La urgencia de proteger el Océano, una creciente demanda social

El último informe del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) pone especial énfasis en los graves impactos del calentamiento global sobre los océanos. Hasta ahora, la comunidad científica había alertado, en particular, sobre la elevación del nivel del mar y las consiguientes consecuencias sobre la mayoría de la población mundial -que se concentra, precisamente, en las áreas costeras-; pero durante los últimos años ha aumentado la evidencia de otros procesos de degradación de los ecosistemas marinos, asociados al cambio climático -la acidificación de sus aguas, la pérdida de biodiversidad marina, la interacción del calentamiento del océano con fenómenos meteorológicos extremos...- lo que acentúa la urgencia de respuestas adecuadas.

El pasado 12 de febrero publiqué, en estas mismas páginas, un artículo titulado Gestionar los océanos, garantizar el futuro, con motivo del lanzamiento de la Comisión Océano Mundial, de la que formo parte. Durante estos meses, la Comisión ha venido integrando el avance del conocimiento científico en propuestas concretas de actuación para frenar la degradación de los océanos; y, sin ninguna duda, los miembros de esta Comisión compartimos la sensación de urgencia que transmite el último informe del IPCC.

Entre otras actividades, la Comisión encargó un estudio de opinión pública que se ha llevado a cabo en 13 países, de todos los continentes. El 74% de los encuestados considera imprescindible la existencia de alguna institución internacional que garantice adecuadamente la protección en las aguas de alta mar, -más allá de las aguas bajo jurisdicción nacional-, es decir, en las dos terceras partes del océano. Solo un 12% de los encuestados manifiestan una opinión contraria a este avance concreto en la gobernanza de los desafíos globales. Lo curioso es que el mismo estudio revela que la mayoría de la población cree que un 25% de alta mar está ya protegido por algún instrumento legal, cuando, en realidad, dicha protección apenas afecta al 1% de la misma. Ello refleja una convicción bastante generalizada sobre la supuesta capacidad de aplicación en el mar de herramientas de conservación de los ecosistemas, similares a las que se han desarrollado en tierra, mediante la declaración de espacios naturales protegidos (Parques Nacionales, Red Natura 2000, Reservas de la Biosfera...).

Lamentablemente, los océanos -más allá de las aguas nacionales- constituyen un espacio propicio para todo tipo de actividades depredadoras e incluso delictivas, a causa de su lejanía física y su consiguiente invisibilidad, y, sobre todo, a causa de la inexistencia de un enfoque integrado por parte de las diferentes agencias internacionales. Por ejemplo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos -establecida en virtud de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del mar- se ocupa, exclusivamente, de proteger el fondo del mar, estableciendo condiciones para su utilización...; dicha regulación, por lo tanto, no tiene en cuenta la conexión entre el fondo del mar y el resto del océano, ignorando así el conocimiento científico actualmente existente sobre la interdependencia entre ambos ámbitos.

Otras instituciones, -como la Organización Marítima Internacional-, regulan actividades específicas de gran importancia para la vida en los océanos, pero sólo desde un enfoque sectorial. Y, por supuesto, existen también las Organizaciones Regionales para la Ordenación Pesquera (RMFO en sus siglas inglesas), en las que se integran algunos países para gestionar sus recursos pesqueros conforme a criterios de sostenibilidad; pero, hasta la fecha, sus resultados han sido muy insuficientes. En cuanto a la Convencion de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, carece de instrumentos que obliguen a los Gobiernos a la conservación de la biodiversidad marina; y la UNESCO no ha llegado aun a declarar ningún área marina como Patrimonio de la Humanidad.

No es pues de extrañar que cualquier iniciativa para la proteccion de áreas en alta mar choque con la fragmentación de competencias entre las diferentes agencias internacionales, cuyos mandatos y prioridades, además, resultan a veces contradictorios.

Una de las propuestas de la Comisión Océano Mundial es precisamente la de promover una visión holística, integral, de los procesos que afectan al océano, como requisito imprescindible para implementar una gobernanza global y efectiva ante los desafíos actuales. Cabe subrayar la importancia de mantener el equilibrio ecológico de los espacios que albergan un porcentaje creciente de los alimentos necesarios para la población mundial, que se acerca rápidamente a los nueve mil millones de seres humanos.

De hecho, será imposible alcanzar el objetivo de erradicación del hambre si no se garantiza el mantenimiento y la calidad de los recursos pesqueros, actualmente en rápido declive. Cabe recordar que todos los ciudadanos del planeta, los que viven hoy y los que nacerán en el futuro, tienen idéntico derecho a la alimentación; y que, por el contrario, sigue aumentando la brecha entre quienes sucumben a la desnutrición y quienes consumen más alimentos de los necesarios. La seguridad alimentaria debe entenderse como condición básica para alcanzar una mayor equidad a escala global.

