, opina que debería elevarse la presión fiscal sobre las distribuidoras que estén obteniendo márgenes de beneficios extraordinarios, algo que Portugal ya ha implementado y que también proponen desde Unidas Podemos.

Lisboa ha creado un nuevo impuesto temporal para las grandes cadenas distribuidoras de productos que ya ha entrado en vigor, según el Diario de Noticias, uno de los principales rotativos lusos. Si las empresas tienen un beneficio superior al 20% en comparación con los que obtuvieron de media desde 2018, tendrán que abonar el nuevo tributo.

Además, para fomentar el consumo, Melle considera que podrían alargarse en el tiempo otras medidas que ya se han puesto en marcha. Como el cheque de 200 euros para familias con ingresos inferiores a los 27.000 euros, que puede pedirse hasta el 31 de marzo.

Esta medida sería más conveniente que las bonificaciones generales, coincide García Montalvo que, como Melle, afirma en que la coyuntura inflacionaria actual es "temporal": "En vez de dejar de recaudar miles de millones [con bonificaciones o eliminando el IVA], habría que coger ese dinero y extender cheques a las familias que más lo necesitan, y no medidas indiscriminadas que tienen un impacto menor entre los más vulnerables". Para Hidalgo, las propuestas más radicales sobre el control de precios nacen de una "ignorancia razonable": "La gente no tiene conciencia de cómo funciona el sistema de precios, no es al intuitivo".

"Las ayudas genéricas son muy populistas y a toda la gente le viene muy bien, pero yo creo que hay que apoyar a quienes peor lo están pasando. Sobre todo en algo como los productos de primera necesidad", opina Corrales.

Mejorar la vigilancia, la transparencia y la información sobre los márgenes y los precios es uno de los puntos en lo que coinciden tanto los expertos como UP. Lo primordial, en definitiva, es explorar fórmulas que auxilien a las familias a aguantar el tirón. Y alejarse lo máximo posible de los cantos de sirena que solo conducen al naufragio.