Los obispos y Gallardón promueven leyes que atentan contra la vida
¡Otra vez!, Gallardón, el Partido Popular y los obispos coinciden en el propósito de limitar el acceso a recursos sanitarios seguros como estrategia de control de la sexualidad y la reproducción de las mujeres... y parece que tienen la intención de imponer una ley retrógrada, aun a riesgo de criminalizarlas o atentar contra su vida.
Las declaraciones de los obispos españoles contra Naciones Unidas no son nuevas. Sus lobbys trabajan -desde hace años- contra las políticas de igualdad en todos los ámbitos de Naciones Unidas.
Ellos pretenden tener control sobre la vida de las personas y por tanto cuestionan los derechos que en esa materia reconoce el organismo internacional.
La piedra angular de los derechos reproductivos la expone la Convención CEDAW -uno de los organismos más duramente atacados por el Vaticano- cuando indica en su Artículo 16 (e) que "los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para garantizar los derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos".
A los obispos les inquieta que ONU en sus declaraciones indique que "un Estado que no garantiza y no asegura el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva y educación, atenta contra la vida". Esto lo saben bien las 70.000 mujeres que al año mueren por abortos clandestinos y lo conocieron las españolas antes de 1985.
Aquella realidad se puso de manifiesto en las jornadas parlamentarias celebradas recientemente en el Congreso de los Diputados, cuando se mostraron datos del sociólogo Ibáñez y García Velasco que indicaban que en España, en la década de los 70, cuando el aborto era ilegal "se producían aproximadamente, 100.000 abortos clandestinos anuales" y que "los efectos más graves derivados de la clandestinidad eran las muertes de 200-400 mujeres al año, según datos del Tribunal Supremo de Justicia". No menos inquietantes parecen otras consecuencias de los abortos inseguros en aquellos años como, por ejemplo, los elevados índices de infecciones graves del tracto genitourinario.
Pero todo esto, no les ocurría a todas. El daño estaba focalizado y afectaba fundamentalmente a las mujeres con menos recursos económicos. Las pudientes recurrieron a un éxodo mal llamado "turismo abortivo". Así descubrimos las españolas la Europa con legislaciones más permisivas.
Ahora, ¡otra vez!, Gallardón, el Partido Popular y los obispos coinciden en el propósito de limitar el acceso a recursos sanitarios seguros como estrategia de control de la sexualidad y la reproducción de las mujeres... y parece que tienen la intención de imponer una ley retrógrada, aun a riesgo de criminalizarlas o atentar contra su vida.