Siendo ministra de Medio Ambiente, tuve ocasión de impulsar la declaración de El Cachucho, la primera Área Marina Protegida de España, en cumplimiento del objetivo establecido por la Comisión Europea para extender al mar la denominada Red Natura 2000 -la red europea de espacios naturales protegidos, que incluye ya el 27% de nuestro territorio-.

El Cachucho es una gran montaña submarina, a 65km de la costa asturiana, que se eleva desde los casi cinco mil metros de profundidad del Golfo de Vizcaya, hasta los 425m de distancia entre su cumbre y la superficie del mar, por lo que su cara norte es una de las mayores pendientes del planeta. Su estructura rocosa permite el asentamiento de corales y esponjas, lo que favorece un hábitat de una extraordinaria riqueza -se han identificado más de 600 especies, entre las que se encuentran algunas muy singulares, como los calamares gigantes. En todo caso, la característica más interesante de El Cachucho es su condición de "zona de reproducción" -hábitat esencial- para un número muy elevado de especies, que allí se refugian en las épocas de puesta, gracias a la gran disponibilidad de alimentos y a una dinámica de las corrientes que facilita el transporte de las larvas hacia otras zonas adecuadas para su posterior desarrollo. Entre ellas, destacan especies comerciales como la merluza, la bacaladilla y el rape.

La protección de El Cachucho ha sido posible gracias a la participación activa de instancias sociales, cuyos respectivos intereses no siempre convergen. El Instituto Español de Oceanografía y numerosos expertos, nacionales y extranjeros, aportaron el conocimiento científico imprescindible; las organizaciones ecologistas WWF/Adena y Oceana incluyeron en 2006 el Cachucho en su propuesta de áreas marinas a proteger; a partir de ese momento, el Ministerio de Medio Ambiente se implicó a fondo para liderar el proceso de concertación social y administrativa, en estrecha cooperación con otros Ministerios y con el Principado de Asturias; y en 2007 el Parlamento aprobó la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la que se regula la figura de las Áreas Marinas Protegidas.

Sin embargo, todo ese esfuerzo no hubiera sido suficiente sin la colaboración, muy constructiva, de las Cofradías de Pescadores de Asturias. Su propia experiencia les hacía comprender muy bien lo que la ciencia afirmaba: que la proteccion de El Cachucho tendría consecuencias muy beneficiosas para el mantenimiento de su actividad económica, al garantizar, de forma estable, los ciclos biológicos de los recursos pesqueros.

Un proceso, pues, complejo y dilatado en el tiempo -el correspondiente Decreto se aprobó en noviembre de 2011, cinco años después del arranque del proyecto-, que me permite entender la dificultad específica para establecer mecanismos de protección de la biodiversidad marina, en el caso de las aguas de jurisdicción nacional. Sin duda, esa dificultad es muy superior si se trata de un área de alta mar, lo que explica el bajísimo porcentaje arriba señalado. La inexistencia de instancias públicas responsables de la correspondiente regulación y supervisión constituye el mayor obstáculo.

Y, por supuesto, mi experiencia como ministra de Medio Ambiente, me confirma -no solo en el caso de la proteccion de espacios naturales- la urgencia de desmontar el falso dilema entre economía y ecología. Sin la debida consideración hacia los equilibrios ambientales, la humanidad se enfrenta al coste económico creciente de la escasez de recursos naturales imprescindibles para la vida, asi como al coste derivado de las "catástrofes naturales" y de la contaminación.

En los próximos días se celebrara en Marsella el Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, organizado conjuntamente por el Gobierno francés y por la UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza). Se trata de una magnífica ocasión para compartir numerosas experiencias, algunas de ellas muy exitosas, así como para identificar las medidas necesarias para aumentar significativamente el porcentaje de los océanos objeto de protección.

A este Congreso seguirá, inmediatamente, una Conferencia Ministerial para la Conservación del Océano, que se celebrara en Ajaccio, y que permitirá contrastar el compromiso efectivo de 130 gobiernos frente al ambicioso objetivo de proteger un 10% de nuestros mares en el horizonte de 2020; un objetivo que, al ritmo actual, tardaría un siglo en ser alcanzado. En ambos eventos participaré como miembro de la Comision Océano Mundial, trasladando la exigencia de una gestión más sostenible de los océanos, respaldada por un número creciente de ciudadanos, cada vez mejor informados. Una gestión que, entre otros objetivos, sea capaz de contribuir, de manera eficiente, a la lucha contra el hambre.